Política de competencia

Consumidores se oponen a un acuerdo en la OMC

Además de las normas de inversión, los principales países desarrollados están presionando también para que se llegue a un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que rija la política de competencia. Este intento se ha topado con la oposición de varios grupos de consumidores, que señalaron que un acuerdo de ese tipo en los hechos limitaría la libre competencia en tanto prepararía el camino para que las empresas extranjeras tuvieran el monopolio de los mercados de los países en desarrollo.

Por Martin Jalleh

Un creciente número de organizaciones de consumidores ha expresado al unísono su férrea oposición a que se realice un acuerdo en materia de competencia dentro del ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En una declaración dada a conocer el 1 de marzo e impulsada por la Asociación de Consumidores de Penang, Malasia, varios grupos de consumidores que son miembros de Consumers International (una confederación de 246 organizaciones en 110 países) exhortó a todos los estados miembros a rechazar cualquier propuesta de iniciar negociaciones en torno a un acuerdo de competencia en la OMC. La exhortación fue motivada en vista de que en setiembre, en la Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún (México), se adoptará una decisión clave sobre un acuerdo de competencia.

También firmaron la declaración Education and Research Association for Consumers (ERA), de Malasia; la Federación de la Asociación de Consumidores de Malasia (FOMCA) y sus afiliados; la Fundación para los Consumidores (FFC), de Tailandia; SEDOC y CAPROCO, de Camboya; la Fundación de Consumidores Indonesia (YLKI); CERC, de India; y la Red de Protección a los Consumidores, de Pakistán.

Los firmantes advirtieron que un acuerdo sobre competencia dentro del ámbito de la OMC establecería normas y reglas de manera uniforme que podrían impedirles a los países en desarrollo la posibilidad de tener la flexibilidad de escoger la política o legislación en materia de competencia que resulte apropiada a su grado de capacidad de producción y sus necesidades de desarrollo.

"Creemos firmemente que en interés de los consumidores de nuestros países y del público en general, en especial los sectores más pobres de nuestra sociedad, debemos comprometernos y realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar que los gobiernos no inicien negociaciones para un acuerdo de competencia en la OMC", declararon los firmantes.

Las organizaciones también exhortaron a Consumers International a apoyar sus esfuerzos en este sentido.

"La legislación y la política de competencia, en las formas apropiadas, son beneficiosas, en especial para los consumidores y los países en desarrollo", comentó la asesora legal de la Asociación de Consumidores de Penang, Meenakshi Raman. "Sin embargo, cada país debe tener plena flexibilidad para escoger el modelo que más le convenga, y también para poder cambiarlo a través del tiempo de manera de adecuarlo a las condiciones cambiantes. Tener un modelo apropiado es especialmente importante en el contexto de la globalización y liberalización, en el que las empresas nacionales ya enfrentan una intensa competencia. Los países en desarrollo deben tener la flexibilidad de elegir el paradigma de competencia y la política y legislación en materia de competencia que estimen convenga más a su grado de desarrollo y a sus intereses de desarrollo".

Las organizaciones de consumidores expresaron su gran preocupación de que si se instalara un acuerdo de ese tipo dentro de la OMC, "seguramente será tendencioso de una manera perjudicial para los intereses de desarrollo de los países del Sur, como resultado de los intentos de sus proponentes por aplicar los ‘principios básicos’ (especialmente no discriminación y trato nacional) de la OMC al tema y al acuerdo. En otras palabras, el objetivo principal de los países desarrollados es ganar acceso a los mercados (o abrir los mercados y las economías) de los países en desarrollo".

"Los países desarrollados argumentan que las políticas o prácticas que dan una ventaja a las empresas nacionales crean un obstáculo para los productos o las empresas extranjeras, a las que se les debería permitir competir en términos de igualdad con las nacionales, en nombre de la libre competencia. "Esas prácticas y políticas de defensa de los proyectos nacionales son blanco de los intentos de supresión o eliminación en las negociaciones por un acuerdo de competencia. Esto sería en realidad contrario a la libre competencia ya que permitiría que compañías extranjeras gigantes" monopolizaran el mercado nacional de los países en desarrollo.

"Situar a las firmas internacionales gigantescas en pie de igualdad de derechos con respecto a las empresas nacionales que son pequeñas y medianas en términos mundiales, sería aplastar a estas últimas. Los consumidores serán perjudicados con la pérdida de empleos ya que las firmas locales cerrarían, y las economías nacionales decaerían. La pérdida de ingresos significa que los consumidores, especialmente los pobres, no podrían satisfacer sus necesidades básicas", sostienen.

Las organizaciones de consumidores señalaron que la OMC es básicamente una organización basada en el poder, en la cual los principales países desarrollados generalmente consiguen lo que quieren, y los países en desarrollo todavía no logran que los procesos decisorios representen debidamente sus opiniones e intereses.

"La OMC no es el lugar adecuado para instalar un acuerdo en materia de competencia. Si comienzan las negociaciones sobre competencia, es probable que el resultado sea un acuerdo que satisfaga a los países ricos y perjudique los intereses de los pueblos de los países en desarrollo", concluyeron.

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Martin Jalleh es investigador de la Red del Tercer Mundo.