En la reunión del Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Interacción entre el Comercio y la Política de Competencia del 26 y 27 de mayo, la última antes de la Quinta Conferencia Ministerial de setiembre en Cancún, varios países en desarrollo expresaron que no veían que surgiera consenso entre los miembros como para continuar con las negociaciones en torno a un acuerdo de la OMC en materia de política de competencia.

La Conferencia Ministerial de Cancún debe adoptar una decisión por consenso explícito sobre las modalidades de las negociaciones para un acuerdo de la OMC en materia de comercio y política de competencia, uno de los cuatro "temas de Singapur". Los otros tres temas de Singapur son: inversión, transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio.

El presidente del Grupo de Trabajo, el francés Frederic Janny, elaborará y presentará bajo su propia responsabilidad un informe fáctico y, a juzgar por sus antecedentes, es poco probable que acomode el informe de manera de promover los argumentos que aducen que existe consenso.

El presidente del Consejo General de la OMC, el uruguayo Carlos Pérez del Castillo, debe realizar consultas acerca de cómo deben figurar los temas de Singapur en la agenda de Cancún, y en términos de las decisiones que los ministros deben adoptar en el marco de la Declaración Ministerial de Doha.

En la reunión del Grupo de Trabajo intervinieron representantes de un número mayor del habitual de países en desarrollo y manifestaron que en varios temas no había convergencia de opiniones. Por lo tanto, arguyeron que era necesario más tiempo para seguir discutiendo y aclarando esos temas, y que no era posible que continuaran las negociaciones.

Las observaciones y comentarios de los principales países industrializados demostraron que había diferencias y divisiones incluso entre los que proponen un acuerdo en materia de política de competencia en la OMC. Tales divisiones se refieren a una serie de cuestiones sobre el contenido del acuerdo propuesto, en especial sobre mecanismos de cumplimiento y si debe aplicarse el Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD) de la OMC.

La Unión Europea favorece la aplicación del ESD, mientras que Canadá y Estados Unidos tienen dudas y cuestionamientos. Estados Unidos favorece un proceso llamado de revisión por pares, que podría ser utilizado para presionar a algunos países en desarrollo. Al mismo tiempo, Estados Unidos, por ejemplo, desea restringir el alcance del concepto de hacer que esté disponible la información sobre las actividades de sus empresas y cárteles, para así poder retener la información que procure algún país en desarrollo.

Varios países en desarrollo, entre ellos India, Malasia, Egipto y Pakistán, manifestaron que todavía no ven la necesidad de un acuerdo de la OMC en materia de competencia, que agregaría más cargas y obligaciones a los países en desarrollo. Además, señalaron, varios países en desarrollo todavía no tienen un régimen legal de competencia y, por lo tanto, no están preparados para un acuerdo en ese rubro.

Algunos de los países en desarrollo manifestaron que si bien reconocen que los cárteles son un problema, no están convencidos de que un acuerdo sobre competencia en la OMC es la respuesta a este problema. Recordaron al Grupo de Trabajo que ya hay un conjunto de normas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el control de las prácticas restrictivas del comercio, que se refieren a la política de competencia y que incluyen la idea de una revisión por pares.

Tailandia declaró que veía grandes diferencias entre las posiciones de los miembros, y creía que las preocupaciones de los países en desarrollo todavía no han sido consideradas de manera satisfactoria. Dijo que el costo de cumplir un acuerdo sería nulo para los países desarrollados pero muy alto para muchos países en desarrollo que tienen que aprobar leyes y crear instituciones en materia de política de competencia.

Malasia también manifestó que no había consenso para las negociaciones, añadiendo que los cárteles son un fenómeno de los países desarrollados que han impuesto costos excesivos a los países en desarrollo, pero que no está convencido de que un acuerdo multilateral sobre competencia es la única forma de resolver ese problema.

India dijo que si hubiera negociaciones para un acuerdo de competencia en la OMC, el mismo supondría una presión sobre los países en desarrollo para que crearan instituciones y leyes en materia de política de competencia. Si lo que se necesita es un proceso de revisión por pares, podría hacerse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde está el Conjunto sobre Prácticas Restrictivas del Comercio, en lugar de la OMC.

Tanzania, Indonesia, Pakistán, Egipto, India y Nigeria, entre otros, estuvieron de acuerdo en que las posiciones entre los miembros con respecto a varios temas que han sido discutidos en el Grupo de Trabajo en materia de competencia todavía están muy distanciadas, y siguen sin estar convencidos acerca de los beneficios que un acuerdo de la OMC sobre competencia traería a los países en desarrollo.

En una declaración, Kenia manifestó que cuestiones complejas que han surgido en las discusiones, hasta ahora no han tenido una aclaración satisfactoria y persisten las opiniones divergentes. Además, tampoco se dado una respuesta satisfactoria al tema de cómo un marco multilateral sobre política de competencia resolverá las necesidades y preocupaciones de los países en desarrollo.

"Dado que no ha habido una convergencia suficiente de opiniones en varios de los temas que garantice un nivel de discusión diferente, el Grupo debe continuar trabajando, si es necesario hasta el momento en que haya un entendimiento adecuado de esos temas".

Según Kenia, la flexibilidad de las políticas para los países en desarrollo -que se pidió en la Declaración de Doha- implicaría preservar el derecho de un país a escoger si desea o no tener una ley de competencia, en caso afirmativo, cuándo, y el tipo de política de competencia a adoptar: "En otras palabras, los países deben preservar el derecho a adoptar un enfoque gradual en términos de discusión, aplicación y puesta en vigor de un régimen de competencia que apoye su política industrial. Hasta ahora no ha habido una aclaración suficiente acerca de si las propuestas de los proponentes permitirán que se preserve esa flexibilidad, o si restringiría esa flexibilidad por el interés de promover el acceso a los mercados para las empresas de los países desarrollados y la armonización de los regímenes de competencia".

Con relación a los llamados principios básicos de la OMC de transparencia, no discriminación y justicia de procedimientos, Kenia manifestó que esos principios fueron creados en el contexto de la política comercial y que no pretendían ser principios universales, aplicables a todos los temas, incluida la política de competencia. Todavía no se ha brindado la suficiente aclaración con relación a su conveniencia.

Kenia añadió que es necesario aclarar cómo se aplicará el principio de trato nacional con relación a las prácticas anticompetitivas o las fusiones entre productores a pequeña y mediana escala en países en desarrollo que se supone deben alcanzar eficiencia frente a las fusiones de grandes empresas y multinacionales en países desarrollo que promueven prácticas anticompetitivas. "No hay duda de que la aplicación del principio de trato nacional podría fácilmente repercutir en otros sectores tales como la política industrial, produciendo distorsiones en las estrategias de desarrollo de un país. Por lo tanto, es necesario profundizar el análisis", afirmó.

Malasia expresó que, a esta altura, las negociaciones sobre competencia no son parte del programa de trabajo de Doha. La política y las leyes en materia de competencia pueden no ser una prioridad para los países del Sur, ya que hay temas de desarrollo socioeconómico de mayor prioridad. Los países en desarrollo deberían tener tiempo y flexibilidad para aplicar políticas de competencia, dijo Malasia. "Es prematuro en esta coyuntura asumir que todos los miembros de la OMC finalmente adoptarían una ley de competencia. El Grupo de Trabajo todavía debe alcanzar decisiones concretas que puedan decirse que se lograron por consenso. Malasia no desea encontrarse bloqueada en un acuerdo sobre el cual no tenemos ideas claras y cuyas normas y disciplinas específicas pueden menoscabar los esfuerzos por construir industrias nacionales para enfrentar la globalización".

El Grupo de Trabajo también discutió los mecanismos de cumplimiento para un posible acuerdo de la OMC sobre política de competencia. Estados Unidos, Japón y Australia presentaron varios documentos nuevos que apoyan el uso de un mecanismo voluntario de revisión por pares, similar al Mecanismo de Revisión de la Política Comercial, de la OMC, o al proceso de revisión por pares de las cuestiones de competencia, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

No obstante, la Unión Europea propuso utilizar una combinación de la revisión por pares y el proceso de solución de diferencias de la OMC para lograr el cumplimiento. La Unión Europea dijo que la solución de diferencias no analizaría decisiones individuales de las autoridades de competencia sino más bien la compatibilidad general de las leyes y procedimientos de competencia con la OMC.

Estados Unidos expresó que continuaba cuestionando el papel, si es que tiene alguno, del proceso de solución de diferencias en esta área. Corea dijo que la revisión por pares es "menos" que el ESD, pero "más que nada" en términos de procurar el cumplimiento. Canadá manifestó que no veía el valor de la solución de diferencias en esta área, y que lo que los miembros necesitan es un enfoque cooperativo y de no confrontación para los problemas de competencia, tales como los cárteles internacionales.

India reiteró su oposición a la aplicación del ESD y siguió sosteniendo que la revisión por partes en la OMC sería utilizada para presionar a los países en desarrollo, añadiendo que preferiría que esa revisión tuviera lugar en la UNCTAD.

Acerca del trato especial para los países en desarrollo, la Unión Europea presentó un documento que establecía: "la única disposición sustancial que creemos constituiría una obligación para que los miembros de la OMC la promulgaran en sus leyes nacionales de competencia, es una prohibición de cárteles intrínsecamente nocivos" (es decir, los cárteles establecidos formalmente).

Esto es aparte de la propuesta de la Unión Europea de utilizar los principios de transparencia, no discriminación y justicia de los procedimientos en la promulgación de las leyes de competencia. La Unión Europea también expresó que los miembros deberían tener periodos de tiempo "individualizados" para establecer regímenes de competencia de acuerdo a su grado de desarrollo.