La propuesta de crear un Centro Jurídico Asesor sobre la OMC, que prestaría asesoramiento jurídico y consejo a los países en desarrollo en el proceso de solución de diferencias del organismo fue anunciada en junio en Ginebra. La iniciativa, auspiciada por un grupo de países industrializados y en desarrollo, espera atraer una masa crítica de miembros fundadores y fondos iniciales para poder lanzarla en noviembre en la reunión ministerial de Seattle.

El Ministro de Comercio de Holanda, Gerrit Ybema, anunció que su país había comprometido 2,2 millones de dólares para la iniciativa. Suecia, el Reino Unido y Noruega, anunciaron que aportarían un millón de dólares cada uno. El embajador de Colombia, Néstor Osario Londoño, dijo que el Centro necesitaría como miembros fundadores y contribuyentes, entre seis y ocho países industrializados y alrededor de 20 países en desarrollo para lograr la masa crítica necesaria para lanzar la iniciativa. Para que el Centro sea viable se necesitaría un fondo capital inicial de ocho millones de dólares y una contribución en carácter de donación de seis millones para los primeros cinco años, y autofinanciamiento a partir del sexto año, según el documento del proyecto.

El objetivo es ofrecer a los países en desarrollo la creación de capacidad en sus propias administraciones a través de programas de capacitación, y asistencia jurídica a un precio accesible para defender sus derechos en el proceso de solución de diferencias. El centro ofrecería sus servicios a todos los miembros de la OMC, los países en desarrollo y las economías en transición, dando prioridad a la ayuda a los países menos adelantados y a los miembros fundadores.

Las normas del Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD) de la OMC no estipulan que se presenten abogados externos y presenten casos en los diferendos, e inicialmente Estados Unidos planteó objeciones a los abogados externos. Pero los grupos especiales de diferencias han utilizado gradualmente los "procedimientos de trabajo" para permitir a los países traer asesores integrándolos a su delegación, como miembros, y quedando sujetos a la confidencialidad y otros requisitos. Ybema informó que había discutido la iniciativa con la Representante Comercial de Estados Unidos, Charlene Barshefsky, y que Washington tenía una actitud "positiva" hacia el Centro, si bien no lo financiaría.

Para lograr el fondo capital, se pretende conseguir una contribución inicial de al menos un millón de dólares de cada miembro fundador desarrollado, y de 50.000 a 300.000 dólares de cada uno de los países en desarrollo y economías en transición. Las operaciones serán financiadas con el interés del fondo y las comisiones cobradas a los usuarios, en una escala de costo por hora. Los estudios jurídicos internacionales externos cobran en general entre 250 y 1.000 dólares la hora por asistencia jurídica.

El ministro holandés y el embajador colombiano expresaron que el Centro sería un organismo intergubernamental autónomo y no dirigido por los donantes. Comenzará con un Director y cuatro profesionales experimentados, pero podría contratar abogados externos si esto es vital para un caso o si es necesario para evitar un conflicto de intereses entre dos países usuarios.