El Sur necesita tener
un nuevo enfoque
de la liberalización

En vista de la crisis financiera y anticipando la Conferencia Ministerial de la OMC que se realizará en noviembre, los países en desarrollo necesitan urgentemente repensar su enfoque de la liberalización financiera y comercial. En un principio, la liberalización trae aparejado para muchos países un rápido aumento de sus importaciones, pero las exportaciones no se mantienen a la par, lo que provoca un déficit comercial que limita el crecimiento. Es necesario cambiar las normas existentes de la OMC para evitar que los países en desarrollo sigan siendo víctimas de esa situación.

Por Martin Khor

La Organización Mundial de Comercio (OMC) realizará su Tercera Conferencia Ministerial en Seattle del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Será una reunión crucial ya que los países industrializados planean lanzar una nueva Ronda de negociaciones tendentes a crear nuevos acuerdos. La mayoría de los países en desarrollo se mantienen vigilantes al respecto y tratan de impulsar el examen de los acuerdos existentes para corregir aquellos desvíos que perjudican más a los países más pobres.

Existe ahora, pues, la urgente necesidad de reexaminar cuál es el enfoque correcto que deberían adoptar los países en desarrollo con respecto a la OMC y a la liberalización comercial y financiera, especialmente a la luz de la recesión y la crisis financiera.

En materia de liberalización financiera, hay algunas lecciones nuevas para aprender de los últimos acontecimientos. Resulta claro que la liberalización financiera, en especial cuando se hizo de manera inapropiada, fue la causa principal de la crisis económica de Asia Oriental. Muchos de los países afectados, que fueron vanguardia dentro de los países del Sur para la integración económica mundial, se muestran ahora cautelosos y están revisando la forma en que abordan la apertura financiera. La imposición en Malasia de un sistema de tipo cambiario fijo y de controles selectivos de capital es un ejemplo claro de esta nueva forma de pensar.

En materia de liberalización del comercio, el tema es aún más complejo. Hay una contracción en la forma en que los países en desarrollo en general y varios académicos tratan este tema. Por un lado se repite casi invariablemente: "estamos comprometidos con la liberalización del comercio, que es positiva y esencial para el crecimiento y el desarrollo". Por otro lado, muchos países en desarrollo también observan que la liberalización del comercio tiene resultados negativos netos para sus economías, o los ha marginado, y están reclamando de manera activa, como ocurrió, por ejemplo, en la reciente Reunión Ministerial del Grupo de los 77 en Marrakech.

Una clara explicación de por qué la liberalización del comercio a menudo trae aparejado resultados negativos la da el Informe sobre Comercio y Desarrollo 1999, publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). El informe se centra en el comportamiento y el equilibrio entre importaciones y exportaciones, y llega a la conclusión de que la rápida liberalización del comercio ha contribuido a una profundización del déficit comercial en los países en desarrollo en general.

El informe revela que la rápida liberalización comercial provocó un brusco incremento de las importaciones pero que las exportaciones no lograron mantener el mismo ritmo. Para los países en desarrollo (excepto China), el promedio del déficit comercial fue tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto mayor en la década del 90 que en la del 70, mientras que el promedio de la tasa de crecimiento es dos puntos porcentuales menor.

Estas últimas revelaciones de la UNCTAD se corresponden con varios estudios nuevos que demuestran que no existe una correlación automática entre la liberalización del comercio y el crecimiento. Los países que liberalizaron rápidamente sus importaciones no necesariamente crecieron más rápido que los que las liberalizaron más gradualmente.

El problema de la liberalización del comercio es que un país puede controlar la velocidad con la que liberaliza sus importaciones -y así aumentar el ingreso de productos- pero no puede determinar por sí mismo la velocidad con la que crecen sus exportaciones. El crecimiento de las exportaciones depende de los precios de los productos exportados existentes -y los países en desarrollo sufrieron un grave deterioro de sus relaciones de intercambio comercial- y también de su infraestructura y de la capacidad humana y empresarial para nuevas exportaciones, que es un proceso a largo plazo y que no es fácil de lograr.

También depende de si tienen acceso a los mercados, especialmente los de los países industrializados. Aquí subyace un gran problema, ya que se sabe que en el Norte existen numerosos obstáculos arancelarios y no arancelarios para las exportaciones potenciales de los países en desarrollo. A menos que se eliminen esos obstáculos, el potencial exportador del Sur no podrá concretarse.

La liberalización del comercio, pues, puede provocar -y a menudo lo hace- un auge de las importaciones sin un correspondiente auge de las exportaciones. Esto puede profundizar el déficit comercial, el deterioro de la balanza de pagos y el aumento de la deuda externa, todo lo cual conspira contra las perspectivas de crecimiento y con frecuencia da como resultado un persistente estancamiento o recesión.

Esto debería llevarnos a la conclusión de que no es aconsejable buscar una liberalización comercial automática o rápida. Más bien que lo importante es la calidad, la oportunidad, la secuencia y el alcance de la liberalización -especialmente la liberalización de las importaciones-, y que el proceso sea acompañado -o precedido- de otros factores, tales como el fortalecimiento de las empresas y actividades agropecuarias locales, recursos humanos y desarrollo tecnológico, así como la creación de capacidad exportadora y mercados.

Los países en desarrollo deben tener la capacidad, la libertad y la flexibilidad de realizar cambios estratégicos en sus políticas financieras, comerciales y de inversión, en las que puedan decidir acerca del ritmo y el alcance de la liberalización y combinarlos apropiadamente con la defensa de las empresas y actividades agropecuarias nacionales. Esta conclusión tiene consecuencias profundas para las negociaciones de la OMC. Actualmente se admite en general que la Ronda Uruguay provocó graves problemas para los países en desarrollo. La próxima etapa de negociaciones debe abordar ese tipo de problemas, que limitan la capacidad de los países en desarrollo de hacer las opciones económicas necesarias y estratégicas.

Como expresó el presidente del Grupo de los 77, la próxima etapa de las negociaciones de la OMC debería ser sobre las tres R: revisar, reparar y reformar los acuerdos y el sistema de la OMC. Es necesario hacerlo ahora para evitar en el futuro más perjuicios para los países en desarrollo.

En primer lugar, los países industrializados deben cumplir con los compromisos que asumieron en los sectores de interés para los países en desarrollo, y que hasta ahora no cumplieron satisfactoriamente, por lo cual se los acusa justificadamente de que los países en desarrollo han sido estafados y no se han beneficiado de la Ronda Uruguay.

Tal es la situación en sectores como el agrícola, en el que existía el compromiso de parte de los países industrializados de eliminar gradualmente el Acuerdo Multifibras, reducir las subvenciones a las exportaciones agrícolas y los aranceles elevados, restringir el uso de las medidas antidumping y aplicar las disposiciones sobre trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.

En segundo lugar, y tal vez de mayor importancia, los países en desarrollo deberían poder incidir en la OMC de manera de llevar a cabo una revisión amplia de los diversos acuerdos para compensar los desequilibrios existentes y los efectos negativos que éstos tienen sobre el desarrollo. Por ejemplo:

* Debería hacerse una evaluación del acuerdo sobre la agricultura desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y las formas de vida rurales de los países en desarrollo, ya que la mayoría de esos países dependen de la agricultura en pequeña escala para emplear a un gran sector de su población y para contribuir a la autosuficiencia alimentaria. Como parte del trato Especial y Diferenciado (al cual los países en desarrollo tienen derecho), los alimentos producidos para el consumo interno y los productos de los pequeños agricultores de los países en desarrollo deberían ser eximidos de las disciplinas sobre liberalización de las importaciones y apoyo interno.

* El Art. 27, 3b del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (también conocidos como TRIPs, por su sigla en inglés), debería ser revisado y enmendado de manera que quede prohibida la patentabilidad de todas las formas de vida. Sería una forma de conservar la integridad del sistema de patentes, que prohíbe la concesión de patentes por descubrimientos, e impedir la creciente e injustificable práctica de la biopiratería, en que se da la apropiación de los materiales biológicos del Sur y el conocimiento tradicional de su uso, a través de las patentes.

También, de conformidad con la Convención para la Diversidad Biológica, debería aclararse que el sistema sui generis para la protección de variedades vegetales (en el mismo Artículo) puede incluir leyes nacionales que protejan el conocimiento tradicional de comunidades locales.

* En el Acuerdo sobre Medidas de Inversión relacionadas con el Comercio (o TRIMs, por su sigla en inglés), la revisión debería permitir que los países en desarrollo quedaran eximidos de la prohibición del requisito de contenido nacional así como del requisito de equilibrio de divisas, por el cual un determinado nivel de importaciones permisible de una empresa está vinculado con sus exportaciones.

Esto es en reconocimiento de la necesidad que tienen los países en desarrollo de ese tipo de medidas por motivos de desarrollo. Por ejemplo, la necesidad de crear la capacidad de las empresas nacionales, general efectos multiplicadores para la economía interna, conservar las divisas y evitar un excesivo endeudamiento externo.

* Las normas de la OMC reconocen que los países en desarrollo pueden tener "trato especial y diferenciado" por la relativa debilidad de sus economías. No obstante, la mayoría de las disposiciones en ese sentido no tienen carácter obligatorio para los países industrializados, a los que sólo se les pide que hagan lo máximo que puedan para ayudar a los países en desarrollo.

En la próxima fase de negociaciones, la OMC debe poner en práctica las disposiciones sobre trato especial y diferenciado de manera que tenga fuerza jurídica obligatoria y coactiva. Los países en desarrollo deben poder tener una condición diferente a la de los países industrializados en materia de las obligaciones establecidas por las normas de la OMC, para que puedan adaptarlas conforme a sus necesidades, capacidad y estadio de desarrollo.

* Es necesario revisar el sistema de solución de diferencias de la OMC. Varias resoluciones recientes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación plantearon serios temores, ya que tienen un sesgo contrario a los intereses de los países en desarrollo y erosionan sus derechos, en contravención de los acuerdos.

Estos son sólo algunos ejemplos de los cambios necesarios para permitir la supervivencia y el desarrollo de los sectores nacionales de la industria y la agricultura de los países en desarrollo. Seguramente los acuerdos de la OMC no fueron pensados para eso, y por lo tanto no deben suponer una condena para las empresas, establecimientos rurales y a la economía del Sur, tornándolas inviables.

Los cambios son necesarios, además, para revertir en parte los enormes desequilibrios e inclinaciones tendenciosas de las normas y el sistema que ahora funciona en contra de los países en desarrollo. De no hacerlo, la credibilidad del sistema multilateral de comercio quedará erosionado o incluso puede hacer crisis en la medida en que la opinión pública y los gobiernos del Sur se pregunten si los costos del sistema no superan a sus beneficios.