ONGs de Canadá y Estados Unidos comenzaron una campaña contra el Acuerdo Multilateral de Inversión, que están negociando en París los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Por Roberto Bissio

Con una conferencia de prensa en Ottawa y una campaña de recolección de firmas para una carta dirigida a los congresistas de Estados Unidos expresando su oposición a la "vía rápida", organizaciones no gubernamentales (ONG) de Canadá y Estados Unidos comenzaron un movimiento en contra del Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI), que actualmente están negociando en París los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En otra conferencia de prensa celebrada en París el 28 de octubre, unas 50 ONG de 26 países criticaron la falta de transparencia de estas negociaciones y exigieron una evaluación independiente del impacto social y ambiental del AMI antes de continuar las negociaciones.

El secretario general de la OCDE, Thompson, dijo a las ONG durante una de las reuniones de consulta que el AMI, un hito del proceso de globalización, favorecería un proceso que conduciría a "la eliminación de la pobreza, la miseria y las enfermedades en todo el mundo en los próximos 20 años". Sin embargo, ni la OCDE ni los gobiernos miembros pudieron dar pruebas de una predicción tan optimista y, consultados por la prensa, los negociadores insistieron en que "creen" que esto es lo que sucederá, y que es lo que les dice su "instinto".

Un representante de una ONG africana manifestó a los gobiernos que se habían hecho afirmaciones similares cuando comenzó a aplicarse el ajuste estructural en el continente, o cuando terminó la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, pero el resultado es que ahora los africanos están más pobres que antes.

El AMI quedará abierto para su firma por los países en desarrollo una vez que esté terminado, y por lo menos cinco países que no son miembros de la OCDE han expresado su interés y están autorizados a participar en las negociaciones en calidad de observadores: Argentina, Brasil, Chile, Eslovenia y Hong Kong.

Las ONG dedicadas a temas de desarrollo que siguen las negociaciones que se están llevando a cabo entre Europa y los estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) por un Convenio de Lomé renovado, se reunieron la semana pasada en Kampala, Uganda, e informaron que los países del ACP están recibiendo presiones para aceptar el AMI como parte del nuevo acuerdo.

Sin embargo, durante las consultas en París, ante la pregunta de si los países asiáticos miembros de la OCDE habrían estado en condiciones de integrar ese selecto club de países desarrollados si hace 30 años se hubieran aplicado las normas del AMI, un representante oficial asiático manifestó: "no, nunca nos hubiéramos industrializado con esas normas, y el AMI no está pensado para los países pobres sino sólo para los que han alcanzado cierto estadio de desarrollo".

No obstante, un documento distribuido por el grupo de presión comercial en la OCDE afirmó que el objetivo es lograr que "varios países no miembros firmen el acuerdo". Con respecto a la lógica de negociar un tratado a puertas cerradas entre 28 países para que otra docena de países les firmen su carta, los negociadores expresaron que escogieron ese enfoque para tener un acuerdo de "alta calidad". La afirmación de un delegado gubernamental europeo de que "varios países en desarrollo simplemente no pueden resolver o siquiera entender las normas de los cientos de acuerdos bilaterales sobre inversión existentes" fue considerada ofensiva por las ONG del Sur.

Los negociadores explicaron a las ONG sus esfuerzos por iniciar un enfoque "desde arriba hacia abajo" de la liberalización, a diferencia del método "desde abajo hacia arriba" del GATT y la OMC. Si bien en estos últimos las discusiones sobre la rebaja de aranceles y otros obstáculos al comercio se dan de manera gradual, producto por producto o sector por sector, y los países hacen "ofertas" de liberalización concretas, el AMI afecta todos los ámbitos de la economía y define la inversión de manera muy amplia. Cualquier exoneración deberá ser incluida por los gobiernos firmantes como "reserva" y todavía no se ha acordado ninguna disposición que permita a un país agregar reservas adicionales después de haber firmado. Los países no podrán retirarse del acuerdo antes de transcurridos cinco años a partir de su firma, y todos los compromisos realizados en el marco del mismo durarán por lo menos 15 años.

Las ONG que participaron del proceso de consultas con la OCDE repudiaron con firmeza el mecanismo de arbitraje ofrecido por el AMI -que permite a las empresas demandar a los gobiernos en un tribunal internacional vinculante- así como las normas de "expropiación", que podrían hacer que un gobierno tuviera que pagar compensaciones a empresas que todavía no se han establecido.