A pesar del optimismo por el crecimiento económico, más de 200 millones de latinoamericanos viven en condiciones de pobreza, las desigualdades sociales se mantienen y son crecientes los problemas de empleo. Antes que consecuencias secundarias, estas dificultades son una parte integral de las nuevas estrategias de desarrollo volcadas a la exportación de recursos naturales. En este artículo se presentan algunos puntos destacados del diagnóstico de la pobreza que realiza CEPAL, para luego analizar el vínculo de ese problema con la nueva estrategia de desarrollo en América Latina.

Por Eduardo Gudynas

En los últimos meses ha vuelto ha cobrar vigor la polémica sobre la extensión de la pobreza en América Latina. Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial, junto a muchos economistas y políticos, han dado la bienvenida al crecimiento económico de la región, aunque admiten que la pobreza es un problema creciente. Actualmente es posible avanzar en este análisis dada la publicación de varios reportes, entre los que se destacan los presentados por CEPAL: "Panorama Social de América Latina" (1997a) y "La brecha de la equidad" (1997b).

Estos y otros documentos recientes brindan una buena oportunidad para revisar las grandes tendencias del desarrollo de la región, y ensayar algunos comentarios que muevan a la reflexión. A pesar del tono optimista de esos documentos, en especial por haberse logrado la estabilidad económica y un ritmo de crecimiento moderado, brindan información más que suficiente para reconocer una creciente inestabilidad social que requiere mayor atención.

La extensión de la pobreza

CEPAL considera que las tasas de crecimiento han sido moderadas (del orden del tres por ciento entre 1990 y 1996), y advierte que son inferiores al promedio de más de tres décadas (5,5 por ciento de 1945 a 1980). Los niveles de pobreza tuvieron una leve mejoría en los últimos años: 39 por ciento de hogares son calificados como pobres en 1994, frente al 41 por ciento de 1990 (Tabla 1).

Esta mejora no fue suficiente para remontar el deterioro de la década de 1980, donde la pobreza trepó del 35n por ciento al 41 por ciento de los hogares. Más allá de los porcentajes, la situación actual muestra que el número absoluto de pobres no ha dejado de crecer y hoy es más elevado que nunca: 210 millones de latinoamericanos. Dentro de los hogares pobres, la indigencia sufrió una reducción modesta del uno por ciento, pero también sigue siendo mayor al nivel de 1980 (Tabla 1).

Si se analiza la situación de cada país el cuadro es mucho más heterogéneo. Sólo dos poseen niveles por debajo del 15 por ciento de hogares pobres: Argentina y Uruguay. Chile, Costa Rica y Panamá registran del 15 al 30 por ciento, mientras que Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela poseen del 31 al 50 por ciento de hogares pobres, y finalmente Bolivia y Honduras superan el 50 por ciento.

Para el período de 1990 a 1996 que considera CEPAL, ocho países entre 12 lograron reducir sus niveles de pobreza (Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Brasil, Perú y Bolivia), pero si la referencia es 1980, son sólo cuatro los que la redujeron (Brasil, Chile, Panamá y Uruguay). Los porcentajes más altos en la disminución de hogares por debajo de la línea de pobreza se registraron en Uruguay, Argentina y Chile. La tendencia a la mejoría observada a principios de los años 90 sufrió un traspié con la crisis económico-financiera de 1995, donde por ejemplo Argentina, Perú, y Honduras mostraron aumentos en los niveles de pobreza.

Las reducciones se lograron sobre todo en las zonas urbanas, donde bajó del 36 al 34 por ciento, mientras que en el medio rural los logros fueron muy modestos (sólo un punto porcentual), donde todavía se observan niveles muy altos. Si bien el número absoluto de pobres es mayor en las ciudades, la proporción es más alta en el campo.

La pobreza urbana

La pobreza urbana estaría determinada, según CEPAL, por varios factores. Entre ellos se destacan una limitada educación (en el 37 por ciento de los hogares), el desempleo de uno o más miembros (16 por ciento), la carga impuesta por un alto número de menores (10 por ciento) y el resultante de la combinación entre los déficits en educación y un elevado número de niños (29 por ciento).

Existen diferencias importantes en cómo operan esos factores. Mientras que en varios países se cae en la pobreza con más de un desempleado por núcleo familiar, en otros, como Panamá, Uruguay, Venezuela y en especial Argentina, hay una alta incidencia de hogares pobres con sólo una persona desocupada.

El desempleo es un factor clave para explicar la caída en la pobreza, pero aún teniendo un trabajo ello no asegura librarse de esa condición. En efecto, CEPAL advierte que en más de la mitad de los países, del 30 al 50 por ciento de los asalariados en el sector privado viven en hogares pobres. En algunos casos la incidencia de la pobreza entre ellos es mayor que la observada en los empleados en el sector informal.

La pobreza rural

Países como Guatemala y Honduras poseen una altísima incidencia de pobreza rural, con más del 66 por ciento de los hogares debajo de la línea de pobreza. Con una incidencia entre 34 y 66 por ciento están Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú y Venezuela.

La pobreza rural también depende de un conjunto heterogéneo de factores, y CEPAL cita entre ellos la propiedad de la tierra, alta fecundidad, bajos niveles educativos y altas tasas de analfabetismo, ausencia de servicios, impactos por deterioro ambiental que reducen la base productiva, etc. La mayor incidencia se da entre trabajadores por cuenta propia y especialmente entre los pueblos indígenas.

No debe olvidarse que en el campo tiene lugar buena parte de la reforma productiva de los países de la región. Se levantan protecciones, la competencia se extiende (se compite dentro del país y entre países), avanza la industrialización agropecuaria de tipo empresarial, pero se reducen los puestos de trabajo, la agricultura de autoconsumo disminuye, etc.

Ante esta situación, la propia CEPAL alerta que los campesinos "más desprovistos de acceso a recursos físicos, financieros y conocimiento tenderán a adoptar estrategias que combinen una agricultura de autosubsistencia alimentaria con empleo en la agricultura comercial y en actividades no agrícolas en las áreas rurales y también urbanas" (CEPAL, 1997b).

Distribución del ingreso

En América Latina y el Caribe persisten altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. La bonanza económica de la primera mitad de los 90 no logró mejorar la equidad, ni siquiera volver a los niveles observados antes de la década del 80. Si se compara la proporción del ingreso que obtienen el 10 por ciento de los hogares más ricos, con aquella que recibe el 40 por ciento más pobre, son evidentes las asimetrías que se observan en la región (Tabla 2).

Un elevado crecimiento económico no significó una reducción de la desigualdad. Entre los cinco países con altas tasas de crecimiento (mayor al cinco por ciento) la concentración de la riqueza igualmente aumentó en Costa Rica, y sobre todo en Argentina; se mantuvieron los niveles de desigualdad en Chile y Panamá, y sólo en Uruguay se mejoró (Tabla 2). Colombia posee un alto nivel de desigualdad, mientras países como México o Brasil lograron muy pequeñas mejoras en su elevada inequidad.

Si se considera la desigualdad a partir del Indice de Gini (1), el más alto nivel en 1994 se detecta en Colombia (0.51), seguida por Chile, Honduras, Panamá, Argentina, Bolivia, Paraguay y México, todos con valores de 0.40 o mayores (no se disponen de datos de Brasil para esa fecha, pero si se toman los valores de 1992, compartiría el primer lugar con Colombia).

Es importante comentar la situación en tres países. Tanto Argentina como Chile son presentados como ejemplos de elevados ritmos de crecimiento económico y profundas reformas estructurales. En el primer país, las altas tasas de crecimiento (del orden del siete por ciento), coincidieron con que el 10 por ciento de los hogares más ricos aumentaron su apropiación del ingreso. En Chile, la propia CEPAL advierte que allí viene disminuyendo "ligera pero persistentemente" la participación no sólo del 10 por ciento de los hogares más pobres, sino del 25 por ciento, sin que deje de aumentar en forma constante la riqueza que obtiene el 10 por ciento de los hogares más ricos (CEPAL, 1997b).

En el otro extremo se encuentra Uruguay, donde los niveles de desigualdad son muy bajos para la escala latinoamericana y similares a los observados en algunos países industrializados. Ese país mantiene además una tendencia continua de mejoramiento, donde la participación de los más ricos se reduce de 32,4 por ciento a mediados de los 80, a 25,4 en 1994.

Empleos precarios y desocupación

Los niveles de desempleo en la región están próximos al ocho por ciento, la demanda laboral crece poco y lo hace especialmente en puestos de baja calificación, reducida productividad, y por lo tanto reciben malos sueldos. Los salarios se mantienen estancados o bajan.(Tabla 3).

Aquí también CEPAL admite que el ritmo de crecimiento de la región ha tenido un impacto débil sobre la oferta de empleo. En los sectores no agropecuarios, el empleo creció menos que el aumento de la población económicamente activa, de donde el desempleo aumentó del 5,7 por ciento en 1990 a un promedio de 7,7 por ciento en 1996, afectando en especial a los jóvenes y las mujeres. Las mayores tasas se dan en los países del Caribe (15 a 21 por ciento), seguidos por Argentina, Panamá y República Dominicana (con más del 15 por ciento). Los niveles más bajos se registraron en Brasil y Bolivia con el cinco por ciento. El promedio de la productividad laboral está estancado o es negativo. (Tabla 3).

Es importante observar que la mayor parte de los nuevos empleos son el sector informal, alcanzando un 84 por ciento de los puestos generados entre 1990 y 1995, lo que representa la enorme cifra de 13,6 millones. Por su parte, el sector formal y modernizado de empleo generó para ese mismo período sólo 2,5 millones de puestos.

Otros datos confirman la importancia de la informalidad: el 56 por ciento de los empleados trabajan en ese sector pero obtienen en promedio un ingreso que ronda la mitad del que se obtiene en el sector formal. La mayoría lo hace en microempresas, son trabajadores por cuenta propia o en el servicio doméstico. El mayor aumento del empleo informal se observó en Venezuela (ocho por ciento), y le siguen Paraguay, Panamá, Honduras, Ecuador, Costa Rica y Bolivia. El menor incremento ocurrió en Uruguay (2,3 por ciento), seguido por Colombia y Argentina.

En cuanto al salario promedio, es inferior al de 1980 (en 1994 fue cinco por ciento menor al de 1980). El salario mínimo real en 13 países en 1995 fue inferior al de 1980. Además existe una gran brecha en los salarios de acuerdo a la calificación de los trabajadores.

Sorprendentemente, a pesar de información de este tipo, CEPAL sostiene igualmente que la situación del empleo mejoró en los países que lograron ritmos de crecimiento altos.

Desintegración social

En una situación de creciente desigualdad en el acceso a la riqueza, desempleo y pobreza extendida, no puede sorprender que la integración dentro de las sociedades latinoamericanas se esté resquebrajando. CEPAL alerta en especial contra la "consolidación de escenarios de 'pobreza dura', la discriminación étnica, la segregación residencial, la proliferación de sistemas privados de vigilancia urbana y el incremento en la violencia de las ciudades".

Los mayores problemas se enfrentan con la llamada "pobreza dura", con marginación y exclusión, baja autoestima, reducidas expectativas de mejoría en el futuro y comportamientos que oscilan entre la anomia y violencia, en especial entre jóvenes, mientras que en otros, en particular los más viejos, se cae en el abatimiento. Las expectativas de los más jóvenes quedan moldeadas por aspiraciones y comportamientos que distan mucho de sus posibilidades reales de concretarse. Los medios masivos de comunicación contribuyen a moldear esas aspiraciones; CEPAL recuerda que Brasil posee el mayor número absoluto de pobres y la distribución más desigual del ingreso, pero también contaba con 213 aparatos de televisión por cada mil habitantes en 1990, un índice típico de un país industrializado.

La situación es particularmente crítica en el ámbito de la familia, por la desarticulación, violencia o falta de contención y guía a los hijos. Una de las consecuencias más negativas es el aumento de la violencia urbana, donde las tasas de criminalidad han aumentado en varias ciudades.

Esta situación corta a toda la sociedad, y no sólo involucra a los sectores más empobrecidos. En efecto, CEPAL señala que en diversas encuestas de opinión una alta proporción de la población dentro de cada país considera que la riqueza está muy mal distribuida. La clásica "clase media" se está desvaneciendo bajo el aumento de la desigualdad. Se disparan nuevos cambios, como el aumento de la seguridad privada, los barrios enrejados y vigilados que acentúan las exclusiones, la retracción del uso de espacio públicos, la concentración consumista en centros comerciales, etc. Se expande un sentimiento generalizado de desconfianza hacia el sistema político y judicial, y finalmente, hacia todo el entramado social.

Frente a la extensión de la pobreza desde el actual proceso de reformas estructurales, los gobiernos han intentado combatirla apelando a "fondos de inversión social". Por lo general corresponden a pequeñas unidades administrativas, usualmente dependientes directamente de la presidencia de cada país, y con enormes fondos obtenidos de la ayuda extranjera, en especial el Banco Mundial o el BID.

Los datos de los informes de CEPAL muestran que bajo esos empujes aumentó el gasto social; el promedio de la región se elevó de 189,6 dólares por persona en 1990, a 241,7 en 1995 (en dólares de 1987). Los aumentos más importantes ocurrieron en Argentina, México, Panamá y Uruguay. En el otro extremo, en Nicaragua se registró una reducción en el gasto social. En algunos países ese gasto logró superar los niveles de 1980 (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Uruguay).

Considerando el gasto social total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), Uruguay mostró la mayor asignación (23,6 por ciento) mientras Guatemala contó con la menor (3,7 por ciento); el promedio regional es del 12,2 por ciento, de donde por lo menos nueve países están por debajo y sólo seis por arriba.

Para comparar estas asignaciones en un contexto internacional es necesario recordar que los países industrializados con gasto social medio, le dedican un promedio de 16,4 por ciento del PIB (Estados Unidos, Reino Unido, etc.), que en dólares per capita representa unos 3 600; en los países de gasto social alto, esa proporción alcanza el 31,2% del PIB. En América Latina, el promedio de los siete países con gasto social alto es del 17,2 por ciento del PIB, pero eso apenas representa unos 425 dólares per capita; los países con gasto bajo promedian 5,9 por ciento de su PIB, lo que corresponden a unos exiguos 54 dólares.

Optimismo exagerado

CEPAL, como los bancos multilaterales, economistas y políticos tradicionales, expresan con optimismo que América Latina va por buen camino, aunque reconocen que se enfrentan serios problemas sociales. Para resolverlos las medidas apuntan no sólo a seguir en la senda del crecimiento económico (y las medidas que eso impone, especialmente de manejo macroeconómico), sino también a acentuar las reformas en algunas áreas o modificarlas en otras.

Sin embargo, esta estrategia de desarrollo continúa excluyendo amplios sectores de la población, con elevados índices de pobreza y desigualdad.

La propia CEPAL reconoce que los resultados han sido buenos para lograr la estabilidad económica, pero "insatisfactorios en cuanto a crecimiento y equidad", con políticas sociales de "capacidad insuficiente y una eficacia limitada" (CEPAL, 1997b). Si bien es una buena cosa de que se reconozca que hay problemas sociales en la región, llama la atención que ese problema se lo trate en forma casi desvinculada a la estrategia de desarrollo actual. Es paradójico que se logre la estabilidad económica pero se mantenga la inestabilidad social.

Ese optimismo es exagerado dada la enorme cifra de personas pobres e indigentes, y las condiciones bajo las que viven, las que debe recordarse que son pésimas, con una mala alimentación, reducida cobertura sanitaria, viviendas precarias y limitadas opciones de educación.

Se está ante una situación paradójica, donde los indicadores tradicionales económicos mejoran, pero los síntomas sociales empeoran. De alguna manera se hace evidente que los actuales indicadores del progreso social y económico poseen límites. El caso de Uruguay es un ejemplo, ya que en ese país los indicadores tradicionales muestran excelentes niveles (baja desigualdad y alta asignación del gasto social), y el gobierno repite como síntomas positivos el aumento en la venta de automóviles nuevos, el incremento del consumo de productos suntuarios o el acceso a los teléfonos. A pesar de todo ello, la sensación de las personas es de limitaciones y dificultades, en especial económicas. Esa sensación llegó a tal extremo que en 1997 tuvieron lugar varias protestas públicas en distintas ciudades con la participación de un significativo número de comerciantes, pequeños empresarios y vecinos. Se acuñó así una imagen basada en las diferencias entre la temperatura y la sensación térmica: los indicadores económicos serían los termómetros que muestran "una" realidad pero la "sensación térmica ciudadana" era otra muy distinta.

Esta situación no refleja una excentricidad uruguaya, sino que adelantó problemas que ya se insinúan en otros países, donde a pesar de los avances económicos, el descontento ciudadano progresa y se extiende el desinterés por la política. En ese sentido, es necesario analizar si el reciente fenómeno de desinterés electoral en Chile no es otro síntoma del mismo problema. Allí, ante las elecciones de diciembre de 1997, 1.300 000 personas, la mayoría de ellos jóvenes, no se inscribieron para votar.

Es obvio que las metas materiales del desarrollo, y sus indicadores numéricos, como el ingreso promedio de un hogar o el PIB de una nación, muestran progresivas limitaciones para reflejar las condiciones de las personas, sus aspiraciones y el nivel de satisfacción de sus necesidades.

Las estrategias de desarrollo actuales están sirviendo a los indicadores económicos pero no a la calidad de vida de las personas.

Frente a este tipo de situación, Pierre Rosanvallon alerta sobre el "sentimiento difuso de desconocimiento social que atraviesa a nuestras sociedades", y agrega que a pesar de la profusión de estadísticas parecería que se descifrara cada vez menos el entorno social. El investigador francés admite que se dispone de una cantidad creciente de información sobre cada individuo pero la sociedad resulta menos legible en su globalidad, y agrega: "¿Cómo explicar esta paradoja: una sociedad más opaca que va a la par con una abundancia siempre creciente de estadísticas? La respuesta es simple: los aparatos de conocimiento estadístico (...) están globalmente desfasados de la realidad". En efecto, gran parte de ese aparato fue diseñado para sociedades compartimentadas, jerárquicas y lentas, y ya no logran captar la dinámica y estructura contemporánea. La satisfacción de las personas se mueve en otros planos que no necesariamente contemplan los indicadores tradicionales y, por lo tanto, se requiere no sólo un esfuerzo en diseñar nuevas estadísticas sino en comprender la nueva dinámica social.

Nueva estrategia de desarrollo

La actual de la extensión de la pobreza se da en el marco de una nueva estrategia de desarrollo. La opción hacia adentro ha quedado atrás, y los países latinoamericanos se vuelcan al exterior. Esta opción posee una particularidad que muchas veces es pasada por alto: se basa en un alto ritmo de extracción de recursos naturales. En efecto, la propia CEPAL afirma que el actual proceso de desarrollo "muestra una notable reorientación hacia el exterior, firmemente apoyada en una explotación más intensa de los recursos naturales" y agrega que el "crecimiento de la región se encuentra actualmente muy ligado al dinamismo de las actividades vinculadas a recursos naturales".

La apertura hacia el exterior ha determinado que las exportaciones pasaran del 14 por ciento del PIB en 1980 al 25 por ciento en 1995, se ampliaran los rubros que se venden en el exterior y se diversificara la aplicación tecnológica.

Muchas industrias que dependían de la demanda nacional y la protección estatal desaparecieron, y crecieron los sectores exportadores, especialmente en agricultura, minería y energía. Se han favorecido los grandes conglomerados de capital, sean nacionales o extranjeros.

Este tipo de desarrollo enfatiza la extracción de recursos naturales y su venta al exterior, sea a los países latinoamericanos o especialmente hacia los países ricos. Esa extracción es extendida, en tanto se ha ampliado a nuevos rubros, pero también se ha intensificado; se la hace de forma directa, como con la minería, o indirecta, por medio de ganadería y agricultura. No se ha tomado conciencia de que la mayor parte de las nuevas exportaciones que sustentan el despegue exportador de la región son en realidad recursos naturales con poco o ningún procesamiento. Por ejemplo, en el total de exportaciones, el porcentaje que responde a los productos primarios alcanza 92 por ciento en Ecuador, y se encuentra entre 80 y 90 por ciento en Bolivia, Chile, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (datos para 1995; CEPAL, 1997c). Incluso en países de industrialización reciente como Argentina y Brasil, representa más del 40 por ciento, pero no en México, con 22,5 por ciento).

Este tipo de estrategia de desarrollo desencadena un altísimo impacto ambiental, genera comparativamente poco empleo, no posee ningún mecanismo determinante de una mejor equidad y, por lo tanto, ofrece pocas posibilidades para solucionar los niveles de pobreza.

CEPAL ignora en estos diagnósticos el impacto ambiental de este proceso. Actualmente se observa una reducción de áreas silvestres, avance de la desertificación y aumento de la contaminación. Sectores exportadores como la minería, el procesamiento de harina de pescado o las papeleras están entre los más contaminantes. En particular en las ciudades se establece un vínculo pernicioso entre la pobreza y el deterioro ambiental dado por condiciones de acumulación de desperdicios, contaminación, ruido, déficit en el agua potable, malos saneamientos (con casos notorios en Santiago de Chile, México, Lima, Sao Paulo, etc.).

Inestabilidad y fragmentación social

Esta nueva estrategia de desarrollo extractiva y exportadora genera relativamente pocos empleos. Por esa razón la gran mayoría de los nuevos puestos de trabajo se logran en el sector informal, de donde se mantienen las condiciones de inequidad.

CEPAL no avanza en la raíz de este tipo de problemas al nivel de las estrategias de desarrollo y se mueve en el plano de los síntomas. Por esa razón, algunas propuestas son casi ingenuas. Por ejemplo, concibe como uno de los remedios para los bajos salarios y el desempleo calificar más a la gente. Aunque ese propósito es por todos compartido, nada asegura que con ello se lograrán más puestos de trabajo o mejores salarios. Basta recordar la situación de muchos europeos, con buena educación, que engrosan la lista de desempleados. De hecho en América Latina ya comienza a verse eso en tanto los jóvenes poseen tasas de desempleo mayores a las de sus padres a pesar de tener una mejor educación.

En el sector formal la situación también es compleja. Un buen ejemplo lo constituye la situación argentina, donde si bien el índice de desempleo bajó de 16,1 por ciento en mayo del 1997 al 13,7 por ciento en octubre, alrededor del 75 por ciento de los nuevos puestos son precarios. Casi la mitad de esos trabajos son empleos temporales ofrecidos por el gobierno meses antes de las elecciones legislativas de octubre, y finalizarán a principios de 1998.

Entre los empleos creados en el sector privado y formal, casi el 90 por ciento corresponden a contratos a término (de tres a seis meses la mayoría), y sólo el 9,7 por ciento son permanentes. La mayoría de las personas rotan entre varias empresas en una dinámica llamada de puerta giratoria, que las compañías aprovechan para reducir costos y evitar despidos (2).

Este nuevo estilo de desarrollo explica la retracción de las industrias latinoamericanas y con ello la crisis del empleo. El porcentaje de participación de la industria manufacturera en el producto descendió en países como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, y se estancó en otros como Chile y México (CEPAL, 1997c). Perú ofrece un buen ejemplo de este proceso, donde un 86,5 por ciento de sus exportaciones se basan en productos primarios, muchos de ellos mineros y cuyo precio en el mercado internacional desciende cada año. La caída del empleo industrial fue de 26 por ciento entre 1990 y 1995 en un contexto de elevados niveles de pobreza (50 por ciento) (Abugattas, 1996). Lima se ha convertido en una ciudad que enfrenta muchos problemas ambientales y sociales; en particular la violencia presenta ribetes dramáticos, como los raptos de amas de casa a la salida de supermercados por las cuales se exige como rescate los electrodomésticos hogareños.

La pobreza y la exclusión adquieren aspectos sociales y culturales complejos que CEPAL minimiza. En los barrios se oscila entre nuevas formas de agresión y la irrupción de la criminalidad, con los lazos solidarios en el trabajo y la seguridad. Avanza la fragmentación en grupos, generándose subculturas para distinguirse del resto. Por ejemplo, en Buenos Aires existen varias "tribus urbanas" juveniles, que se autodenominan "punks noventistas", "heavies argentos", "hardcores", "rapperos del subdesarrollo", "skaters de las pampas", etc. En otros casos, la desigualdad también expresa una larga tradición de exclusiones impuestas que hoy se nutren de la segregación étnica (muy importante en los países andinos y América Central), la racial (presente en Brasil), y la económica (como se observa en las urbes del cono sur).

Frente a este tipo de situaciones complejas y heterogéneas gran parte de las medidas sociales gubernamentales parecen más compensaciones y esfuerzos marginales. Por esa razón, el descontento se mantiene y la propia CEPAL advierte que podría crecer en el futuro, aunque es difícil precisar cómo se orientará. Expresiones de resistencia como el zapatismo mexicano o el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil pueden ejemplificar un futuro. Sin embargo lo más sorpresivo es que no existan otras reacciones de ese tipo considerando los niveles de pobreza e injusticia en el continente. Debería analizarse si las reformas mercantiles no sólo reestructuraron las economías, sino también cómo impactaron en las dinámicas sociales.

En ese sentido, Ralf Dahrendorf, un liberal clásico, indica que el individualismo propio de estos tiempos mercantilizados "ha transformado no sólo a la sociedad civil, sino también los conflictos sociales", y donde los más pobres no son necesarios en esta estrategia de desarrollo ya que los "ricos se pueden volver más ricos sin ellos; los gobiernos se pueden reelegir aún sin sus votos y el producto nacional bruto puede seguir aumentando indefinidamente".

El cuestionamiento al desarrollo

Es sorprendente que, a pesar de todos estos problemas, CEPAL y muchos otros sean optimistas e insistan en señalar que el camino actual es el correcto, y que se debe incrementar todavía más el crecimiento económico, por lo menos en el orden del seis por ciento.

Por el contrario sería más provechoso poner en cuestionamiento esta nueva estrategia de desarrollo. Este estilo no posee mecanismos seguros para reasignar sus excedentes hacia los más pobres o el ambiente; de hecho lo que se observa va en sentido contrario, en tanto aumenta la riqueza de los más ricos. En realidad las actuales condiciones de pobreza, exclusión y deterioro ambiental son una parte integral de este estilo de desarrollo, y no meros epifenómenos secundarios.

Por estas razones lo que debe ponerse bajo cuestionamiento es toda una estrategia de desarrollo, tanto en sus consecuencias prácticas, como en sus fundamentos conceptuales.

Referencias

ABUGATTAS, L. 1996. Estabilización, reforma estructural e industria en el Perú: 1990-1995. Socialismo y Participación, Lima, 74: 9-40.

CEPAL. 1997a. Panorama social de América Latina. CEPAL, Santiago.

CEPAL. 1997b. La brecha de la equidad. América Latina, el Caribe y la Cumbre Social. CEPAL, Santiago.

CEPAL. 1997c. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1996. CEPAL, Santiago.

DAHRENDORF, R. 1996. La cuadratura del círculo. Fondo Cultura Económica, México.

ROSANVALLON, P. 1995. La nueva cuestión social. Manantial, Buenos Aires.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), claes@adinet.com.uy

NOTAS AL PIE

1. El índice o coeficiente de Gini es una medida de desigualdad, calculada a partir de las desviaciones observadas en el ingreso en relación con una distribución equitativa. El índice varía de 0 a 1, donde su aumento indica incremento en la desigualdad.

2. Datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Argentina, en Página/12, Buenos Aires, 11 de enero de 1998.

Tabla 1. POBREZA E INDIGENCIA EN AMERICA LATINA

Total de personas y porcentajes de hogares

a Total en millones de personas; b Porcentaje de hogares sobre el total. Datos de la CEPAL (1997b).

Tabla 2. DISTRIBUCION DEL INGRESO

Porcentaje de participación en el ingreso de los hogares urbanos.

Datos de CEPAL (1997b)

Tabla 3. DESEMPLEO URBANO, SALARIO REAL Y PRODUCTIVIDAD

a tasas medias anuales; b tasa de crecimiento anual para 1990-95. Datos de CEPAL, 1997b.