Negociaciones sobre servicios de la OMC

Enron y Argentina: dos casos para pensar

La catástrofe de Enron y la crisis de Argentina exponen la necesidad imperiosa de repensar la agenda de los principales países industriales en la cual la liberalización y la desregulación del sector servicios en el mundo en desarrollo están en los primeros lugares.

Por Chakravarthi Raghavan

Después del colapso de Enron Corporation, las continuas revelaciones, principalmente en la prensa, y los efectos de la crisis argentina con su virulenta repercusión política y social, arroja sombras sobre la agenda económica internacional, en particular las negociaciones en marcha en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para una mayor liberalización del comercio de servicios.

En Estados Unidos, los comités de supervisión del Senado y el parlamento han comenzado a investigar las consecuencias del caso Enron, y el Departamento de Justicia también ha comenzado investigaciones. Los principales grupos toman la ruta del derecho protegido constitucionalmente contra la autoincriminación. Sin embargo, pueden pasar años antes de que quede claro qué fue lo que sucedió y cómo remediar las cosas. Y si el pasado sirve de guía para el futuro, hubo varios casos, ya desde la década del 30 y la crisis de Wall Street, cuando se iniciaron minuciosas investigaciones después de cada escándalo, y promesas de normas o ajustes legales y de la administración, sólo para quedar en agua de borraja.

Esto no es meramente una enfermedad de Estados Unidos sino que también se ha manifestado cruzando el Atlántico. Cada tanto es posible que encarcelen a algún culpable, pero eso no cambia nada, ya sea en cómo se dirigen las compañías y pueden movilizar sus fondos por todos lados, o en la forma que sus auditores y bancos los esconden o ayudan a ello.

Los intentos de forzar la apertura de los sectores bancarios y otros sectores financieros de los países en desarrollo al capital extranjero, junto con la liberalización de los sectores y las corrientes transfronterizas de capital -como las que sumieron a Argentina en el caos- se intentan aplicar ahora en otros países, como India, que recibió la reciente visita del Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Kenneth Dam, para presionar al gobierno indio a dirigirse en esa dirección.

A pesar de la desaprobación pública en Washington, aparentemente también trató de defender los intereses de la subsidiaria de Enron en India, el proyecto energético Dabhol, con el argumento de que están siendo afectadas las instituciones y fondos financieros extranjeros y nacionales, y que el gobierno de Estados Unidos también tiene intereses en juego debido al apoyo financiero en el crédito y seguro a las exportaciones.

En términos de las conversaciones de servicios de la OMC, la nueva ronda de negociaciones emanadas del mandato y que comenzó en enero de 2000, forma ahora parte del "compromiso único" de las negociaciones multilaterales lanzadas en la Cuarta Conferencia Ministerial de Doha de noviembre de 2001.

Si bien Estados Unidos y la Unión Europea se unieron para crear una "agenda amplia" para el compromiso único -en la que las nuevas agendas y formulación de normas pueden llevar varios años-, su preocupación inmediata se centró en agricultura y servicios.

No obstante, en general todos coinciden en que es poco probable que las conversaciones sobre agricultura avancen demasiado en los próximos meses debido a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en Francia. En todo caso, quienquiera que gane, parece poco probable que haya alguna diferencia en su decisión de proteger la agricultura francesa. Y si bien Francia lleva la delantera en esta materia, los grupos de presión de la agricultura europea detentan un poder considerable también en otros países.

En Estados Unidos, la ley que autoriza la promoción del comercio adoptada por la Cámara de Representantes también ha establecido una serie de detallados procesos de consulta con los comités del Congreso, antes de que se hagan o acuerden ofertas. Se incluyen estipulaciones acerca de bajar los aranceles de los productos que actualmente están en 15 por ciento o más. Si bien en teoría el requisito previo a las consultas no impide cerrar tratos, conociendo los procesos legislativos de Estados Unidos, los obstáculos a las importaciones agrícolas seguirán elevados.

También desbarataría las esperanzas de muchos países en desarrollo de que abordarían su principal obstáculo de acceso al mercado: las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria. Poco después de que se adoptara la ley y se hicieran sentir todas las ramificaciones, el gobierno de Brasil dijo que las restricciones afectarían a unos 300 líneas de productos agrícolas brasileños. También está aumentando el apoyo a la agricultura nacional estadounidense.

En el frente de los servicios, no obstante, Estados Unidos y la Unión Europea tienen un objetivo común de forzar a una mayor liberalización -a través de fusiones en el extranjero- y concesiones de acceso a los mercados de los países en desarrollo, y el centro está en los servicios financieros y las telecomunicaciones. También hay interés en recibir el reconocimiento de la OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios para normas profesionales mundiales, tales como las de contabilidad y auditoría, que son fijadas por organismos privados, impidiendo regulaciones nacionales.

Sin embargo, comienza a haber ciertas dudas sobre esas agendas a la luz de las numerosas revelaciones sobre las actividades del sector empresarial luego del hundimiento de Enron.

Cuando estallaron los escándalos en noviembre, la administración Bush -pese a sus numerosos vínculos con Enron, que llegan hasta la propia Casa Blanca- rápidamente se distanció y consideró la idea de que Enron y sus ejecutivos habían buscado ayuda y favores pero no se había hecho nada al respecto.

Hubo también esfuerzos para sugerir que esto no tenía nada que ver con el sistema, sino que fue un caso de una empresa aislada con sus ejecutivos. Pero las revelaciones muestran casi diariamente que está involucrada una amplia gama de sectores y actores.

Las empresas han podido utilizar técnicas de contabilidad para esconder la realidad de los negocios a sus inversores. Los problemas no competen sólo a Enron, sino que aparentemente una serie de empresas también han utilizado las mismas técnicas para esconder las pérdidas, con inciertas ramificaciones. Lo único claro -y los mercados e inversores ya están castigando a las empresas- parece ser que sus hojas de balance y otras cuentas publicadas no revelan la verdad pero han sido disfrazadas para engañar a los inversores, incluidos los inversores institucionales. Esta práctica tampoco ha sido exclusiva de Estados Unidos, pues también ha sido utilizada en Europa.

Este tipo de "magia" del mercado financiero de convertir las pérdidas en ganancias ha sido posible gracias a técnicas financieras y contables promovidas, ayudadas o en connivencia con firmas auditoras, que también ofrecen servicios de consultoría en contabilidad. En el caso de Enron, Arthur Andersen ganaba más por honorarios de consultoría que de auditoría.

La utilización exitosa de tales técnicas para presentar un falso panorama y recabar fondos en el mercado también ha sido posible por la colaboración de bancos prominentes. Algunos de los bancos, que financian y asesoran a las empresas, aún sabiendo la situación real, reordenaron los diversos instrumentos financieros utilizados y sus corredores de bolsa y consultores vendieron e impusieron esas dudosas acciones en inversionistas de afuera con los cuales no tenían una relación fiduciaria, y por lo tanto no tenían que rendir cuentas ante ellos. Sus analistas de mercado también presentan un panorama de las compañías que no condice con la realidad. Tales prácticas han derivado en voluminosos legajos judiciales, y hasta el curioso espectáculo de un ala de un conocido banco de Wall Street llevando a juicio a la otra ala.

Varios bancos y empresas de Wall Street, y también sus contrapartes de Europa, parecen haber estado involucrados, y algunos de ellos estarían en una posición grave en cuanto a que pueden ser vulnerables a fusiones y compras hostiles.

Enron y el sector energético no han sido los únicos beneficiarios, también ganaron los sectores financiero y de telecomunicaciones, en los que hubo acelerados intentos por liberalizar el "comercio de servicios" después de cerrar el Acuerdo de la OMC. Las empresas de telecomunicaciones han recurrido a una serie de instrumentos, incluso "canjes" de acciones, donde la "venta" o el leasing es presentado como ganancia, ¡pero la contrapartida del canje no es mostrada como costo!

Y si bien Enron y varias empresas de comunicación son acusadas de presentar un panorama falso escondiendo deudas y así mostrando elevadas ganancias y elevando los precios de sus acciones, también está el caso contrario de las prácticas de Bill Gates y Microsoft Corporation, que están siendo investigadas, donde aparentemente se utilizó una reserva en efectivo muy elevada para nivelar el informe trimestral de ganancias, para que los inversores recibieran un panorama "suavizado" y los cambios en los perfiles de las ganancias no afectaran el valor de las acciones.

Las denuncias en la prensa demuestran que los sectores financiero y de telecomunicaciones y sus empresas gigantes están ahora en grandes problemas debido a sus anteriores técnicas de contabilidad que presentaron un panorama falso; ahora la realidad se está poniendo al día.

Las empresas han tenido tan amplio margen de maniobra como resultado de los estrechos vínculos y alianzas con altos representantes políticos, ministros y funcionarios claves, que se mueven del gobierno al sector privado y viceversa, así como con funcionarios que son designados para determinados puestos en nombre de las empresas. Las organizaciones internacionales tampoco son inmunes a este "virus". Revelaciones sobre la solicitud de fondos de Enron por una junta normativa contable demuestran que las empresas buscan comprar influencias entre esos organismos profesionales.

Y el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Paul Volcker, encargado de los fondos fiduciarios de la Fundación del Comité Internacional de Normas Contables, presentó ante el Senado de Estados Unidos el caso contra una mayor rigurosidad en las normas de auditoría y contabilidad.

Las empresas han podido comprar influencia en organismos gubernamentales y legislativos a través de donaciones y financiaciones con varios propósitos. Este tipo de cabildeo se ha desparramado ahora a todo el mundo. Como resultado, las empresas han podido asegurar a nivel nacional la desregulación y/o reformulación de los reglamentos de manera que convengan a sus intereses, y una administración o contralor muy laxo de esas normas y su observancia.

La misma política ha sido promovida e impulsada internacionalmente, vía la OMC, el FMI, el Banco Mundial, etc. Tanto en los acuerdos de la Ronda Uruguay como después, la prédica es el dogma de la desregulación, la liberalización y el desmantelamiento del sector público, con la venta de acciones, generalmente baratas, a empresas extranjeras. También se ha desarmado el Estado; muchas veces la amenaza de plantear diferencias en la OMC ha sido suficiente para impedir mejores regulaciones y/o puesta en práctica.

Todo esto se ha hecho en nombre del mercado libre, el libre comercio y la globalización.

Tanto en las negociaciones sobre servicios de la Ronda Uruguay como posteriormente, se intentó lograr el reconocimiento de la OMC para los órganos encargados de fijar normas para el ámbito profesional, y para que los gobiernos las apliquen en lugar de las regulaciones nacionales.

Esos intentos no prosperaron demasiado en ese momento debido a los conflictos entre la práctica Estados Unidos, que cree en normas amplias y detalladas, y los reclamos del Reino Unido y otros países que consideran que los organismos profesionales simplemente deben sentar los principios y confiar en que se observe el espíritu de los mismos, y no tanto la letra de la norma.

Desde entonces ha habido renovados esfuerzos, en términos de la nueva ronda de negociaciones de servicios, para que el Consejo para el Comercio de Servicios de la OMC, actuando conforme al Artículo VI, párrafos 4, 5 y 6 del GATS, desarrolle disciplinas para que las normas establecidas por esos organismos profesionales tengan más valor que las regulaciones nacionales.

Seguramente las actividades del órgano con sede en Basilea encargado de fijar normas para bancos y empresas bancarias, incluidas operaciones e instrumentos no bancarios –y la utilización de dichas normas en lugar de los enfoques basados en calificaciones internas para evaluar los riesgos y la adecuación del capital- perjudicarán a las instituciones de los países en desarrollo y aumentarán su vulnerabilidad a la competencia extranjera.

Cuando el enfoque basado en calificaciones internas propuesto sea utilizado para evaluar los valores de las acciones por la técnica de estimar el valor actual de las acciones sobre la base de la corrientes de ingresos esperada, en casos en que no hay un mercado real sino sólo modelos generados por computadora y los riesgos son evaluados para las normas de capital, inevitablemente habrá desventajas.

También hay acciones similares para los órganos internacionales supervisores de mercados de acciones, organismos de seguros, etc., para establecer normas y asegurar el acuerdo de los países industrializados del Grupo de los 10 para observarlas.

Esto es lo que se busca que "promueva" el FMI utilizando su Artículo IV de supervisión de mercados emergentes para hacerlos observar tales normas (en lugar de establecer regulaciones detalladas.

Esto también tendrá peso en la OMC para negociar no sólo las reglas de las normas internacionales sino también salvaguardias de emergencia y salvaguardias para la balanza de pagos, donde el FMI tiene gran participación en los procesos de consulta, una participación que ha empeorado por interpretaciones presentadas por el Órgano de Apelación en el caso de la balanza de pagos relacionada con India.

Se ha sugerido que con respecto a la balanza de pagos o salvaguardias de emergencia en el sector financiero, una de las consideraciones para aceptar la justificación sería hasta dónde el país en cuestión cumple las normas internacionales, que en muchos países, después del caso de Enron y otros, los órganos legislativos considerarán que no valen el papel en el que serán escritas.