Relator Especial de la ONU

Las nuevas conversaciones de la OMC deben incluir el derecho a la alimentación

Las normas del comercio internacional y la liberalización agrícola han socavado la seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo, señaló un experto de las Naciones Unidas en un informe ante la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial y reclamó que en su nueva ronda de negociaciones, la Organización Mundial de Comercio (OMC) incluya el tema de los derechos humanos, en especial el derecho a la alimentación.

Por Chakravarthi Raghavan

La nueva ronda de conversaciones de la Organización Mundial de Comercio debe abordar el tema de los derechos humanos y, en especial, el derecho a la alimentación, pero si no lo hace, "debemos buscar formas de integrar los derechos humanos y el derecho a la alimentación en las normas internacionales de comercio", dice Jean Ziegler, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación.

Se estima que hay unos 815 millones de personas desnutridas en el mundo, principalmente en los 122 países del Sur en desarrollo, y que anualmente mueren alrededor de 36 millones, directa o indirectamente, por hambre y deficiencias nutricionales. Debe cesar esta "masacre silenciosa y diaria" por el hambre, dijo Ziegler.

El informe de Ziegler (E/CN.4/2002/58) ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el segundo presentado por el Relator Especial, también abarca el tema del agua potable segura y sus vinculaciones con el derecho a la alimentación, como lo pidió la Asamblea General de la ONU, que discutió este informe preliminar el año pasado y reafirmó el derecho a la alimentación.

El informe de Ziegler también dirige la atención a "una forma de esquizofrenia" y a "las profundas contradicciones internas" dentro del sistema de la ONU, y dice que es necesario que esto sea considerado por los estados que son parte de tratados de derechos humanos y también miembros de instituciones financieras internacionales.

Por un lado, dice el informe, la ONU y sus organismos, como la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial para la Alimentación, destacan la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación, y promueven el desarrollo. Por otro, las instituciones de Bretton Woods, junto con el gobierno de Estados Unidos y la OMC, "se oponen en su práctica al derecho a la alimentación a través del accionar del Consenso de Washington, al poner énfasis en la liberalización, la desregulación, la privatización y la reducción de los presupuestos estatales nacionales, un modelo que produce mayores desigualdades", señala el informe de Ziegler. Y ante esta realidad, concluye: "Es necesario corregir esta conducta contradictoria de los estados".

En el mundo actual, ha quedado claro que "el mercado por sí solo no puede garantizar las necesidades básicas de toda la sociedad (y) muchos quedan a un costado".

A juzgar por los datos del propio Banco Mundial, resulta claro que los beneficios de la globalización y del comercio mundial no han sido distribuidos equitativamente. Varias ONG también señalan que la liberalización del comercio y la globalización han sido perjudiciales para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, y que la liberalización de la agricultura, que ha ocurrido principalmente en los países en desarrollo –en gran medida por los programas de ajuste estructural más que por las disposiciones de la OMC-, ha aumentado el hambre y la desnutrición.

"Los países desarrollados todavía tienen más autonomía para controlar su seguridad alimentaria local que los países en desarrollo. Los países industrializados han sido más lentos en liberalizar la agricultura, a pesar de las disposiciones del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC para crear un campo de juego parejo en el sistema de comercio agrícola en términos de acceso a los mercados, subsidios a las exportaciones y apoyo interno", señala el Relator Especial de la ONU.

"Varios países desarrollados han seguido protegiendo y apoyando su sector agrícola mientras que los países en desarrollo han tenido que liberalizar sus mercados en el marco de los programas de ajuste estructural, suprimiendo todo apoyo de subsidios así como reduciendo drásticamente los obstáculos a las importaciones alimentarias, mucho más allá de lo requerido formalmente por la OMC", continúa. "Esto ha creado un campo de juego desparejo en el cual los subsidios de los países desarrollados actúan como un desincentivo a la producción agrícola en los países en desarrollo".

"Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil han reclamado a la OMC que reconozca la primacía de la legislación de derechos humanos con respecto al derecho del comercio internacional en la nueva ronda de negociaciones comerciales, dice Ziegler.

Las ONG denuncian que los acuerdos de la OMC han tenido un efecto negativo en los derechos humanos, y han acusado al Acuerdo sobre Agricultura de tener impactos negativos en las formas de sustento y la seguridad alimentaria de los agricultores de los países en desarrollo, "quienes han sido obligados a liberalizar y abrir sus mercados sin una liberalización recíproca significativa por parte de los países desarrollados, en términos de acceso a los mercados, subvenciones a las exportaciones o apoyo interno".

Con relación a las reclamaciones de que el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) podría ser aplicado en formas que limiten el acceso de los agricultores a las semillas para replantarlas, y que el patrimonio cultural y el saber indígena no han sido suficientemente protegidos contra las patentes en manos de intereses externos, el Relator Especial de la ONU expresó que es precisamente por ese motivo por el cual algunos estados han reclamado que la nueva ronda de negociaciones comerciales incluya el derecho a la alimentación.

Con relación a esto, cita la propuesta de varios países en desarrollo de proteger su seguridad alimentaria a través de "una caja para el desarrollo y la seguridad alimentaria.

Noruega, señala Ziegler, ha propuesto que los compromisos de la OMC no deben entrar en conflicto con las obligaciones de los estados a respetar el derecho a la alimentación, y reclamó que se realice una reforma en la política de la OMC de forma tal que sea compatible con otros compromisos multilaterales importantes, como el Convenio de Diversidad Biológica y el derecho a la alimentación (en el marco de la declaración y los acuerdos de la ONU sobre derechos humanos). Y la naturaleza de "bien público" de la agricultura exige un cierto grado de subsidios para apoyar la producción nacional local, según Noruega, que, no obstante, reclama un "mayor control de la producción orientada a la exportación de manera de asegurar que los subsidios no sean utilizados para subsidiar el sector exportador, actuando así como un desestímulo a la producción de otros países".

La propuesta de varios países en desarrollo de crear una caja de seguridad alimentaria ha reconocido las necesidades específicas de la seguridad alimentaria y las situaciones especiales de los países en desarrollo, si bien no menciona el "derecho a la alimentación". La propuesta sólo reclama aplicar exenciones que darían a los países en desarrollo mayor autonomía en sus políticas para proteger la producción de los cultivos alimentarios básicos. La seguridad alimentaria, argumentan, es fundamental para la seguridad nacional.

Las ONG, señala Ziegler en su informe, han dicho que los "cultivos de la seguridad alimentaria" deberían ser definidos como los cultivos que son a la vez el alimento básico del país en cuestión y la principal fuente de sustento de los agricultores pobres. Por supuesto, seguirían habiendo problemas si los países en desarrollo no pudieran apoyar la producción local de los pequeños agricultores, y si la protección de los países desarrollados continúa limitando las oportunidades de acceso a los mercados, señala el Relator Especial de la ONU.

Sin embargo, la propuesta había formulado algunas sugerencias concretas para adoptar medidas dirigidas a cambiar el Acuerdo sobre Agricultura de manera de satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria de los países en desarrollo e incluso fuera del actual campo de juego desparejo.

"Ninguna de esas propuestas fueron examinadas en Doha", en la Conferencia Ministerial de la OMC realizada el año pasado, comenta cáusticamente Ziegler.

Las ONG han argumentado que, contrariamente a lo que aduce el Comisario de Comercio de la Unión Europea, Pascal Lamy, Doha no logró lanzar una "ronda para el desarrollo" de conversaciones comerciales para ayudar a los países más pobres. Los puntos clave de la Declaración de Doha en los hechos van en contra de los intereses de los países en desarrollo. El reclamo de cajas de seguridad alimentaria y desarrollo fue completamente ignorado.

"Si la OMC no incluye el derecho a la alimentación, debemos buscar por otros medios la forma de integrar los derechos humanos y el derecho a la alimentación en las normas del comercio internacional", dice Ziegler en el informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Por ejemplo, es importante analizar la extensión de las obligaciones de los derechos humanos a los actores no estatales. A diferencia de sus estados miembros, las organizaciones internacionales tales como las instituciones de Bretton Woods no están sujetas a la legislación internacional sobre derechos humanos porque no son parte de los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esta manera de entenderlo está cambiando, al igual que cambió la forma de entender la aplicación de la justicia, a medida que se está trabajando en las obligaciones de los actores no estatales, incluso las compañías multinacionales.

Es importante examinar los avances en este campo, y esto será el principal objetivo del Relator Especial de la ONU en su nuevo informe.

Ziegler también señala el "cambio en el debate" en torno al Acuerdo sobre TRIPS como resultado de la evolución en el debate sobre HIV/Sida y las patentes sobre medicamentos para tratar epidemias, y "podría ser una victoria del derecho a la salud sobre el derecho de patente de la propiedad intelectual".

Esto sería muy importante para el derecho a la alimentación, en términos del debate a largo plazo sobre biotecnología y patentes, que abarca semillas y recursos genéticos. El caso del HIV/SIDA podría ofrecer un marco muy útil para examinar la situación con relación a las dudas en torno al Acuerdo sobre TRIPS y a la preocupación de que las patentes sobre semillas limiten el acceso de los agricultores campesinos a replantar las semillas y que en los hechos se les niegue a las comunidades indígenas su patrimonio cultural y su saber. (SUNS N° 5089).