¿El arma para obligar a los países del Sur a abrir sus puertas?

Al acercarse la diferencia número 200, todas las miradas se volvieron hacia el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Un artículo reciente llama la atención sobre ciertos problemas de procedimiento y de concepción que surgieron en "la columna vertebral del sistema multilateral de comercio".

Por Someshwar Singh

Casi 200 diferencias relativas al comercio internacional se presentaron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su creación, en enero de 1995. Más de la mitad de esos problemas, alrededor de 57 por ciento, aún no fueron resueltos, lo cual significa que algunos países están todavía en proceso de consulta o que los grupos de expertos designados para solucionar la diferencia siguen examinando la cuestión, o incluso que pasaron a una etapa de apelación contra la decisión de dicho grupo. Ciertas "consultas" comenzaron en 1997 y siguen estancadas, es decir, no se encontró un arreglo para cerrar la controversia pero tampoco se le asignó aún un grupo de expertos.

De las cerca de 200 disputas, sólo en 15 casos se implementó la decisión del grupo de expertos, y únicamente en dos de éstos se trataba de un problema entre países industrializados: Estados Unidos y Canadá, por un lado, y Estados Unidos y Japón, por otro. Los 13 restantes fueron casos de países en desarrollo atacados por las grandes potencias comerciales del mundo; casi siempre Estados Unidos, pero muchas veces la Unión Europea y Japón. Y la decisión del grupo de expertos favoreció a los países del Sur en sólo tres de estas 13 ocasiones: Venezuela y Brasil obtuvieron un fallo a su favor y contra Estados Unidos por haber discriminado su gasolina, y Costa Rica ganó contra las restricciones cuantitativas que había impuesto Estados Unidos a la ropa interior.

Las demás veces, la responsabilidad de rectificarse recayó sobre los hombros de los países en desarrollo, lo cual implicó, además, asumir que estaban ignorando las normas establecidas de la OMC o que no habían respetado algunos acuerdos firmados hace poco en la Ronda Uruguay.

Varias decisiones tomadas por el grupo pretendían equilibrar la balanza insistiendo en que las compañías extranjeras (lo cual significaba invariablemente las procedentes de países industrializados) fueran tratadas igual que las firmas del país donde se instalaran, lo que equivale a pedir que se elimine todo tipo de protección a la industria nacional. Esto sucedió en los casos de bebidas alcohólicas producidas en Corea, automóviles de Indonesia y calzado, industria textil e indumentaria de Argentina.

En dos de los "arreglos" logrados, se le pidió a India que cambie sus leyes para cumplir con los requisitos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPs). El grupo entendió que India no había cumplido con sus obligaciones según el artículo 70.8(a) o el 63(1) y (2) del TRIPS al no establecer un mecanismo que preserve en forma adecuada la novedad y la prioridad respecto de la petición de patentes para inventos farmacéuticos y agroquímicos. Tampoco cumple con lo establecido en el artículo 70.9 del Acuerdo sobre TRIPs ya que no creó un sistema para otorgar derechos exclusivos de comercialización.

Si no se resuelven estas diferencias comerciales internacionales, el mundo se convertirá en un lugar aún más caótico, según la OMC. El director general de la OMC, Mike Moore, propuso extender el sistema de solución de diferencias que utiliza la OMC para sus negociaciones a otras secciones de las relaciones internacionales. Moore declaró el 6 de junio: "Sin este sistema, sería casi imposible mantener el delicado equilibrio de derechos y obligaciones internacionales. 

Las diferencias se extenderían mucho más, provocando un efecto desestabilizador en el comercio internacional, lo cual a su vez contaminaría las relaciones internacionales en general. El énfasis que pone el sistema en negociar soluciones puede serle útil a los gobiernos en otros ámbitos del relacionamiento con los demás países".

Moore infunde un sentido de realismo al exponer las virtudes del procedimiento de solución de diferencias de la OMC llamándolo "la columna vertebral del sistema de comercio multilateral" y aclaró que "nadie puede decir que el sistema de solución de diferencias de la OMC compensa las desigualdades que existen en la distribución del poder económico mundial, pero hay que destacar que este sistema brinda una oportunidad justa a los países pequeños, que de otro modo no podrían defender sus derechos".

Pero mientras crece la presión para realizar una nueva ronda de conversaciones sobre comercio multilateral, aumentan también las "obligaciones" de los países en desarrollo en particular, a fin de permitir una mayor penetración comercial en sectores que hasta ahora habían permanecido como parte de la cultura y la tradición, e incluso la educación. Esto sucede debido a la ampliación del campo de los "servicios". Es probable que surjan nuevas diferencias a partir de esas nuevas obligaciones y su "solución negociada" en la OMC.

De las 193 disputas presentadas en la OMC hasta el 30 de mayo de 2000, 32 fueron retiradas luego de realizarse consultas entre las partes involucradas. Pero 86 aún están en proceso de consulta, mientras que 22 son objeto de análisis en los grupos de expertos. En tres de los casos, el informe del grupo fue apelado. Por otro lado, se están implementando ahora soluciones para 23 problemas, una vez adoptados los documentos del grupo y de las apelaciones. Finalmente, ocho casos fueron cerrados sin que hubiera necesidad de implementar una solución y la autoridad del grupo caducó, o fue declarada caduca, para otras cuatro diferencias.

Al analizar las diferencias se revela que 48 de las 118 reclamaciones presentadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón fueron contra los países en desarrollo. Y de los 81 casos en que los tres primeros fueron los acusados, 26 fueron demandas de los países del Sur.

Entre los países en desarrollo, Argentina e India fueron los más frecuentemente obligados a comparecer ante los grupos de expertos, y los siguientes fueron Corea y Brasil. Por otro lado, Brasil, India y México encabezan la lista de demandantes de esa parte del mundo.

En cuanto a la división de las diferencias según sector temático, hubo 26 por el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el de Barreras Técnicas al Comercio, 25 por Agricultura, 21 por el Acuerdo sobre TRIPs, 15 por Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio (TRIMs), 13 por la industria textil y nueve por el Acuerdo General sobre el Comercio y Servicios (GATS). De un total de 193 disputas, 151 se referían a "asuntos diversos" como alcohol, autobuses, automóviles, cemento, coco, café, computadoras, calzado, gasolina, cuero, pastas, arroz, acero, tomates y ropa interior.

Una imperiosa necesidad de reforma

Un artículo de Chakravarthi Raghavan, titulado "The World Trade Organization and its Dispute Settlement System: Tilting the balance against the South" (La OMC y su sistema de solución de diferencias: La balanza se inclina contra el Sur), publicado por la Red del Tercer Mundo, presenta algunos de los problemas surgidos en los últimos cinco años. Raghavan sostiene que es prioritario revisar y reformar el Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD) de la OMC antes de realizar nuevas negociaciones y de que los países en desarrollo asuman nuevos compromisos.

La lista de reformas propuestas incluye: separar las secretarías que sirven a los grupos de expertos del OSD y del Órgano de Apelación de la OMC; refrenar la influencia que ejercen las secretarías sobre los grupos en privado; abolir el Órgano de Apelación como foro permanente y garantizar que los derechos del OSD para sus procedimientos no sean utilizados por los grupos designados para menoscabar los derechos de los países en desarrollo respecto de los acuerdos de la OMC.

El ex embajador de India ante el GATT, Bhagirath Lal Das, observa en el prefacio al artículo que "el OSD logró cierto grado de eficacia en la solución de diferencias, pero el sistema está lejos de cumplir con las expectativas en las operaciones actuales, a pesar de la euforia inicial. Además, en algunos aspectos, ha llegado a actuar contra los intereses de los países en desarrollo". 

En su opinión, el análisis de Raghavan sugiere la urgencia de mejorar el sistema. "Es necesario que el Consejo General de la OMC y, en particular, los países en desarrollo, presten especial atención al asunto", señala.

El procedimiento de solución de diferencias es muy costoso para los países del Sur, agrega. La mayoría de las veces tienen que pedir ayuda a estudios jurídicos de los principales países industrializados, y los precios que pagan son altísimos. "Los países en desarrollo no están tan preparados y deseosos de iniciar un procedimiento de solución de diferencias para ejercer sus derechos como las naciones industrializadas. Por lo tanto, existe un desequilibrio fundamental entre los países ricos y los pobres en cuanto a sus derechos y obligaciones, y esto se debe a la gran diferencia de capacidades que tienen esas dos porciones del mundo a la hora de recurrir al procedimiento de coacción", sostiene. Por lo tanto, aunque Moore diga que los países en desarrollo más débiles tienen una "justa oportunidad" de defender sus derechos, eso no sucede en la realidad.

El sistema impone varios obstáculos más a los países en desarrollo. La ayuda que se otorga suele llegar con mucho retraso ya que a veces puede demorar hasta 30 meses desde el momento en que se inicia un procedimiento de solución de diferencias. Dicho retraso puede ser muy grave para los países pobres, que tienen vínculos de comercio exterior muy débiles y por lo tanto pueden sufrir daños irreparables cuando se les proporciona una solución.

"Ha surgido un nuevo problema muy grave en las operaciones del grupo de expertos y el Órgano de Apelación, aparte de los (ya mencionados) del sistema. 

Tanto los grupos especiales como el Órgano de Apelación suelen realizar interpretaciones sustanciales de los acuerdos de la OMC. Coincide que en buena parte de los casos las mismas implican un incremento de las obligaciones de los países en desarrollo y un aumento de los derechos que en general ejercen los países industrializados", concluye Lal Das.