Privatización y “reformas” aumentan la corrupción

Un informe publicado por la organización no gubernamental The Corner House ubica las raíces del pernicioso fenómeno de la corrupción en los procesos de privatización, desregulación y reforma del servicio social, impulsados por las mismas instituciones financieras internacionales y gobiernos donantes de Occidente que tan elocuentemente predican al Sur sobre el buen gobierno.

Por Someshwar Singh

El aumento de la corrupción en todo el planeta es en gran medida el resultado de la rápida privatización de las empresas públicas junto con la aplicación de reformas para reducir la dimensión y el gasto de los servicios sociales. Dichas reformas han sido impuestas a los países en desarrollo por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los gobiernos de Occidente que apoyan a sus empresas transnacionales, se dice en un nuevo informe.

“Exportación de la corrupción: privatización, multinacionales y  soborno”, el informe de Sue Hawley publicado por The Corner House, estima que las empresas de Occidente pagan sobornos del orden de los 80.000 millones de dólares al año, aproximadamente la cifra que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera necesaria para erradicar la pobreza en el mundo. The Corner House es una organización no gubernamental (ONG) de investigación y solidaridad, con sede en Gran Bretaña, que produce informes sobre los principales temas vinculados al desarrollo internacional.

La corrupción, dice el informe, se ha convertido en una gran preocupación internacional y tema de conferencias internacionales, foros de política y discursos ministeriales. Ha sido también objeto de un reciente convenio internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y blanco de esfuerzos no gubernamentales tales como los de Transparencia Internacional.

La conexión de Occidente

Es necesario desviar el foco de atención del “lado de la oferta” del soborno y la corrupción, se dice en el informe, que señala que esa corrupción practicada por las transnacionales del Sur socava no sólo el “buen gobierno” sino también el desarrollo, y exacerba la pobreza y la desigualdad.

“Si la corrupción crece en todo el mundo, en gran medida es resultado de la rápida privatización (y las prácticas asociadas de contrataciones y concesiones) de empresas públicas en todo el mundo”, dice el informe. “Este proceso ha sido impuesto por acreedores y gobiernos de Occidente, y aplicado de forma tal que permite a las empresas multinacionales operar con creciente impunidad. Es así que las transnacionales, con el apoyo de los gobiernos occidentales y sus organismos, participan de la corrupción a gran escala en el Norte y en el Sur por igual. Los gobiernos donantes y los organismos multilaterales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) frecuentemente proponen agendas contra la pobreza y para el 'buen gobierno', pero sus actos envían una señal diferente acerca de dónde están sus prioridades”.

La existencia de servicios sociales eficientes, responsables, adecuadamente pagados y basados en una buena motivación es esencial para combatir la corrupción, y desde la década del 80 la reforma de los servicios sociales ha sido un componente importante del préstamo para ajuste estructural.

“Sin embargo, para el Banco Mundial y el FMI, reformar significa en primer lugar 'redimensionar', léase achicar. Como el propio Banco ha revelado, estos recortes no han producido mayor eficiencia ni mayores ingresos. Ocho de 15 países de África en realidad aumentaron el presupuesto salarial después del redimensionamiento debido a los pagos realizados por concepto de retiro de los trabajadores. En el 40 por ciento de los casos, los empleados públicos retirados debieron ser recontratados”.

Un informe interno del personal del Banco, de 1999, señalaba que “las reformas del sector público erosionaron la acción de gobierno”. Al mismo tiempo, los programas de ajuste estructural provocaron importantes reducciones en los salarios de los empleados públicos que conservaron sus empleos, dando como resultado “falta de motivación, baja moral y crecientes riesgos de corrupción a pequeña escala”.

La mayoría de los que comentan sobre la corrupción -y las iniciativas de “buen gobierno” pensadas para combatirla- viven en los países en desarrollo, no en los industrializados, se observa en el informe. “La mayoría estudia las culturas políticamente laxas del Sur, no del Norte. La mayoría denuncia la pequeña corrupción de empleados públicos mal pagados, y no la gran corrupción de las transnacionales poderosas. La mayoría se concentra en síntomas como falta de recursos, no causas tales como la desregulación de las empresas estatales. De lo que más se habla es de los sobornados, y no de quienes sobornan”.

Cada vez más se cita la corrupción como motivo para retener los fondos destinados a ayuda externa o mitigación de la deuda. Si la incapacidad de un país para pagar los intereses sobre sus préstamos se debe a que sus dirigentes se embolsan los ingresos nacionales en sus cuentas bancarias personales, continúa el razonamiento, por cierto que aumentar la ayuda o cancelar la deuda simplemente contribuirá a aumentar los sobornos.

Los que sobornan 

Para las transnacionales, el soborno les permite obtener contratos (en especial de obras públicas y equipamiento militar) o concesiones que de otra manera no hubieran obtenido, o hacerlo en términos más favorables. En 1999, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que se creía que en los cinco años anteriores el soborno había sido el factor decisivo de 294 contratos comerciales por un valor de 14.000 millones de dólares.

El informe cita varios casos de empresas transnacionales de Occidente involucradas en acusaciones de corrupción, y sostiene que las medidas contra la corrupción deben implicar sanciones efectivas por parte de los países en desarrollo contra las transnacionales que participan en prácticas corruptas; mayor transparencia política para desterrar el secreto bajo el cual florece la corrupción; y resistencia a la extensión incuestionada de la privatización y las políticas económicas neoliberales.

Con relación a la eficacia de las sanciones, el informe cita que en Singapur un intermediario fue condenado en 1996 por el pago de sobornos por un total de 9,8 millones de dólares en nombre de Siemens, Pirelli, BICC, Tomen y Marubeni. El gobierno no sólo prohibió que las cinco empresas se presentaran a cualquier licitación gubernamental por cinco años sino que también extendió la ampliación a “las firmas asociadas con las cinco compañías, cualquier empresa nueva que las firmas puedan establecer de manera conjunta, y las firmas que compartan los mismos directores de las cinco”.

Varias empresas occidentales no se ensucian las manos, se señala en el informe. En lugar de eso pagan a agentes locales, quienes obtienen alrededor de 10 por ciento si se logra obtener un contrato y que acceden a un fondo de dinero para asegurar que así sea.

El soborno es también cada vez más sutil. A menudo adopta la forma de honorarios semilegales, o “comisiones”, y precios inflados. En los contratos garantizados por organismos de créditos para la exportación, tales “comisiones” son incluidas en los costos y así en el valor total del contrato cubierto por las prácticas de garantía, que según Transparencia Internacional son “una invitación indirecta al soborno que, en el futuro, se acerca a la complicidad con un delito penal”. Hasta hace poco, varios países –entre ellos Francia, Alemania y Gran Bretaña- trataban los sobornos como gastos comerciales legítimos que podían ser objeto de deducción con propósitos fiscales.

Las prácticas corruptas de las transnacionales afectan al sur de diversas maneras, dice el informe. Además de socavar el desarrollo y la creciente desigualdad y pobreza, ponen en situación de desventaja a las empresas nacionales más pequeñas. Ponen en manos de los ricos dinero que podría ser aplicado a la erradicación de la pobreza. Distorsionan los procesos de toma de decisiones para favorecer proyectos que benefician a unos pocos en lugar de a unos muchos. También aumentan la deuda, benefician a las compañías y no al país, pasan por encima de procesos democráticos locales, perjudican el ambiente, eluden las leyes y promueven la venta de armas.

Mientras los gobiernos de Occidente y el Banco Mundial y el FMI hablan cada vez más fuerte sobre la corrupción, sus propias políticas la profundizan tanto en el Norte como en el Sur, argumenta el informe. Especialmente en falta están la desregulación, la privatización y las políticas de ajuste estructural que exigen la reforma del sector público prestador de servicios y la liberalización económica.

En 1997, el Banco Mundial afirmó que “cualquier reforma que aumente la competitividad de la economía, reducirá el incentivo a adoptar conductas de soborno. Así, las políticas que reducen los controles sobre el comercio exterior, suprimen los obstáculos al ingreso de la industria privada y privatizan las empresas estatales como forma de asegurar la competencia, irán en apoyo de esa lucha”.

Hasta el momento, el Banco Mundial no ha demostrado signos de cambiar de opinión. Continúa argumentando que la corrupción puede ser combatida a través de la desregulación de la economía; las reformas del sector público en sectores tales como aduana, administración fiscal y servicios públicos; el fortalecimiento de la anticorrupción y organismos de auditoría, y la descentralización.

No obstante, la evidencia empírica -en gran medida del propio Banco Mundial- indica que, lejos de reducir la corrupción, esas políticas y la forma en que han sido puestas en prácticas, en algunas circunstancias la han aumentado, dice el informe.

Supervisando a los supervisores

En una sección del informe denominada “Los auditores corruptos del Banco Mundial”, se señala que se ha descubierto que la propia empresa contable independiente nombrada por el Banco Mundial para investigar casos de corrupción en proyectos del Banco había pagado sobornos en uno de los países que se le pedía investigar.

La Sociedad General de Vigilancia (SGS, por sus siglas en inglés), de Suiza, -contratada en setiembre de 1996 por el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, para conducir auditorías puntuales y corrupción encubierta en proyectos financiados por el Banco en Polonia, Kenya y Pakistán, admitió en diciembre de 1997 haber pagado una “comisión sustancial” en 1992 para obtener un contrato estatal para servicios de inspección en Pakistán. Además, en agosto de 1999, se prohibió a la SGS actuar durante cinco años en Etiopía por haber realizado actividades ilegales, entre ellas evasión fiscal y trabajar sin los permisos de trabajo adecuados.

Otra empresa, Price Waterhouse Coopers, que ayuda al Departamento de Auditoría interna del Banco, fue encontrada culpable en enero pasado por la Comisión de valores y cambios de Estados Unidos, no sólo de falta de salvaguardias mundiales suficientes sino también de que sus propios profesionales sistemáticamente no adherían “ni siquiera a los controles de su propia empresa”. La comisión encontró cientos de casos en que el personal y los socios de Price Waterhouse Coopers tenían acciones en empresas que auditaban, dice el informe.

Aun cuando el 55 por ciento de los 25.000 millones de dólares que el Banco Mundial presta cada año se distribuye localmente, el 45 por ciento restante se entrega directamente a empresas extranjeras a través de “Licitaciones competitivas internacionales”. La mayoría de esos contratos, se dice en el informe, va a parar a empresas de la OCDE, el club de los países ricos, principalmente del Grupo de los 7 (principales países industrializados). Estados Unidos y Alemania obtienen cada uno seis por ciento de los contratos y Gran Bretaña tres por ciento. “En realidad, Gran Bretaña obtiene más en retribución por los contratos concedidos a sus empresas de lo que aporta al Banco”.

Los contratos de consultoría para proyectos financiados por el Banco –que absorben el 10 por ciento de los 25.000 millones destinados a préstamos- son particularmente propensos a casos de corrupción ya que no deben someterse a llamados internacionales o competir en licitaciones.

Ha surgido una serie de empresas especializadas que ayudan a las empresas a ganar ese tipo de negocios. Muchas fueron iniciadas por ex funcionarios y representantes del Banco Mundial. Por ejemplo, International Business Consultants fue creada por el que fuera encargado de contratación del Banco Mundial, Donald Strombom, cuando dejó el Banco en 1997.

En el informe también se identifica a los servicios bancarios privados y a los centros financieros en el exterior como los principales depositarios y vehículos de sobornos y ganancias obtenidas por métodos de corrupción.

“Cada año, alrededor de 40.000 millones de dólares –en gran medida obtenidos ilegítimamente– ingresan a bancos estadounidenses o europeos provenientes de economías pobres y ex comunistas”, dice el informe. Aproximadamente 30.000 millones de dólares de ayuda de Occidente “utilizada como parte del juego de la Guerra Fría de ganar amigos” ha terminado en cuentas de bancos suizos, añade. “Dirigentes de algunos países africanos tuvieron en total hasta 20.000 millones de dólares depositados en bancos suizos”.

Actualmente, se calcula que la banca privada -utilizada cada vez más en servicios confidenciales para élites internacionales– tiene un valor de 17 billones de dólares en todo el mundo, y experimenta un crecimiento enorme. El auge de la banca privada, se dice en el informe, tiene su origen en la crisis de la deuda y es la principal razón del permanente endeudamiento de varios países pobres.

“Debido a la crisis de la deuda de fines del 80 en adelante, los bancos occidentales tuvieron menos oportunidades de prestar a los países del Tercer Mundo y así comenzaron a buscar individuos ricos del Tercer Mundo para animarlos a que colocaran su riqueza en cuentas de bancos privados. El resultado fue una puerta giratoria. Los préstamos internacionales a los países en desarrollo fueron concedidos por los que estaban en el poder y transferidos a los bancos, irónicamente, a menudo a filiales de los mismos bancos privados internacionales que habían emitido el préstamo internacional en primer lugar”.

“Se estima que el 80 por ciento de los préstamos realizados por los bancos comerciales durante la década del 80 nunca llegaron a sus países de destino. En lugar de eso, permanecieron en cuentas bancarias del Norte. En América Latina, se piensa que dos tercios del total de la deuda ha sido depositada en bancos del Norte”, añade el informe.

También se sugiere que para adoptar medidas más radicales con las que recuperar el dinero robado, en primer lugar será necesario promulgar un convenio internacional y cerrar las lagunas legales que permiten que las ganancias malhabidas abandonen el país.

A diferencia de la guerra contra las drogas ilegales, que opone una férrea presión a las regiones productoras del mundo en desarrollo pero es blanda con los consumidores ricos del mundo desarrollado, la perorata sobre el “buen gobierno” en contra de los países en desarrollo puede darse vuelta a su favor, ya que hay mucho por descubrir sobre el buen gobierno en las filas mismas de quienes predican con tanta elocuencia sobre su santidad.