Foro de la OIT

Empleo, justicia social y bienestar

Esta es la ponencia principal presentada por el autor -premio Nobel de Economía 2001 y economista jefe del Banco Mundial entre 1996 y 1999- en el foro sobre empleo global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrado en Ginebra del 1 al 3 de noviembre de 2001.

Por Joseph E. Stiglitz

Quisiera presentar aquí una serie de propuestas que podrían parecer anodinas en una primera aproximación, pero que en una inspección más detallada, de hecho están lejos de serlo: el propósito de la actividad económica es incrementar el bienestar de los individuos, y las estructuras económicas que buscan el bienestar de los individuos son más deseables que aquéllas que no lo hacen. Políticos de todas las tendencias -izquierda, derecha y centro- rinden tributo a estas afirmaciones y, sin embargo, luego de un examen minucioso, resulta que las políticas que suelen adoptarse, a menudo son contrarias a esas afirmaciones. Gran parte de la economía tradicional le ha facilitado considerablemente la tarea a esos políticos que poseen una agenda diferente, y se la ha complicado a aquellos que la apoyan.

Quienquiera que tome seriamente la afirmación de que el propósito de la actividad económica es mejorar el bienestar de los individuos, debe comenzar su análisis con dos observaciones, ambas obvias, y una de ellas confirmada por numerosas investigaciones. La primera es que los individuos pasan gran parte de su vida en el trabajo y que la manera en la que transcurre el día –lo que hacen, su entorno físico, la forma de relacionarse con los demás y el trato que reciben– tiene enorme impacto en su sentido de bienestar. ¡Pensemos nada más en lo que comenta la gente no solamente en el trabajo, sino fuera de él!

La segunda es que para una gran parte de la población, el trabajo –o empleo– es importante. Los individuos que pierden su trabajo se sienten infelices –más infelices que otros con ese mismo nivel de ingreso. No es sólo la pérdida de ingreso lo que importa. Es el sentido de sí mismo del individuo. El desempleo está asociado a una gran variedad de patologías; desde mayores tasas de divorcios o suicidios a mayor incidencia de alcoholismo. Mientras que algunos individuos pueden sentirse felices y con una "ocupación" que les genere ingresos sin un trabajo, para muchos, la relación de empleo, el hecho de que alguien más reconozca su "contribución" mediante un pago, es importante. Estas actitudes están, por supuesto, socialmente determinadas; en las sociedades occidentales existe una demanda creciente, por ejemplo, por parte de las mujeres de participar en la fuerza de trabajo, demanda que no es solamente un reflejo de factores económicos.

Deseo dedicar unos minutos a explicar cómo la teoría económica estándar –reflejada en gran parte del acervo de las políticas populares– ha servido para socavar las afirmaciones mencionadas o para ir en contra de ellas. Una de las mayores "trampas" (algunos dirían "enfoques") de la economía neoclásica es tratar el trabajo como cualquier otro factor de la producción. La producción se expresa como una función de los insumos (acero, maquinaria y trabajo). Las matemáticas consideran el trabajo como una materia prima. Y el peligro es que, considerar al trabajo matemáticamente como una materia prima induce a pensar en el mismo como una materia prima común, como el acero o el plástico. Pero el trabajo no es una materia prima como cualquier otra. El ambiente laboral no tiene ninguna importancia para el acero; no nos preocupa su bienestar, aunque seguramente tomaremos precauciones para que el ambiente no lo herrumbre ya que esto afectaría en forma adversa las características de su desempeño.

El acero no necesita ser motivado para trabajar como un insumo. El acero hace lo que sea que se le "ordene". Pero una buena parte de las energías de gerenciamiento se relaciona con motivar el trabajo.

La distinción surge de la naturaleza humana del trabajo. Los individuos deciden, por ejemplo, sobre cuánto trabajar y con qué cuidado. Su comportamiento es afectado por su entorno, incluido los incentivos que se les ofrecen. En la teoría estándar, se contratan individuos para desempeñar cierto trabajo y se les paga si y sólo si lo completan. Hacer cumplir el contrato no cuesta nada –en parte debido a la información acerca de si la tarea (que se especifica con minucia infinita) ha sido o no completada. En realidad, las imperfecciones de la información abundan en la economía, y tales imperfecciones tienen profundos impactos en la forma en que la misma se comporta, lo cual es un hecho reconocido por el Premio Nobel de este año, que se dedicó en particular a las asimetrías de la información.

A pesar de no ser ésta la ocasión para revisar todas las consecuencias de las imperfecciones de la información, quiero resaltar tres de ellas, que guardan particularmente relación con la tesis de esta conferencia. En primer lugar, las imperfecciones de la información conducen a imperfecciones de la competencia; pero el sorprendente resultado de nuestra investigación es que aun un muy pequeño error de información –incluso un mínimo costo de búsqueda, por ejemplo, de un nuevo trabajo– puede tener un efecto enorme. Los economistas siempre supieron que la información era imperfecta pero esperaban que un poquito de imperfección sólo cambiaría levemente el equilibrio, y pensaban que las imperfecciones eran en efecto pequeñas. Estas esperanzas no se basaban en trabajo analítico sino más bien en la constatación de que si esto no fuera verdad, los modelos que los economistas habían usado por décadas y las conclusiones derivadas de ellos tendrían muy poca relevancia. Expresado de forma tal vez exagerada, esto volvería obsoletos muchos de los análisis económicos de la noche a la mañana. La nueva economía de la información mostró, sin embargo, que aun un pequeño costo de búsqueda podría provocar que el salario real equilibrado cayera del nivel competitivo al nivel de monopolio de demanda.

Los observadores de los mercados de trabajo han estado preocupados desde hace tiempo con las asimetrías de los poderes de negociación. La movilidad de los trabajadores es limitada; los empleados que son despedidos (por ejemplo, porque piden salarios más altos o mejores condiciones de trabajo) pueden ser estigmatizados, lo cual les dificulta conseguir otro trabajo, aun cuando los empleadores no actúen en connivencia; imperfecciones en los mercados de crédito (racionamiento del crédito, que puede a su vez explicarse como imperfecciones de la información), significan que el trabajador que está desempleado no puede sobrevivir bien por mucho tiempo; está en una posición mucho más precaria que el empleador que ha perdido dividendos, cualesquiera que éstos sean, debido a la pérdida de un trabajador. Lo que nuestro análisis mostró es que aun si otras imperfecciones del mercado no fueran importantes, los trabajadores están en una posición decididamente desventajosa.

En segundo lugar, puede haber desempleo: incluso cuando los salarios son tan altos que la demanda de mano de obra es menor a la oferta, los salarios pueden no disminuir; porque si una empresa rebaja los salarios, el esfuerzo de los trabajadores (o la calidad de la mano de obra contratada) puede decaer (o aumentar sus costos por recambio de personal). Para la mayoría del mundo, esto no es noticia. Pero para la teoría económica estándar sí lo es: la teoría neoclásica establecía que los mercados son siempre claros; lo que parecía ser desempleo era nada más que un cambio súbito en la demanda de tiempo libre. La economía de la información también enfatizaba que el proceso de ajuste descentralizado, al cual la teoría tradicional no prestaba atención –después de todo, con una información perfecta es fácil moverse al nuevo equilibrio toda vez que la economía se perturba–, a menudo trabajaba en forma imperfecta, produciendo tasas de desempleo transitorias que incluso excedían las tasas de desempleo equilibradas asociadas con salarios de eficiencia.

En tercer lugar, la teoría económica tradicional sostenía que los mercados eran autoajustables y eficientes, que la naturaleza del equilibrio (y su eficiencia) no dependía de la distribución ni de las instituciones. Era la ley de la oferta y la demanda la que determinaba la asignación de recursos (incluyendo los ingresos), y no las instituciones como la aparcería. Los problemas de eficiencia podían separarse convenientemente de los problemas de distribución. La economía de la información ha desafiado cada una de estas afirmaciones. Bruce Greenwald y yo demostramos que cuando la información es imperfecta o los mercados incompletos –es decir, siempre– los mercados no están siquiera restringidos a la eficiencia según Pareto, es decir que, en principio, existen intervenciones en el mercado que toman en consideración los costos de información y de creación de mercado, y que mejoran el bienestar de todos. La respuesta a nuestro análisis en cuanto a que hay fallas de mercado dominantes que podrían, en principio, abordarse mediante intervención gubernamental y que habíamos ignorado las imperfecciones de información en el sector público, era simplemente incorrecta. Las habíamos tomado en cuenta. De hecho, habíamos ido más lejos, e identificado razones que el conjunto de información del gobierno, sus poderes, las restricciones que enfrenta, difieren de aquéllas que se le plantean al sector privado descentralizado, y esto explicaba por qué, al menos en principio, el gobierno podía emprender acciones que mejoraran el bienestar social.

También demostramos que la naturaleza del equilibrio, incluyendo su eficiencia, podría bien depender de la distribución de la riqueza. Esto se ve muy claramente en el caso de las economías agrícolas simples, pero de hecho es válido en sentido más general. Los problemas de agencia asociados con la aparcería surgen debido a la disparidad entre la propiedad de la tierra y el capital. Los problemas de asimetría de información no se presentan cuando los trabajadores trabajan su propia tierra.

Si había o no una agenda política en las mentes de los que formularon y desarrollaron las teorías neoclásicas, no quiero aventurarme a adivinar. Pero está claro que para algunos con un particular conjunto de intereses las teorías resultaron convenientes. Si se pudieran separar los problemas de eficiencia de la equidad, según proclamaba la teoría neoclásica, se podría perseguir un programa político enfocado sólo en el primero –diciendo que si la sociedad, a través de su proceso político, quisiera cambiar la distribución del ingreso, ese es un problema al que podría volver en cualquier momento; independientemente de las consideraciones sobre equidad, tenía sentido eliminar las distorsiones de la economía que impedían la eficiencia.

En los modelos competitivos estándar, cualquier interferencia con el libre funcionamiento de la economía tenía efectos adversos en la eficiencia, tanto si se trataba de leyes de salario mínimo o de sindicatos (que introdujeron la competencia imperfecta en los mercados laborales), como de requisitos sobre las condiciones de trabajo (después de todo, un patrón que ofreciera al trabajador peores condiciones de trabajo sólo podría contratarlo si ofreciera pagarle un salario proporcionalmente más alto; las empresas sopesarían cuidadosamente el costo extra de mejorar las condiciones con los costos extra en los salarios, de no hacerlo, y esos costos extra de salarios representaban el beneficio marginal de las mejores condiciones de trabajo.) Se criticaron las intervenciones gubernamentales a favor de mejorar la seguridad laboral, pero incluso cuando se llegaron a requisitos similares como resultado de negociaciones sindicales, tales requisitos fueron criticados, como evidencia del poder monopólico de los sindicatos. Se criticaron los programas de pensiones; los impuestos sobre planillas de salarios que supuestamente llevaban a mayores costos de mano de obra proveían una explicación clave para el desempleo.

Por supuesto, era inconveniente que muchas de las afirmaciones principales tuvieran muy poco soporte empírico. El trabajo de Card y Krueger demostró con firmeza que la legislación de salario mínimo ciertamente no tenía los serios efectos adversos sobre el empleo anunciados por la teoría estándar, y quizá incluso tuviese un efecto positivo. La teoría económica tampoco daba crédito a muchas de las afirmaciones, incluso sin recurrir a las modernas teorías de la información. Incluso si los beneficios no dependieran de las contribuciones, los impuestos sobre planillas de salarios deberían desplazarse hacia atrás en gran parte, excepto para los trabajadores con salario mínimo y, por consiguiente, no tendrían ningún efecto en el empleo; y en la medida en que los beneficios dependan de las contribuciones, tendrán poco o ningún efecto (o incluso un efecto positivo) en la oferta de mano de obra. Pero la economía de la información explicó claramente por qué el equilibrio de mercado no era en general eficiente, por qué, por ejemplo, las empresas "subofrecían" requisitos contractuales para mejorar la seguridad laboral.

En resumen, el mantra para un aumento de la flexibilidad del mercado laboral era sólo un intento mal disfrazado de reducir –bajo la apariencia de "eficiencia económica"– los beneficios que los trabajadores habían obtenido a lo largo de años de negociaciones y actividad política. Seguramente, algunas veces los sindicatos pueden haber más que corregido el desequilibrio del poder de negociación preexistente, y usado ese poder para impulsar una protección excesiva para sus trabajadores, a expensas de otros trabajadores dentro de la economía. Pero si eso sucediera, la respuesta no es pretender que en ausencia de tales protecciones, el mercado competitivo llevará a resultados eficientes o equitativos; sino más bien tratar de reparar los desequilibrios.

Aunque los derechos de asociación son importantes en la corrección de los desequilibrios del poder de mercado existente en los mercados de trabajo, es más común que, incluso con tales derechos, los trabajadores están en una posición desfavorable. Resulta mucho más fácil a un empleador reemplazar trabajadores recalcitrantes que a los empleados "reemplazar" un patrón recalcitrante, especialmente cuando la tasa de desempleo es alta. Así, el gobierno tiene un importante rol, por ejemplo, en cuanto a garantizar la salud y la seguridad laborales.

Pero hay otras políticas –a veces en apariencia bastante remotas del mercado laboral– que afectan el resultado del proceso de negociación. La liberalización del mercado de capitales mejora el poder de negociación del capital: en efecto, le da al "capital" el derecho de anunciar que, si se lo grava con impuestos excesivos, o si no le gustan otras medidas que se adopten, se va a llevar su dinero fuera del país. Aumenta el punto de amenaza del capital y, por lo tanto, inclina el resultado más a su favor. Llevado a sus últimas consecuencias, significa que el capital no puede ser gravado en absoluto. Si se adoptasen medidas similares para mejorar la movilidad laboral, también se limitaría la capacidad de gravar el trabajo. Un resultado estándar en teoría impositiva bien conocido establece que un impuesto óptimo debería estar inversamente relacionado con la elasticidad de la oferta; la liberalización del mercado de capitales lleva así a un impuesto óptimo más bajo.

De esa forma, "flexibilidad del mercado laboral" y "liberalización del mercado de capitales" pueden parecer políticas simétricas al liberar los mercados laboral y de capitales, respectivamente; pero tienen consecuencias muy asimétricas –y ambos sirven para mejorar el bienestar del capital a expensas de los trabajadores. Estas recetas se han tornado tan enraizadas en el mantra de las buenas políticas que las consecuencias distributivas se han ignorado totalmente; y, por supuesto, si la eficiencia y la distribución pudieran separarse, tal como lo afirmaba la teoría tradicional, la falla no hubiera sido tan importante.

No se trata, por supuesto, tan sólo de que los que apoyan estas políticas hayan pasado por alto las imperfecciones de la competencia y de la información. Existen otras imperfecciones del mercado (algunas derivadas de imperfecciones de información) a las que han hecho la vista gorda. Con mercados de seguros imperfectos, los individuos se preocupan acerca de la volatilidad de sus ingresos. Se pueden ajustar sólo en forma imperfecta y a menudo a un alto costo. Los riesgos importan de una manera que no lo harían si los mercados fueran perfectos. Ciertamente, las encuestas entre trabajadores pobres sugieren que la inseguridad se encuentra entre sus preocupaciones más graves, que la inestabilidad es una de las causas y manifestaciones de pobreza más importantes. Sin embargo, las políticas del Consenso de Washington no sólo han apoyado políticas que aumentan la inestabilidad, sino también la eliminación de las protecciones de la seguridad social ligada al empleo (que los mercados por sí mismos a menudo no proporcionan).

Un importante conjunto de imperfecciones del mercado tiene que ver con la gobernanza corporativa. Los gerentes empresariales pueden no actuar a favor de los intereses de los accionistas, los accionistas mayoritarios pueden no actuar a favor de los intereses de los accionistas minoritarios, y en un sentido más amplio, las preocupaciones de otros actores pueden no estar reflejadas adecuadamente en la toma de decisiones de las empresas.

Los que apoyan estas "políticas favorables al mercado" (que podrían mejor llamarse políticas "favorables al mercado de capitales"), como quizás sea lógico, no han seguido consistentemente las simetrías a las que el modelo neoclásico los podría haber llevado. Por ejemplo, ellos hablan de la disciplina que proporciona la liberalización del mercado de capitales –una disciplina de un mercado caprichoso, que exhibe no sólo una exuberancia irracional, sino a veces un pesimismo irracional. Aquellos que se someten a esta disciplina saben también que tiene perspectivas e ideologías particulares. Imaginen qué diferente sería la disciplina proporcionada si la mano de obra especializada, o no especializada, fuera perfectamente móvil. Por ejemplo, podría amenazar con abandonar un país que no proporcionara una calidad de aire adecuada, o que tuviera un ambiente degradado.

Como otra manifestación de las "políticas favorables al mercado de capitales", consideren el reciente empuje de las privatizaciones de la seguridad social y el reemplazo de los programas de beneficios definidos con programas de contribuciones definidas. Aunque ésta no sea la ocasión para iniciar un debate sobre estos temas, debería quedar claro que la privatización sería un enorme beneficio para aquellas empresas que administran los fondos de pensiones y suministran las anualidades y, al mismo tiempo, impondría riesgos inmensamente mayores a los trabajadores, dado que el mercado en la mayoría de los países no provee seguridades que estén completamente indexadas por la inflación. Más aún, hay evidencia que sugiere que incluso en los mercados de capitales altamente eficientes, como en el Reino Unido, los costos de las transacciones son tan grandes que los beneficios de las privatizaciones se reducen en un 40 por ciento.

Los defensores de las doctrinas favorables al mercado (de capitales) no han seguido consistentemente las doctrinas que establecen que las instituciones no tienen importancia. Argumentan que las instituciones monetarias sí importan. No contentos con cambiar el entorno económico más amplio en formas que inclinan el equilibrio de poder, han hecho presión a favor de instituciones monetarias que inclinan la balanza aún más, apoyando bancos centrales independientes no representativos, con mandato relativo únicamente a la estabilidad de precios. Nuevamente tratan de utilizar un "razonamiento" económico para apoyar sus conclusiones, con regresiones que demuestran que los países con bancos centrales independientes tienen inflaciones más bajas. Pero han confundido los fines con los medios –tal como lo hacía toda la iniciativa que considera al trabajo como un mero factor de la producción. La inflación es un punto de preocupación sólo en tanto lleve a resultados reales peores, por ejemplo, crecimiento menor, mayor pobreza, y mayor desigualdad. En el mejor de los casos, el vínculo entre bancos centrales independientes y estos resultados reales es tenue.

Incluso si uno creyera que institucionalmente es preferible tener un banco central independiente (encuentro este argumento más convincente para el caso de países con una larga historia de inflación alta, y no para el caso contrario), independencia no es lo mismo que no-representatividad. Uno puede tener un banco central independiente, donde están representados los diversos intereses de diferentes actores. No es el caso de que haya una única política dominante de acuerdo a Pareto, una con la que pudieran concordar todas las personas "razonables", y en tanto éste sea el caso, uno no puede o, al menos, no debería, delegar la toma de decisiones en los tecnócratas, e incluso menos delegar la toma de decisiones en un grupo cuyos intereses sean marcadamente diferentes de otros. Retomaré este punto al final de la siguiente sección.

En la sección previa se planteaba el posible papel del gobierno en el mercado laboral: como mínimo, asegurar el derecho a la acción colectiva y exigir estándares mínimos. El concepto de que los mercados fracasan en asegurar resultados socialmente eficientes (y deseables) ha sido largamente reconocido. Keynes señalaba que podría haber desempleo persistente. Pero por un juego de manos, lo que vino a ser llamado síntesis neoclásica (Samuelson, 1997) alegaba que, una vez rectificada la falla del mercado de desempleo masivo, los mercados funcionaban eficientemente; prevaleció el modelo neoclásico estándar, con sus implicaciones de eficiencia. La síntesis neoclásica era simplemente una aseveración, una esperanza, un intento de limitar el espectro para una potencial intervención del gobierno por parte de aquéllos comprometidos con el modelo de mercado. Bruce Greenwald y yo argumentamos que era mucho más verosímil asumir que existían fallas del mercado dominantes, de las que el desempleo masivo una de sus manifestaciones más obvias, la punta del iceberg que no podía ser ignorada. La investigación sobre la economía de la información ayudó a explicar el error del modelo neoclásico estándar, por qué era el caso de que podía haber desempleo equilibrado, por qué los choques a la economía podían amplificarse, y resultar en que la economía operara muy por debajo de su "potencial" por largos períodos, y en la persistencia de niveles de desempleo mucho más altos que el nivel de "equilibrio".

Desde Keynes y la Gran Depresión, pocos han creído en la ley de Say, es decir, que un aumento de la oferta de trabajo automáticamente aumentaría la demanda. Las teorías a las que me he referido anteriormente explicaban de qué manera la intervención del gobierno podía ayudar a estabilizar la economía con una menor volatilidad y mayores niveles de empleo equilibrados. Los preceptos de las políticas fiscales y monetarias anticíclicas se han llegado a enseñar como parte de la macroeconomía estándar en universidades de todo el mundo. Sin embargo, sorprendentemente, si observamos los datos, vemos que los gobiernos de los países menos desarrollados establecen regularmente políticas fiscales pro-cíclicas. Peor aun, hemos sido testigos de cómo el FMI ha preconizado ajustes fiscales y monetarios frente a una recesión inminente. Hemos visto cómo esas políticas exacerbaron las recesiones del Este asiático, ayudando a convertirlas en depresión, de la que algunos países aún no se han recuperado completamente. El FMI ha establecido estrategias para la reestructuración del mercado financiero que también han tenido efectos adversos en el desempeño macroeconómico. En sus programas de ajuste estructural, a menudo ha combinado liberalización del comercio con tasas de interés tan altas que la creación de empleos y empresas hubiera sido imposible incluso en la mejor de las circunstancias económicas, mucho menos en las circunstancias más adversas imperantes en la mayoría de los países en desarrollo. Como los países afectados no podían competir con los productos agrícolas altamente subsidiados de Estados Unidos y de otros países, los principios de ventaja comparativa no terminaron de la manera predicha por los libros de texto estándar. Más que los recursos moviéndose de sectores de baja productividad a productividad más alta, simplemente se movieron de baja productividad a desempleo.

En las economías en transición, nuevamente el marco de las políticas a menudo no derivó en la creación de empleos –e incluso si la ausencia de una red de seguridad implicó que algunos empleadores no despidieran a sus trabajadores, por lo que hubo un menor desempleo abierto del que hubiera habido de otra manera, significó que estaban subempleados y muchas veces sin pago. Ahora conocemos los devastadores efectos –un PIB en Rusia que es 40 por ciento más bajo que 10 años atrás, y una tasa de pobreza que se ha disparado de un dos por ciento a un 40 por ciento o más. Las privatizaciones, que se suponían eran la base de la creación de riqueza (y de empleos), se convirtieron en los cimientos para la liquidación de activos y la destrucción de empleos.

Repetidamente, hemos visto entrar en juego un círculo vicioso: con tasas de desempleo excesivamente altas, la cohesión social se deteriora, con una multitud de manifestaciones sociales, desde violencia urbana a disturbios y conflictos sociales, que crean un ambiente poco atractivo para la inversión y la creación de empleos. Lo vimos en Indonesia, donde yo predije en diciembre de 1997 que si se mantenían las políticas fiscales y monetarias de severa austeridad que se habían impuesto en ese país, habría disturbios civiles y políticos dentro de los seis meses. Desafortunadamente, mi predicción fue totalmente correcta.

Mientras que las altas tasas de interés impiden la creación de empleos, en el caso de empresas de fuerte apalancamiento, un aumento importante en las tasas de interés contribuye a la destrucción de empleos –como también hemos visto en el Este asiático. Fuerzan a las empresas a la bancarrota, e incluso si eventualmente se logra redistribuir los recursos (aunque puedan haber pérdidas considerables de activos y valores de activos en el proceso), en el interín puede haber un desempleo alto. Lamentablemente, bajar las tasas de interés no repara el daño: las empresas en quiebra no pueden anular el proceso de quiebra. Este es uno de varios efectos histeréticos importantes dentro del mercado laboral.

En el desarrollo, la transición y las crisis –o incluso en los períodos de contracción económica normales– los mercados no llevan automáticamente y en forma rápida al pleno empleo, y actualmente hay un reconocimiento casi universal de que el gobierno tiene un rol importante en facilitar la creación de empleos y mantener la economía con pleno empleo. Ahora sabemos muchas cosas sobre el diseño de programas de estímulos efectivos. Sabemos que la política monetaria es más efectiva para constreñir una economía en auge que para estimularla en una recesión, y que por lo tanto debemos depender de medidas fiscales. También sabemos muchas cosas sobre cómo diseñar medidas fiscales efectivas –medidas que operan rápidamente y que tienen altos multiplicadores (y en países con fuertes divisiones sociales, que no exacerban esas divisiones). Por ejemplo, las políticas que cambian los precios intertemporales para fomentar el consumo y la inversión durante un período de desempleo anticipado (en el cual los precios sombra de los recursos son bajos) y que reducen las restricciones de liquidez (explicadas a su vez por las asimetrías de la información), que limitan los gastos tanto de inversiones como de consumo, son más efectivas que, por ejemplo, los recortes impositivos para los ricos o créditos en las tasas de inversión permanentes.

Sin importar qué tan bien administramos la economía, siempre habrá contracciones y, con éstas, desempleo. Aunque sabemos más acerca de administración macroeconómica, en todo el mundo las crisis económicas se han vuelto más frecuentes y profundas (cerca de cien países han enfrentado crisis en el último cuarto de siglo). Yo creo que hay algunas razones para esto: los cambios en la arquitectura económica global, incluyendo la liberalización de los mercados de capitales, han aumentado los riesgos, más allá de la capacidad de hacer frente en los países en desarrollo. Así, cualquiera que se interese por empleo y trabajo digno, debe preocuparse por aquellas características de la arquitectura económica global que contribuyen a la volatilidad, mientras que se debe urgir a los países a construir redes de seguridad adecuadas (aunque, al mismo tiempo, uno debería reconocer lo inadecuado de tales redes de seguridad, incluso en países industrializados avanzados, y en los sectores agrícola y de empleo por cuenta propia, que predominan en los países menos desarrollados). Pero, contrariamente, parece perverso argumentar a la vez a favor de medidas que mejoren la volatilidad global y en contra de medidas que mejoren la seguridad de los trabajadores. Es de notar, sin embargo, que ésta es precisamente la posición que han tomado los defensores de las doctrinas neoliberales.

El hecho de que existan muchas dudas en cuanto a la dinámica de la economía implica que hay muy pocas certezas acerca de las consecuencias de cualquier política. Por ejemplo, hoy en día no sabemos que tan profunda será la recesión, o pudiera haber sido si no fuera por la intervención gubernamental. Todos los procesos de toma de decisiones deben tomar en cuenta estos riesgos; debe implicar un proceso de toma de decisiones secuencial, revisando las políticas a medida que se disponga de nueva información. Pero las estructuras de las políticas también deben tener en cuenta procesos irreversibles y no lineales, por ejemplo, el ya mencionado hecho de que aunque un pequeño aumento en las tasas de interés puede no forzar una compañía a la quiebra, sí pueden hacerlo los grandes aumentos, con enormes implicaciones para la disolución del capital institucional; y una baja de tasas de interés posterior puede no deshacer el daño. Diferentes políticas conllevan diferentes riesgos, asumidos éstos por diferentes grupos dentro de las sociedades. No es de extrañar que las políticas defendidas por aquéllos que tienen intereses financieros resultan en que los trabajadores soportan una parte desproporcionada de los riesgos.

Al enmarcar las políticas macroeconómicas debemos focalizarnos en los últimos objetivos, y no en las variables intermedias –en empleo, crecimiento, niveles de vida, no en tasas de interés, de inflación o de cambio, variables que son importantes sólo en la medida que afectan las variables de importancia fundamental. Típicamente, sin embargo, el análisis macroeconómico se enmarca en torno a un trade-off entre una variable que concierne directamente –empleo y producción actuales– y una variable intermedia –inflación. Se afirma que una mayor inflación tendrá como consecuencia un menor crecimiento –aunque es difícil encontrar evidencia de una relación estadística y económicamente significativa para países que, como los Estados Unidos, enfrentan una inflación baja. Se afirma que una vez que la inflación comienza a crecer, será difícil revertirla, que la economía está en un precipicio de estabilidad de precios, del que es fácil caer. Otra vez, no hay evidencia para esta "teoría del precipicio." Finalmente, se afirma que una vez que la inflación comienza, es muy costoso revertirla. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario –que la "curva de Phillips aumentada" es lineal o convexa, no cóncava, al menos para los Estados Unidos.

No es de extrañar entonces que hayan habido tan pocos análisis de trade-off entre variables de preocupación fundamental –es notablemente difícil establecer tales trade-off. Pero incluso si se pudiera hacer, el análisis requiere un enfoque en los riesgos: ¿cuáles son los riesgos asociados con políticas excesivamente agresivas? ¿con políticas insuficientemente agresivas? ¿y quién carga con esos riesgos? Debería quedar claro que las políticas alternativas fuerzan a llevar esos riesgos a diferentes grupos dentro de la sociedad. De ahí se desprende entonces que las políticas macroeconómicas no son un asunto puramente técnico y, en consecuencia, no deberían ser delegadas a los tecnócratas. Se deduce más firmemente aun que es al menos problemático delegar la toma de decisiones a un banco central independiente y no representativo de los distintos grupos afectados por las políticas macro, que están dominadas por los intereses financieros, y que prestan poca o ninguna atención al empleo.

Nuestra preocupación por el empleo y los trabajadores no lleva no sólo a abogar por políticas macroeconómicas fuertes, comprometidas con el mantenimiento del pleno empleo, y por políticas que conduzcan a una mayor estabilidad económica –y por redes de seguridad fuertes para proteger a los trabajadores contra las fluctuaciones inevitables que permanecen incluso con las mejores políticas económicas– sino también a abogar por acuerdos institucionales que aseguren que los intereses y preocupaciones de los trabajadores estén adecuadamente reflejados. En todo el mundo, incluso los gobiernos socialdemócratas han fallado, en su aquiescencia frente a bancos centrales no representativos e independientes. Hay muy poca evidencia para apoyar la visión de que países con bancos centrales independientes disfrutan de un crecimiento más rápido, alto empleo, mejores niveles de vida, o mejores salarios reales (manteniendo todo lo demás constante). No sorprende, por supuesto, que un banco central independiente enfocado exclusivamente en la inflación conduce a una inflación más baja; pero, como dije antes, la inflación es sólo una variable intermedia. Incluso si uno se pusiera de acuerdo en la independencia, no se deduce que el mandato del banco central deba ser exclusivamente la inflación –podría argumentar que la Reserva Federal con su mandato más amplio, que incluye empleo y crecimiento, ha servido bien a Estados Unidos. Y si uno argumenta que las políticas monetarias deben tomar en consideración los efectos sobre el empleo, entre otros objetivos, implica que si el banco central es independiente, no debería estar dominado por los intereses financieros; los trabajadores deberían tener voz, y una voz importante además.

Aunque gran parte de este documento se enfoca en el análisis económico –por ejemplo, sobre instituciones y políticas que contribuyeron al aumento del empleo, y sobre las carencias del modelo neoliberal, sería negligente de mi parte si no hiciera notar que lo que está en juego aquí no son sólo los modelos de funcionamiento de la economía sino también sus objetivos. Gran parte de las doctrinas neoliberales consideran el trabajo únicamente como un insumo de la producción como cualquier otro, tal como describimos anteriormente. Pero si el objetivo de la economía es mejorar los niveles de vida, entonces mejorar la seguridad social de los trabajadores se torna un fin en sí mismo: y sólo si uno cree que el mercado lleva a resultados eficientes puede uno sentirse seguro al no prestar atención explícita a la seguridad social de los trabajadores, confiando en que el mercado hará todos los trade-off correctos.

En otros trabajos (Stiglitz, 1998) he sostenido que el desarrollo es más que simplemente la acumulación de capitales y la reducción de las distorsiones (ineficiencias) de la economía; es una transformación de la sociedad, desde formas tradicionales de hacer cosas y modos tradicionales de pensamiento. Si el desarrollo fuera principalmente una cuestión de acumulación de capitales, entonces un desarrollo exitoso conllevaría ante todo hacer un país más atractivo para el capital, mejorando la "seguridad" del capital. (Dejamos de lado aquí el cuestionamiento sobre si las políticas actuales que el FMI ha promovido han tenido un verdadero éxito en ese sentido; podría discutirse si la liberalización del mercado de capitales, aunque ha ampliado el acceso al capital, también ha llevado a una creciente volatilidad, una mayor incidencia en las crisis y, en ese sentido y a nivel global, también puede no haber aumentado la "seguridad" del capital en realidad.)

Sin embargo, si el desarrollo hubiera de tener una base más amplia, deberíamos entonces al menos prestar tanta atención a los trabajadores como a su seguridad. Debemos persuadirlos de que ese cambio puede beneficiarlos –como no lo haría si se expusieran a una inseguridad creciente y un mayor desempleo. Pero muchas de las "reformas" de las políticas han hecho exactamente eso. En una nota más positiva, un desarrollo democrático exitoso conlleva un cuestionamiento a la autoridad y una participación en la toma de decisiones: lugares de trabajo democráticos y también procesos políticos democráticos. Estos traen consigo estructuras de gobierno más democráticas en todos los niveles.

Los principios que he establecido no son para nada radicales, a pesar de que en términos de doctrinas fundamentalistas de mercado, las cuales prevalecen en ciertos círculos, podrían parecerlo. Quiero concluir mi charla dedicándole algunos minutos al rol de la comunidad internacional.

Para empezar, una breve premisa que debería ser incontrovertible pero me temo que, de algún modo, podría verse como discutible. La misma es que la comunidad internacional no debería apoyar políticas que contravengan los mencionados principios. Sin embargo, esto es precisamente lo que la comunidad internacional ha estado haciendo, a través de las políticas del consenso de Washington, que han prevalecido al interior de las instituciones económicas internacionales. Han apoyado políticas macroeconómicas que han resultado en altos e innecesarios índices de desempleo, con políticas monetarias y fiscales pro-cíclicas cuyas manifestaciones peores y más dramáticas se han observado en el Este asiático, pero que han sido claras para aquéllos que han trabajado durante años en países en desarrollo. La comunidad internacional ha apoyado políticas financieras que han reemplazado a estabilizadores automáticos por desestabilizadores automáticos. (A medida que la economía entra en recesión, aumentan los préstamos no redituables, y la estricta aplicación de los estándares de adecuación de capitales fuerza a los bancos a restringir los créditos, acelerando automáticamente la decadencia.) También han impulsado la privatización de las pensiones a la vejez, lo que expone a los ancianos a riesgos de los que de otro modo podrían haber estado protegidos, y que impone costos de transacción, lo cual mientras enriquece a los proveedores de estos servicios financieros, disminuye considerablemente los beneficios obtenidos por los ancianos. Han impulsado no sólo políticas como la liberalización del mercado de capitales, que expone a los países a enormes riesgos que no pueden manejar apropiadamente, sino que además han promovido la "flexibilidad del mercado de trabajo", obligando a los trabajadores a sufrir más de lleno las consecuencias adversas de estas políticas. Se han opuesto, o al menos no han apoyado, a los reclamos por los derechos de acción colectiva. (El argumento que presentan es que aquello se inmiscuiría con la política –a pesar de que en miles de otros contextos, se sienten perfectamente cómodos haciéndolo.) Esta no es la ocasión para intentar explicar por qué la comunidad internacional ha tomado tales posturas, a pesar de que, dada la estructura de gobierno, las mismas están lejos de sorprendernos: los gobiernos son dirigidos por ministros de finanzas y directores de bancos centrales, cuyos intereses, perspectivas e ideologías no son muy a menudo completamente favorables a las inquietudes de los trabajadores.

Sin embargo, creo que la comunidad internacional debería ir más allá. El FMI se estableció hace más de medio siglo, por temor a que el mundo se hundiera nuevamente en una recesión global una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el FMI presionaría a los países a tener políticas expansionistas, reconociendo que un descenso en la actividad de un país tiene efectos secundarios en otros (una externalidad negativa), y que proveería los recursos necesarios para que esto fuera posible. No solamente ha abandonado su mandato original; perversamente, ha tomado la posición contraria, demasiado a menudo condicionando la provisión de fondos a aquellos países que se comprometen a llevar adelante políticas de austeridad. Anteriormente mencioné el hecho de que muchos países menos desarrollados tienen políticas fiscales pro cíclicas. Muy a menudo esta perversidad surge no tanto de la falta de conocimiento de la economía moderna como de la falta de recursos. Como expresa el dicho, los bancos sólo prestan a los que no necesitan su dinero; cuando los países en desarrollo entran en recesión, sacan sus préstamos, exacerbando la caída económica. Los países en desarrollo no sólo se ven forzados a exorbitantes tasas de interés, con primas de riesgo que reflejan un pesimismo irracional como contraparte de la excesiva exuberancia del auge; sino que podrían verse imposibilitados de acceder al crédito. Actualmente existe un apoyo considerable a la hipótesis de que pudiera haber un racionamiento del crédito, cuya existencia puede explicarse mediante las teorías de la información asimétrica e imperfecta (ver por ej. Stiglitz y Weiss, 1981). La presencia de este racionamiento del crédito (a veces referida como restricciones de liquidez) provee la razón de ser del FMI: por qué un organismo público internacional es necesario. Pero desafortunadamente, más que proveer la liquidez necesaria a los países en desarrollo y así posibilitarles el desarrollo de políticas de pleno empleo, típicamente el FMI brinda liquidez sólo a los países que cumplan con la condición de seguir políticas de austeridad.

Pero existe una crítica más fundamental a las estrategias del FMI, que se enfoca en los déficits comerciales de los países. A aquellos países con grandes déficits comerciales se les ordena eliminarlos, pero no se les dice ni una palabra a los que mantienen superávits comerciales sostenidos. Si el déficit es un vicio, entonces el superávit debe ser una virtud. Cuán diferente de la concepción de Keynes: los países con superávits eran la fuente del problema, ya que su insistencia en grandes niveles de ahorro contribuía al "subconsumo" y a una insuficiencia de la demanda agregada, amenazando la prosperidad global. Incluso se hablaba de imponer sanciones a los países con superávit.

El FMI más moderno parece estar perdiendo una identidad central: la suma de todos los déficits y superávits comerciales debe resultar igual a cero, entonces si algunos países –como China y Japón– insisten en tener grandes superávits, otros países deben tener sus correspondientes enormes déficits. Los déficits son como "papas calientes". Cuando un país es obligado a eliminar su déficit, esto debe aparecer en algún otro lugar del sistema. Enfocándonos en los déficits comerciales, no es sorprendente entonces que haya siempre una crisis inminente en algún lugar del mundo.

Estos asuntos han cobrado una mayor urgencia hoy en día mientras el mundo se desliza hacia un importante enlentecimiento. El tema no es si el crecimiento será negativo: el punto es que la economía global se está desempeñando considerablemente por debajo de su potencial, y que la brecha terminará inevitablemente resultando en un aumento del desempleo.

Existe un remedio simple. Como he observado antes, los problemas de insuficiencia de la demanda agregada global estaban muy presentes en las mentes de Keynes y otros en tiempos de la fundación del FMI. Existe un marco de referencia para mejorar el poder de compra agregada, a través de la creación de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Una forma de pensar respecto de este tema es la siguiente: asumir que las naciones del mundo desean mantener reservas iguales a un porcentaje fijo de sus PIB. Con un PIB global de alrededor de 40 billones de dólares, y un crecimiento de alrededor del dos por ciento, si las reservas alcanzan el cinco por ciento del PIB, las reservas agregadas aumentarían unos 40.000 millones de dólares anuales. Considerando los superávits de China y Japón, sería más realista el doble de esta cifra. Una emisión anual de DEG por esa cifra contrarrestaría el poder de compra que fue ahorrado en reservas y que, de esta forma, no sería inflacionaria. Los DEG podrían utilizarse para perseguir intereses globales –desde ayudar a los países más pobres hasta mejorar la calidad del medio ambiente global.

Durante las últimas décadas, el FMI se ha enfocado en el rescate de acreedores y en apoyar la agenda neoliberal. Ha llegado el momento de que el FMI regrese a su misión original –asegurar la liquidez global para permitir el crecimiento global sostenido y, con ese crecimiento, el pleno empleo.

No obstante pienso que la comunidad internacional debería ir más lejos aún: no es suficiente solamente "no hacer daño", o hacer regresar al FMI a su rol de promoción de la prosperidad económica global. La comunidad internacional debería abogar por trabajo digno, por el pleno empleo y mejores condiciones de trabajo. Hoy en día existe una vigilancia internacional de los países en términos de conformidad con las normas internacionales sobre las políticas macroeconómicas y las instituciones financieras. Las consultas del FMI sobre el artículo 4 se han ampliado más allá de una revisión sobre si los países se ajustan a los artículos de los acuerdos, resultando en una evaluación intrusiva de una variedad de políticas –pero mientras que algunos indicadores macroeconómicos reciben una enorme atención, otros, tales como los niveles de empleo, los niveles salariales y de las disparidades en las compensaciones, son virtualmente ignorados. Creo muy firmemente que la información ayuda a moldear los comportamientos. Si nos enfocamos en el desempleo, es prácticamente inevitable que busquemos asegurar que permanezca dentro de límites razonables, y si esto no sucede, nos preguntaremos por qué no. Si exigimos que antes que se adopten programas (tales como los de ajuste estructural), exista una "declaración de impacto del trabajo", entonces es más probable que se adopten, a su vez, políticas que minimicen los impactos adversos sobre los trabajadores.

Las evaluaciones deben ser conducidas por quienes tienen experiencia en el mercado de trabajo. Ya es tiempo de que reconozcamos que existen los trade-off en las políticas económicas, que no existe una única política dominante de acuerdo a Pareto. También deberíamos reconocer que existe una enorme incertidumbre acerca de las consecuencias de las políticas económicas, y que existe una correlación, quizás no tan sorprendente, entre quienes tienen intereses y perspectivas particulares y los puntos de vista de la economía. Los integrantes de la comunidad financiera fueron quienes abogaron más fervientemente por la liberalización del mercado de capitales, ignorando la falta de evidencias convincentes, empíricas y teóricas, de que incrementaba el crecimiento, y la presencia de evidencias claras de que incrementaba la inestabilidad. Dentro de la profesión económica, los economistas laboralistas son mucho más escépticos acerca del reclamo de que aun los salarios mínimos moderados resultan en un desempleo considerable; aunque uno no acepte las conclusiones de Card y Krueger (1995) en cuanto a que no existen efectos adversos, sus resultados dan a entender claramente que si se da un efecto adverso, el mismo no es importante.

Necesitamos un nuevo marco de referencia para las consultas sobre el artículo 4, uno que se implemente con mayor apertura y transparencia, con una participación más amplia. Estas consultas servirán no para imponer condiciones a los países sino para mejorar los tipos de diálogo sobre políticas económicas, lo que debería ser central para la democracia.

Esta puede ser una reforma modesta: pero es un pequeño paso que podemos dar hacia la creación de políticas económicas que promuevan la justicia social y el bienestar de la sociedad.

En muchos países, las políticas laborales han sido subsumidas a políticas económicas más amplias, y terminaron siendo dominadas, en la mayoría de los casos, por los intereses financieros y comerciales. Tales intereses han sido enormemente exitosos en propagar la idea de que las políticas que persiguen sus intereses benefician a todos –una nueva versión de la "economía de goteo" que sugiere que los trabajadores no tienen que esperar mucho o para nada para recibir los beneficios de estas políticas preclaras. Ya que existe un solo conjunto de políticas dominantes según Pareto, la política económica puede confiarse simplemente a los tecnócratas, cuyo trabajo es ser artífices de la misma. El trabajo se ha sometido por demasiado tiempo, a veces convirtiéndose en un defensor más efectivo de estas políticas que aquéllos cuyos intereses sirven.

Seamos claros: lo que estoy reclamando no es el regreso a la lucha de clases, sino el simple reconocimiento de principios de larga data: que existen los trade-off y la incertidumbre, que distintas políticas afectan a distintos grupos de forma diversa, que el rol del asesor económico es informar a quienes diseñan las políticas de las consecuencias de las distintas decisiones, y que tomar esas decisiones es el rol del proceso político.

El hecho de que estos principios hayan sido frecuentemente socavados tiene algunas importantes implicancias. Mientras que todos nos referimos apasionadamente a la importancia de los principios democráticos, también reconocemos que nuestras democracias son imperfectas, y que las voces de algunos grupos se escuchan con mayor volumen que otras. En la arena de la política económica internacional, las voces de los intereses comerciales y financieros son mucho más fuertes que las de los intereses del trabajo y los consumidores. Como hemos dicho, han intentado convencer a los demás, con notable éxito, de que no existe un conflicto de intereses –lo que significa que no existen los trade-off. Las consecuencias hablan por sí mismas: la insatisfacción creciente con las políticas de reforma es en parte una consecuencia del hecho de que tantas personas estén realmente en peores condiciones. En México, por ejemplo, los ingresos del 30 por ciento más pobre de la población en realidad han disminuido en el correr de los últimos 16 años. Todas las ganancias del ingreso (reflejadas en incrementos del PIB per capita promedio) ocurrieron en el 30 por ciento más rico de la población y especialmente en el 10 por ciento más rico. El estudio del BID concluye, "Ningún país de América Latina de los que se disponen datos sobre distribución de ingreso, puede hacer alarde de una disminución en la desigualdad de ingresos durante los años noventa."

El rol del gobierno (y de las instituciones económicas internacionales, que son instituciones públicas intergubernamentales) en la determinación del marco de referencia económico (incluyendo el que afecta las relaciones laborales) significa que uno no puede separar a la política de la economía. Ambas están íntimamente entrelazadas. Esto fue reconocido por Teddy Roosevelt a comienzos del siglo pasado. Su ataque hacia los fideicomisos no estuvo tan motivado por la pérdida de eficiencia de los triángulos de Harberger resultantes del poder del monopolio, como por la pérdida de democracia derivada de la concentración de poder político que resulta de la concentración del poder económico. La legislación más estricta concerniente a la concentración de poder de los medios de comunicación refleja una preocupación similar. Sin embargo, las políticas económicas a menudo promovidas por las instituciones internacionales han tenido como resultado la devastación de las clases medias y el aumento del poder económico. Cuando los monopolios nacionales se venden previo al establecimiento efectivo de instituciones reguladoras y anti-trust, quienes poseen el poder de estos monopolios utilizarán su riqueza para perpetuarlo. ¡No son los Bill Gates ni los John D. Rockefeller del mundo los más fuertes defensores de la política de competencia! El juego entre la política y la economía se ha visto más dramáticamente en Rusia, donde el proceso de privatización resultó en la devastación de la clase media, en la creación de enormes desigualdades y en una oligarquía que, si busca establecer el imperio de la ley, utilizará su riqueza y poder para tratar de asegurar que ese imperio de la ley la favorezca.

En esta ponencia he intentado ampliar la discusión más allá de los confines de la economía: existen fallas de mercado, y existe un rol del gobierno en la corrección de tales fallas. Los mercados por sí mismos pueden fallar no sólo en generar pleno empleo, sino también en la provisión de condiciones de trabajo adecuadas. Existen imperfecciones de la competencia e imperfecciones de gobernanza corporativa, y las leyes que garantizan los derechos de asociación (negociación colectiva) de los trabajadores pueden servir para corregir el equilibrio, para darle una voz más efectiva a las inquietudes de los trabajadores, para mejorar la eficiencia económica global.

En los países industrializados más avanzados, hemos desarrollado una variedad de instituciones (incluyendo una fuerte academia independiente, comités asesores y ONG) que expresan las preocupaciones nacionales más amplias, los intereses de los consumidores y trabajadores, los que, aunque de forma imperfecta, limitan el alcance de intereses especiales. Esto no es así en muchos países en desarrollo. Lo que está en juego para estos países no es solamente una cuestión de eficiencia económica, sino el tipo de sociedad hacia la que evolucionarán, y la creación, o sobrevivencia de una democracia política significativa. La distribución del ingreso y la creación de instituciones que expresen efectivamente las inquietudes de los trabajadores importa, no sólo por eficiencia económica, sino por la dinámica de los cambios políticos y económicos. Por tomar sólo un ejemplo: la reforma agraria. En muchos países del mundo, la tierra está distribuida de forma enormemente desigual, y gran parte de la misma está en posesión de aparcerías. La participación del 50 por ciento que los granjeros deben pagar atenúa los incentivos. Si un gobierno impusiese un impuesto del 50 por ciento, las instituciones económicas internacionales protestarían en alta voz acerca de la atenuación de incentivos. La aparente falta de interés por parte del FMI es difícilmente una sorpresa: la reforma agraria perturbaría los intereses económicos establecidos, y podría aun cuestionar los derechos de propiedad existentes, sin importar cómo fue que se establecieron esos reclamos de propiedad en un principio. Puede argumentarse aun más a favor de la reforma agraria: varios de los más exitosos países en desarrollo han tenido importantes reformas agrarias antes o en las etapas tempranas de su transformación al desarrollo. Con los intereses de los sindicatos coincidiendo con los de los "sin-tierra", ambos pueden constituir una fuerza importante para conseguir la reforma agraria.

El desarrollo es más que la simple acumulación de capital y la eficiencia mejorada de la asignación de recursos, es la transformación de la sociedad. El desarrollo igualitario, sostenible y democrático requiere derechos laborales básicos, incluidos libertad de asociación y de negociación colectiva.

Si nosotros, como comunidad internacional, queremos promover un desarrollo igualitario, sostenible y democrático –desarrollo que promueva el bienestar social y avenido a los principios básicos de justicia social–, debemos reformar la arquitectura económica internacional, y debemos pronunciarnos más firmemente oponiéndonos a las políticas que trabajan contra los intereses de los trabajadores. Como mínimo, debemos señalar los trade-off, debemos insistir en los procesos democráticos para determinar cómo se toman las decisiones económicas. Hemos permanecido callados sobre estos asuntos demasiado tiempo, y las consecuencias han sido graves.

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