La Organización Mundial de Comercio (OMC) es probablemente una de las organizaciones internacionales más faltas de transparencia. La mayoría de sus decisiones claves, si no todas, se elaboran en reuniones informales a las que en general se invita sólo a unos pocos países. Nunca se da a conocer el lugar de esas reuniones, la hora ni la concurrencia, así como tampoco las posiciones adoptadas por los diversos países. Cuando esos pequeños grupos informales formulan decisiones entre sí, las adoptan antes de las reuniones formales, donde luego las transforman en resoluciones.

La mayoría de las veces, los "principales países" (los más poderosos) logran imponer las decisiones que quieren. Un pequeño grupo de potencias también pueden vetar los temas o decisiones que no les convienen, aun cuando la gran mayoría de países esté de acuerdo. De hecho, lo que ocurre con frecuencia es que cuando Estados Unidos o la Unión Europea no quiere que se plantee un tema, éste ni siquiera llega a las sesiones formales.

La amplia mayoría de los países en desarrollo tiene muy poca voz real en el sistema de la OMC. Muchos de ellos carecen de los recursos financieros y humanos para participar adecuadamente siquiera en las reuniones formales, menos aún en las numerosas reuniones informales a las que no están invitados. A veces también se ejerce presión sobre determinados países en desarrollo para que acepten las decisiones o posiciones a las que originalmente se habían opuesto. Especialmente vulnerables son los países en desarrollo endeudados y dependientes de la ayuda bilateral o los préstamos del FMI y el Banco Mundial.

Como resultado de todo esto, las decisiones y acuerdos de la OMC generalmente van en contra de los intereses de los países en desarrollo. La injusticia de la situación quedó de manifiesto en la Conferencia Ministerial de Singapur. Los "temas nuevos" (como inversión, competencia y contratación pública) que no lograron consenso (y de hecho fueron rechazados por varios países en desarrollo) en el Consejo General antes de la reunión de Singapur, se abrieron camino en la reunión ministerial a través de un pequeño "grupo informal" creado en esa oportunidad.

El criterio para seleccionar ese grupo y lo que se "cocinó" en los varios días de negociaciones no son de conocimiento público, ni siquiera de los miembros de la OMC. Los ministros de la mayoría de los países en desarrollo miembros no fueron invitados a participar en las negociaciones de ese pequeño grupo que elaboró los puntos clave de la Declaración Ministerial. La naturaleza antidemocrática, no participativa y totalmente carente de transparencia de este proceso fue obvia para las ONG, los medios de difusión y el público en general, así como de los propios ministros y funcionarios, y fue un golpe a la credibilidad del sistema de la OMC. Ese día, los ministros sufrieron una experiencia similar a la que están sometidos sus diplomáticos comerciales en la OMC de Ginebra.

Si bien el Director General de la OMC y el presidente de la Conferencia Ministerial de Singapur prometieron que el sistema decisorio sería reformado para hacerlo más participativo, en realidad la situación ha seguido siendo básicamente la misma, si no peor. El sistema absolutamente carente de transparencia y participación entre los miembros de la OMC está en el corazón mismo de la naturaleza antidemocrática del sistema de la OMC. Esta realidad contrasta radicalmente con la imagen de participación igualitaria de todos los miembros a través del "consenso", que la OMC intenta proyectar.

A menos que este sistema desigual, tan injusto para con los países en desarrollo, sea reformado, sería una tontería decir que la OMC es más transparente sólo porque tiene algunas instancias de diálogo con la sociedad civil, o porque las ONG con sede en Ginebra reciben algunos documentos suministrados por los funcionarios de la OMC, o porque hay más documentos disponibles.

Una mejora en la transparencia y participación implicaría, como mínimo, lo siguiente:

(a) Los procesos de consolidación, discusión, negociación y toma de decisiones en la OMC deben ser verdaderamente transparentes, abiertos, participativos y democráticos.

(b) Cualquier propuesta de cambio de las normas, o acuerdos o compromisos nuevos de los países deberían ser dados a conocer públicamente en su forma de proyecto seis meses antes de que se tomen las decisiones, de manera que la sociedad civil de cada país (incluidos los grupos que representan los intereses sindicales, comerciales, de consumidores, ambientales, de salud y otros) tengan todas las oportunidades para estudiarlos e influir en sus parlamentos y gobiernos sobre la posición que deberían adoptar.

(c) Las discusiones y negociaciones que se planean y se realizan en la OMC deben hacerse públicas, y todos los miembros deben estar autorizados a estar presentes y participar. Es necesario poner fin a la práctica de pequeños grupos informales que toman decisiones en nombre de todos los miembros. Para tomar en cuenta la falta de recursos humanos y financieros de los países en desarrollo, no debería haber más de una o al máximo dos reuniones simultáneas. El "argumento" generalmente esgrimido (por ejemplo, por el Director General en la Reunión Ministerial de Singapur) de que por "cuestiones de eficiencia" sólo puede invitarse a negociar a unos pocos países, es inaceptable. Las decisiones en la OMC son demasiado importantes como para ser tomadas a las apuradas, por lo que deberían el resultado de discusiones conscientes en las que todos los miembros (grandes o pequeños) tenga oportunidad de expresar efectivamente sus opiniones.

(d) Los parlamentos y parlamentarios deben estar constantemente informados de las propuestas y acontecimientos surgidos en la OMC, y deben tener el derecho de realizar opciones de política referentes a las propuestas presentadas en la OMC y que tienen un efecto en las políticas y prácticas nacionales.

(e) La sociedad civil debería tener oportunidades genuinas de conocer cuáles son los temas que se están discutiendo y el estado de las discusiones en los diversos comités y sobre los diversos temas. Los grupos e instituciones de la sociedad civil deben tener oportunidades genuinas de expresar sus opiniones e influir en el resultado de las políticas y decisiones. Los temas y opciones discutidos en la OMC y sus órganos deben ser presentados al público en todos los países miembros de la OMC y sujetos a debate y escrutinio público. Las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil (incluidas las organizaciones de trabajadores y agricultores, grupos que trabajan con los consumidores y con los temas ambientales, sociales y de salud, organizaciones profesionales, círculos comerciales incluidas las pequeñas empresas, y los medios de difusión) debería ser buscados activamente por los estados miembros.

Hasta ahora, la opinión pública de los países miembros de la OMC ha sido mantenida al margen de las negociaciones, y ni siquiera tiene un conocimiento adecuado de los acuerdos existentes (y sus efectos). De cometer el mismo error durante el proceso preparatorio y la reunión ministerial de 1999, se asestará un golpe aún mayor a la credibilidad y legitimidad del sistema de la OMC, y sufrirá la misma suerte que otras instituciones y sistemas que son ilegítimos y antidemocráticos.