Durante el simposio de la OMC celebrado en junio en Ginebra, representantes de países en desarrollo y ONGs denunciaron los intentos por impulsar un acuerdo sobre inversiones, cuestionaron sus supuestos beneficios y advirtieron acerca del grave daño que infligiría a las economías en desarrollo.

Por Cecilia Oh

El 17 de junio hubo un amplio debate sobre inversiones en el simposio de la OMC. Muchos oradores cuestionaron los argumentos presentados por los proponentes de un acuerdo sobre inversiones y previnieron acerca del uso de procedimientos no transparentes para imponer negociaciones sobre ese tema en la próxima Conferencia Ministerial de Cancún, que tendrá lugar del 10 al 14 de setiembre.

Varios representantes de ONGs analizaron lo que llamaron "mitos" sobre el propuesto acuerdo de inversiones de la OMC, y exhortaron a los ministros a oponerse a la negociación de ese tratado.

La discusión tuvo lugar en la sesión sobre "Inversiones en la OMC: Mitos y realidades", convocada por siete ONGs en el marco de un simposio de tres días organizado por la OMC sobre "Desafíos en el camino a Cancún". Las ONG organizadoras fueron la Red del Tercer Mundo, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), el Instituto para la Agricultura y la Política Comercial (IATP), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Internacional de Servicios Públicos, Oxfam y la Red Internacional de Género y Comercio.

Martin Khor, director de la Red del Tercer Mundo, inició la discusión señalando que muchos estudios han demostrado el grave daño que el propuesto acuerdo sobre inversiones causaría a los intereses de los países en desarrollo, dado que restringiría su espacio político para regular las inversiones. Esos países quedarían expuestos a la inestabilidad financiera derivada del libre flujo de capitales y el déficit de la balanza de pagos, además de ver reducida su capacidad de imponer requisitos de rendimiento a las empresas y de establecer políticas industriales. Los gobiernos receptores podrían ser demandados por adoptar políticas consideradas "expropiadoras" por los inversores.

Khor señaló que la OMC no es el ámbito adecuado para un acuerdo sobre inversiones, dado que su competencia son los asuntos comerciales y los principios que rigen el comercio. En particular, la aplicación de los principios de no discriminación y trato nacional a las inversiones sería inadecuada y perjudicial para el desarrollo. Además, un tratado sobre los derechos de los inversores sería contrario al principio de la OMC sobre beneficios recíprocos, porque favorecería sobre todo a los países industrializados, que son los principales exportadores de inversiones, mientras que los países en desarrollo cargarían con el costo, aumentando así el desequilibrio de la organización comercial.

Ahora que el Grupo de Trabajo sobre Inversiones de la OMC finalizó sus tareas, continuó Khor, está claro que no existe acuerdo sobre ninguno de los puntos y por lo tanto no hay posibilidad de que se produzca en Cancún un consenso explícito sobre modalidades para las negociaciones sobre inversiones. Khor advirtió contra los intentos de los proponentes del acuerdo de crear artificialmente un "consenso", en contra de la voluntad de muchos países en desarrollo, por ejemplo mediante la definición de las modalidades en términos de procedimiento y no de sustancia, la producción de borradores que no reflejen las posiciones de los países en desarrollo, o sesiones de "sala verde" que excluyan a la mayoría de los países.

Dado que el asunto de las inversiones ha provocado una profunda división entre los Miembros y dañado la reputación de la OMC, la Conferencia Ministerial de Cancún debería excluirlo por completo de la agenda de la organización, o a lo sumo disponer más estudios sobre la cuestión, pero no lanzar negociaciones, concluyó Khor.

Tom Crompton, de WWF International, declaró que su organización tiene discrepancias fundamentales respecto de la introducción del tema de las inversiones en la OMC, por motivos sistémicos. Cualquier tratado sobre inversiones, dijo, debería poner énfasis en las obligaciones de los inversores y ser coherente con los intereses ambientales, pero las propuestas impulsadas no atienden esas necesidades. "Un acuerdo sobre inversiones no debería ser impulsado por una organización como la OMC, cuya razón de ser es la liberalización", opinó.

La Unión Europea aseguró que los gobiernos tendrían flexibilidad política, pero a la vez sostuvo que la no discriminación sería el principio básico del tratado propuesto, y eso es un contrasentido, según Crompton. Además, la Unión Europea intenta presentar el acuerdo propuesto bajo una luz filantrópica, llamándolo "marco de inversión para el desarrollo", pero "esto no es más que doble discurso, dado que la propia Unión Europea ha admitido que el tratado de la OMC no aumentaría necesariamente el flujo de inversiones", señaló.

Es un mito que un enfoque del tipo GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de la OMC) promovido por la Unión Europea ofrezca flexibilidad y espacio político a los países en desarrollo, aseguró Peter Hardstaff, del Movimiento por el Desarrollo Mundial, con sede en Londres.

En primer lugar, existe incertidumbre sobre la interpretación de muchas normas del GATS, y si estas normas se transfirieran a un acuerdo sobre inversiones, también se transferiría la incertidumbre. Segundo, para que los países puedan usar adecuadamente las excepciones del GATS, es necesario que sean capaces de prever sus necesidades y políticas futuras. Tercero, los compromisos realizados en el GATS quedaron trabados, porque los países no pueden retractarse de ellos a menos que ofrezcan una compensación. Una flexibilidad real permitiría a los gobiernos cambiar sus políticas, pero el GATS no lo permite.

En cuarto lugar, el principio de "liberalización progresiva" establecido en el GATS implica que no habría fin para la desregulación. Por lo tanto, las normas que conservaran los países en desarrollo deberían ser eliminadas en futuras rondas de negociaciones, como se desprende de la presión que ejerce actualmente la Unión Europea en las negociaciones sobre el GATS. Finalmente, los países en desarrollo están en una posición desfavorable en el GATS, dado que las negociaciones sobre servicios son bilaterales por naturaleza pero los compromisos realizados son multilaterales. En definitiva, un tratado sobre inversiones con el enfoque del GATS agregaría más presión sobre los países en desarrollo para que eliminen sus normas sobre inversiones.

"El enfoque del GATS no garantiza la flexibilidad que los países en desarrollo necesitan. Al contrario, establece una reducción gradual de la flexibilidad política", observó Hardstaff. Por lo tanto, "la trasposición de este sistema a las inversiones sería un error, y la Unión Europea y otros proponentes deberían abandonar sus esfuerzos por negociar un acuerdo sobre inversiones, del tipo del GATS o de cualquier otro tipo", concluyó.

John Hilary, de ActionAid, señaló que un nuevo estudio realizado por su grupo concluyó que un acuerdo sobre inversiones volvería a las comunidades pobres de los países en desarrollo más vulnerables a los aspectos negativos de las inversiones extranjeras, porque amenazaría el espacio político que esos países precisan para controlar las inversiones. La Unión Europea ha reconocido que su prioridad es ofrecer más protección a las empresas europeas y aumentar su acceso a los mercados. "Por lo tanto, este tratado causaría un grave desequilibrio en el sistema de la OMC y debería ser rechazado en Cancún", instó Hilary.

Por otra parte, Christopher Roberts, del Foro Europeo de Servicios, una coalición empresarial, esgrimió a favor del acuerdo sobre inversiones el hecho de que el tema ya fue incluido en la OMC a través del Acuerdo sobre Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio (TRIMS) y el GATS. Dado que hay más de 2.000 tratados bilaterales sobre inversión firmados, un acuerdo en la OMC colocaría a los países en desarrollo en una posición negociadora más favorable, sostuvo.

Un delegado de la Unión Europea dijo que el acuerdo propuesto sería una oportunidad de introducir el multilateralismo en "la ley de la selva". Los inversores enfrentan problemas de transparencia, y el tratado de la OMC les ofrecería previsibilidad, argumentó. Además, los países en desarrollo precisan inversiones y se favorecerían con la apertura de sus mercados y un conjunto de normas claras. El delegado de la Unión Europea exhortó a las ONG a no ser simplistas, dado que, en su opinión, todas las partes saldrían beneficiadas de un tratado sobre inversiones.

Pero el embajador de India, K.M. Chandrasekhar, consideró un error suponer que un acuerdo sobre inversiones en la OMC haría desaparecer los 2.000 pactos bilaterales, porque en el ámbito del comercio, el sistema multilateral coexiste con tratados bilaterales y regionales.

Chandrasekhar negó que la falta de transparencia sea el principal problema de los inversores, dado que las inversiones extranjeras aumentaron notablemente en todo el mundo sin un tratado internacional sobre inversiones, y es claro que éstas fluyen hacia los países con condiciones más atractivas. No hay garantías de que las inversiones vayan a fluir hacia los países en desarrollo como resultado de un acuerdo multilateral, agregó.

En cuanto al actual estado de las conversaciones, no hay acuerdo sobre los temas, señaló. Aun sobre alcance y definición, no está claro si sólo quedarían comprendidas en el eventual acuerdo las inversiones extranjeras que conduzcan a más comercio o también las inversiones de cartera. "No hay unanimidad en ningún tema, ni entendemos hacia dónde nos dirigimos", sostuvo.

Khor opinó que los principios de no discriminación y trato nacional son inadecuados para un acuerdo sobre inversiones, y por lo tanto la OMC no debería ocuparse de este asunto. Los países industrializados intentan aplicar esos principios creados para el comercio a cuestiones no comerciales de su elección, como las inversiones, señaló.

En una analogía entre los países receptores de inversiones y la familia, Khor dijo que los padres tienen la responsabilidad de velar por los intereses de sus hijos. Si invitan gente a cenar, ellos eligen a quiénes invitar. Además, los invitados tendrían derechos limitados, y no recibirían un "tratamiento nacional, no discriminatorio". La familia tiene derecho a impedir la entrada a extraños y a imponer condiciones a aquellos que entren a su casa. De manera similar, dijo Khor, los gobiernos tienen la responsabilidad jurídica de promover y proteger los intereses de sus ciudadanos y trabajadores, así como de los inversores nacionales.

Kevin Watkins, de Oxfam, añadió que los impulsores del acuerdo sobre inversiones "no quieren sólo cenar, sino apoderarse de la casa". Las ONG europeas y los países en desarrollo se oponen a ese acuerdo y creen que la OMC no es el ámbito apropiado para negociar sobre inversiones, observó. Por lo tanto, la Unión Europea no representa a los ciudadanos de sus países miembros al promover el tratado, dijo.

"La Unión Europea dice que los gobiernos de los países en desarrollo no comprenden sus propios intereses nacionales. Esto implica que (el comisario europeo de Comercio) Pascal Lamy conoce mejor que (el presidente de Brasil, Luis Inácio) Lula da Silva los intereses de los brasileños, por ejemplo. Esta es una actitud paternalista. De hecho, lo que está haciendo la Unión Europea es imponer una agenda empresarial a la OMC, y en ese proceso daña al multilateralismo", dijo Watkins.

Para justificar su posición, la Unión Europea arguye que el tratado propuesto generaría una nueva ola de inversiones, pero según el Banco Mundial, no hay pruebas de que los pactos regionales o bilaterales creen más inversiones. Asimismo, representantes del bloque europeo sostienen que el acuerdo propuesto promovería inversiones extranjeras de buena calidad. Watkins desafió a la Unión Europea a probar ambas afirmaciones.

Además, el tipo de inversiones no reguladas que promueve la Unión Europea debilitaría los vínculos domésticos y produciría escasos beneficios para el desarrollo. Países como Taiwan y Corea del Sur se beneficiaron de las inversiones extranjeras porque les impusieron requisitos de desempeño que estarían prohibidos por un tratado multilateral, recordó Watkins. La Unión Europea tampoco ha presentado ninguna propuesta para superar las dificultades de la separación práctica de distintos tipos de inversiones (de cartera, directas, etc.), observó.

"La OMC carece de credibilidad, y este acuerdo no restaurará la confianza, porque es muy desequilibrado y tiene por finalidad ayudar a las empresas multinacionales, no solucionar problemas de desarrollo. El tratado propuesto es parte de una agenda empresarial impulsada primero por los inversores y luego por los gobiernos de los países industrializados", concluyó Watkins.

Luke Peterson, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), recordó que varios gobiernos de países en desarrollo ya fueron demandados por inversores en base a tratados bilaterales, y exhortó a los Miembros de la OMC a estudiar en profundidad esos problemas antes de aventurarse a asumir más obligaciones en virtud de un nuevo acuerdo.

Mike Waghorne, de la Internacional de Servicios Públicos, declaró que los sindicatos del mundo se oponen a la negociación de un acuerdo sobre inversiones en la OMC. "Negar al Sur el derecho a seguir el camino que tomó el Norte para su desarrollo contradice la afirmación de que el tratado ayudaría a los países en desarrollo y les otorgaría flexibilidad", señaló.

Shefali Sharma, del IATP, advirtió que cualquier intento de negociar por la "vía rápida" las modalidades de un acuerdo sobre inversiones y otros de los llamados "temas de Singapur" pondría en peligro todo el sistema de la OMC. Advirtió que el proceso de decisión sobre esos temas es cada vez menos transparente, dado que se basa en negociaciones informales de algunas delegaciones.

Un parlamentario de Argelia señaló que los objetivos de los inversores extranjeros no coinciden con los de los países receptores, y se preguntó si la OMC es capaz de reconciliar esas diferencias. "Sospechamos que los Miembros más débiles serán engullidos. La única duda es con qué salsa", dijo.

Un representante del Foro Europeo de Servicios argumentó a favor del tratado propuesto que, en los acuerdos bilaterales, los fuertes se imponen sobre los débiles, pero en un foro multilateral los países pequeños pueden unir fuerzas. Según él, la posición adoptada por las ONG dificulta la regulación del comercio y las inversiones, y la consecuencia será la ley de la selva.