En un informe publicado por Frederick Jenny acerca de las "Consultas sobre modalidades en el área del comercio y la política de competencia", que él condujo en su calidad de "amigo del Presidente", se plantean tres opciones en esta materia. El presidente del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC) designó cuatro "amigos del Presidente" para que le ayudaran a conducir discusiones informales sobre cada uno de los cuatro temas de Singapur (Los otros tres son: inversiones, transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio).

El informe, basado en las discusiones con las delegaciones el 23 y 24 de junio y el 17 y 18 de julio, refleja la impresión de Jenny sobre las opiniones de los Miembros en cuanto al tema de la competencia, que se traducen en las siguientes opciones: 1) negociar un tratado obligatorio; 2) negociar un tratado "blando"; y 3) continuar con el proceso de aclaración del asunto.

Según Jenny, "muchos delegados" apoyan la idea de que cada tema de Singapur debe ser estudiado de acuerdo con sus propios méritos. La mayoría de los delegados consideran que las "modalidades" se refieren tanto a cuestiones de procedimiento como de sustancia. Algunos creen que el alcance de un posible acuerdo es parte importante de las modalidades sustanciales, mientras otros advierten que la discusión sobre modalidades no debe excluir futuras negociaciones.

Los delegados coincidieron en cuatro puntos, según Jenny: las prácticas anticompetitivas que afectan el comercio son fuente de preocupación y los vínculos entre comercio y política de competencia corresponden al ámbito de la OMC; la cooperación internacional para eliminar las prácticas anticompetitivas que afectan el comercio son bienvenidas; la asistencia técnica y la creación de capacidad son importantes, y las preocupaciones de los países en desarrollo respecto de un posible marco multilateral de competencia deben atenderse con mayor atención que en el pasado.

La primera de las opciones planteadas por los delegados consiste en una decisión sobre modalidades que lance negociaciones en la Conferencia Ministerial de Cancún acerca de un marco multilateral. El marco cubriría los cuatro temas incluidos en el párrafo 25 de la Declaración Ministerial de Doha. Los proponentes de esta opción son partidarios de un mandato más corto y menos prescriptivo, y de que las modalidades abarquen también la asistencia técnica y la creación de capacidad. El mecanismo de solución de diferencias podría aplicarse a las leyes y los reglamentos pero no a decisiones individuales, y un comité de competencia vigilaría la aplicación del acuerdo.

Según Jenny, existen varias preocupaciones sobre esta propuesta. Algunas se relacionan con las implicaciones nacionales del marco propuesto, como la obligación de establecer leyes horizontales o un organismo de competencia.

"También existe inquietud sobre las posibles implicaciones del principio de no discriminación y trato nacional sobre las políticas industriales, sociales y de desarrollo, en especial porque se propone la aplicación de ese principio a la legislación sobre competencia en general, y no sólo al área de los cárteles intrínsecamente nocivos", dijo Jenny.

Existe renuencia entre los delegados a las normas obligatorias, en especial si se aplica el trato especial y diferenciado. También se señaló en las consultas la necesidad de aclarar que las prácticas establecidas por los gobiernos no sean afectadas por el eventual acuerdo, informó el presidente.

Otra preocupación es que el acuerdo no ofrezca beneficios suficientes en áreas de interés para algunas delegaciones y, por tanto, no compense las obligaciones. Existen dudas sobre la disposición de los países industrializados a combatir los cárteles internacionales, por ejemplo, si la cooperación es puramente voluntaria. Sería importante incluir a los conglomerados de exportación en las obligaciones referentes a cárteles intrínsecamente nocivos.

Algunas delegaciones reclamaron mayor precisión sobre el alcance, la flexibilidad, la progresividad y el trato especial y diferenciado que se ofrecería a los países en desarrollo.

"Mi percepción es que los proponentes de esta primera opción están abiertos a discutir la redacción para atender las preocupaciones de otras delegaciones", dijo Jenny.

La segunda opción consiste en una decisión sobre modalidades para desarrollar un marco no obligatorio de cooperación en la OMC. Se diferencia de la primera en que no tiene implicaciones nacionales directas para los Miembros, dado que no existiría el compromiso de aprobar leyes sobre competencia acordes a las normas de la OMC, y en que no aplicaría el mecanismo de solución de diferencias.

Este "enfoque blando" exigiría la creación de un Comité de Comercio y Competencia para promover la cultura de la competencia, resolver problemas de competencia, comercio y desarrollo en un contexto amplio, vigilar la aplicación y el proceso de "revisión por pares" (peer review) y promover la cooperación voluntaria entre los Miembros. Se establecería un mecanismo de revisión por pares basado en la experiencia del mecanismo de Revisión de la Política Comercial. También se incluirían medidas de asistencia técnica y creación de capacidad. Un proponente de este enfoque sugirió que las negociaciones terminen a fines de 2004.

Según Jenny, algunas delegaciones que promueven la negociación de normas obligatorias y otras que respaldan la continuación de las tareas del Grupo de Trabajo demostraron interés en esta segunda opción.

Las dudas relacionadas con este enfoque se refieren a la naturaleza, el papel y el mandato del Comité, y cómo sujetarlo a ese mandato; qué garantía existiría de que no se introduciría nuevamente la opción 1 en la ronda de negociaciones por la puerta trasera; si se podría explicitar que esta opción no implicaría obligaciones ni limitaciones nacionales para los Miembros; si la revisión por pares sería voluntaria en cuanto a qué país sería sometido a revisión y la aplicación de las recomendaciones; la naturaleza del mecanismo de revisión por pares; qué asistencia técnica se ofrecería antes del fin de las negociaciones; cuál sería el ritmo de las negociaciones y si éstas serían parte del "compromiso único".

La tercera opción es no abrir negociaciones en Cancún. Los partidarios de esta alternativa "sostienen que todavía no saben lo suficiente sobre competencia ni los beneficios de un acuerdo sobre competencia en la OMC, por lo tanto están a favor de la continuación del Grupo de Trabajo". También propusieron que el Grupo se concentre más en las modalidades de desarrollo, continúe el trabajo de aclaración sobre los cuatro temas del párrafo 25 de la Declaración de Doha, y tenga un mandato más amplio para estudiar cuestiones de competencia relacionadas con el comercio y el desarrollo.

Este tercer enfoque es apoyado principalmente por países con escasa o nula experiencia en leyes de competencia y recursos limitados para seguir el trabajo de todos los comités y grupos de la OMC, señaló Jenny, y agregó que esta postura responde a la reticencia de sus proponentes a la negociación de un acuerdo obligatorio, aunque todavía no han estudiado la opción 2.

El informe de Jenny dice que estas tres son las principales opciones que surgieron de las conversaciones y que se requiere más trabajo antes de adoptar una decisión en Cancún. El documento no aclara cuántos países apoyan cada una de las opciones, ni cuántos fueron consultados. Según delegaciones que participaron de las consultas de junio, hubo discusiones con pequeños grupos de partidarios y opositores del tratado, y luego con unos 25 países de ambas partes. De esto se desprende que la mayoría de los países no participaron de las consultas.

La impresión que deja el informe de Jenny es que muchos países apoyan lo que él llama la opción 2, y que la opción 3 es apoyada principalmente por países con escasa capacidad. Sin embargo, el número de países partidarios de la tercera opción es mucho mayor de lo que sugiere el documento del presidente. Recientes reuniones ministeriales de los países menos adelantados y de la Unión Africana declararon que el proceso de aclaración de los temas de Singapur, incluido el de la competencia, debería continuar después de Cancún.

Y una reciente comunicación a la OMC de 12 países en desarrollo (India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bangladesh, Cuba, Venezuela, Egipto, Kenia, Nigeria, Zambia y Zimbabwe) referente a las modalidades de los temas de Singapur insistía en que hay divergencia de opiniones y, por lo tanto, no existe base para un consenso sobre modalidades, por lo que serían necesarias más discusiones y aclaraciones.

Quiere decir, entonces, que una gran mayoría de países (de hecho la mayoría de los países en desarrollo), y no sólo los que tienen menos capacidad para comprender las leyes de competencia o negociar en la OMC, apoyan la opción 3.

Por supuesto, también es cierto que pocos delegados comerciales, planificadores de políticas o "expertos" entienden adecuadamente los complejos asuntos inherentes a la política de competencia, mucho menos los vínculos entre el comercio y la competencia y entre estos dos y el desarrollo, qué resultaría de esta mezcla en un acuerdo de la OMC, ni sus implicaciones para el desarrollo.