Prorrogan acuerdo sobre TRIMs

En medio de una situación de incertidumbre en torno al tema del vencimiento de los plazos para el cumplimiento de diversos acuerdos, el Consejo del Comercio de Mercancías, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), prorrogó la decisión sobre la extensión de los plazos para cumplir el Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio.

por Chakravarthi Raghavan

El Consejo del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial de Comercio (OMC) prorrogó las decisiones relativas a la ampliación de los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (TRIMs, por su sigla en inglés). Ocho países procuraban obtener una prórroga, así como también un estudio del propio Acuerdo.

Unos 40 países en desarrollo habían notificado a la OMC (a fines de marzo de 1995, como se exigía) las medidas de inversión relacionadas con el comercio vigentes en su legislación, con respecto a las cuales tenían un periodo de transición de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 1999, para cumplirlas. Filipinas presentó una petición de prórroga del plazo incluso antes de Seattle. Después, lo hicieron México, Colombia, Malasia, Pakistán, Rumania, Argentina y Chile.

La petición de prórroga del plazo se hizo en general para el sector automovilístico, donde ya se aplican medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio tales como: requisitos de contenido nacional, requisitos de balanza de pagos con respecto a las importaciones, y otras por el estilo. Uno de los ocho países, Colombia, también buscó una prórroga con respecto a sus medidas, aplicables a la industria procesadora de alimentos.

Temas de aplicación

Antes de Seattle y bajo la rúbrica de "temas de aplicación", los países en desarrollo habían presentado una petición de prórroga de los plazos para el cumplimiento de varios acuerdos, entre ellos el de los TRIM. Durante los preparativos de Seattle, los principales países industrializados -Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Canadá- habían adoptado la posición de que sólo examinarían esos plazos tomando en consideración las necesidades individuales, conforme al Artículo 5.3 del Acuerdo sobre TRIMs. Dicho artículo estipula que el Consejo del Comercio de Mercancías podrá prorrogar el periodo de transición para la eliminación de las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio notificadas en virtud del párrafo 5.1 (dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC) en el caso de los países en desarrollo miembros que "demuestren que tropiezan con particulares dificultades para la aplicación de las disposiciones".

Al mismo tiempo, apenas antes de Seattle, cuando quedó claro que era necesario considerar los "temas de aplicación", los principales países industrializados también habían indicado que podían llegar al acuerdo de establecer un mecanismo especial en el Consejo General que los estudiara y que presentara recomendaciones o propuestas a la Cuarta Conferencia Ministerial. Pero con el colapso de la Tercera Conferencia Ministerial en Seattle, todos fueron de la opinión de que el tema ya no tenía lugar, pues los plazos ya había expirado.

En la reunión del 17 de diciembre del Consejo General, algunos de esos países reiteraron su voluntad de considerar peticiones individuales de prórroga de los periodos de aplicación del Acuerdo, pero nada más. Estados Unidos, entre otros, insistió en mantener discusiones y negociaciones bilaterales con los países que buscan una prórroga. En el círculo de diplomáticos comerciales se ha informado que este tipo de consultas bilaterales -que ostensiblemente permite a quienes buscan una prórroga demostrar sus "dificultades particulares"- en realidad fue utilizado para conseguir otras concesiones (en el campo del comercio -tales como un compromiso con la agenda de Comercio- y en otros).

En la reunión del 24 de enero del Consejo del Comercio de Mercancías, algunos países señalaron que el tema general de la prórroga de los plazos era una de las cuestiones objeto de "consultas informales" antes de la reunión del Consejo General, por lo que el Consejo del Comercio de Mercancías no podía ni debía adoptar ninguna decisión al respecto.

Pero aparte de eso, algunos de los países que procuraban una prórroga también habían planteado que si bien el Artículo 5.3 prevé la posibilidad de otorgar prórrogas, previa petición, era necesario tener una "opinión multilateral" sobre el significado del concepto "dificultades particulares" y cómo debería aplicarse.

En la reunión del 17 de diciembre del Consejo General, al decidir el aplazamiento del punto de la agenda (incluido por el director de la OMC poco después de su retorno de Seattle) sobre la manera de abordar las cuestiones pendientes después de la Conferencia Ministerial, el Presidente del Consejo, Ali Mchumo de Tanzania, dijo que se harían consultas previas antes de que el Consejo estudiara ese tema a principios del 2000, y que las consultas incluirían los vencimientos de los plazos y disposiciones de los acuerdos.

Si bien la declaración de Mchumo implicó que mantendría consultas antes de la próxima reunión del Consejo General, varias delegaciones dijeron que al 24 de enero no había habido ninguna consulta, ya que Mchumo no había regresado a Ginebra después de las vacaciones de fin de año. El cargo de Mchumo como presidente expiró a fines de la siguiente reunión del Consejo (7 de febrero). Pero a la fecha de escribir este artículo, ni siquiera se habían realizado las consultas normales del Presidente del Consejo con respecto a una lista de posibles sucesores.

La convocatoria de Mchumo el 17 de diciembre fue a que los miembros se "abstuvieran" de llevar casos resultantes del vencimiento de los plazos a los grupos de solución de diferencias, y esto incluiría el tema de los TRIM. No obstante, en la reunión del 24 de enero del Consejo del Comercio de Mercancías, Estados Unidos advirtió que se reservaba los derechos que le otorgaba la OMC, con lo que daba a entender que continuaría transitando el camino de las diferencias para obligar a los países a suprimir las TRIM prohibidas. Por otro lado, esa medida entorpecería aún más la posibilidad de entablar nuevas negociaciones, incluso en la agenda incluida, como agricultura y servicios.

Algunos de los principales países en desarrollo ya han insinuado que a menos que se encuentre un camino para resolver sus reclamos genuinos sobre los "problemas de aplicación", se rectifiquen los desequilibrios y desigualdades inherentes al sistema (creado por el Acuerdo de Marrakech) y se dé tratamiento a la situación de que el mundo en desarrollo no ha recibido los beneficios esperados, será difícil que asuman nuevas obligaciones a través de una mayor liberalización del comercio en los sectores ya abarcados por la OMC.

El Grupo Cairns de exportadores agrícolas, cuyas posiciones a favor de introducir más reformas agrícolas y obtener mayor acceso a los mercados a menudo no se distinguen de las de Estados Unidos (que no es miembro de ese grupo), ha estado diciendo reiteradamente tanto en Seattle como después, que en tanto no se avance en el sector agricultura, no permitirán proseguir con las conversaciones en ningún otro sector de la OMC.

Cuando eso se planteó en Seattle, en la "sala verde" de temas de inversión, algunos países que no eran miembros del Grupo Cairns aclararon que no estaban dispuestos a pagar el precio (bajo la forma de normas multilaterales que brinden oportunidades y derechos de inversión) de que la Unión Europea y Japón realicen concesiones sobre agricultura para beneficiar a los miembros del Grupo Cairns y a Estados Unidos. Este argumento sobrevuela las conversaciones privadas. Otros países en desarrollo aducen que la prédica de no alterar el actual equilibrio de derechos y obligaciones sin brindar compensaciones por otro lado, utilizada con respecto a los temas de aplicación, corta ambos caminos.

Si Estados Unidos o el Grupo Cairns pretenden beneficios en términos de las exportaciones agrícolas, es a ellos a quienes corresponde decir qué concesiones harían (a Europa y Japón) para obtenerlos, y no esperar que sean otros los que las hagan. Un argumento similar, dicen, se aplica también a la pretensión de profundizar la liberalización en los sectores servicios y servicios específicos.