En la noche del 22 de octubre, finalmente el Congreso chileno aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las constantes peticiones de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y grupos ecologistas por rechazar el Tratado, o por lo menos crear una legislación responsable que amparara a los sectores más afectados, fueron en vano. Tampoco se logró un espacio equilibrado en los medios.

El gobierno de Ricardo Lagos terminará firmando un acuerdo que beneficia sólo a los actuales exportadores, y con una de las peores administraciones norteamericanas de los últimos 10 años.

La tónica de la votación en la Cámara Baja se repite. La mayor parte de los senadores que se abstuvieron o votaron en contra, pertenecen a partidos políticos que, precisamente, defienden los intereses del libre mercado. De los 10 votos "disidentes", cinco fueron de rechazo: José García Ruminot (RN), Nelson Ávila (ex PPD), Mario Ríos (RN), Jorge Lavandero (DC) y José Ruiz de Giorgio (DC); mientras que las otras cinco abstenciones fueron de Hernán Larraín (UDI), Marco Cariola (UDI), Rodolfo Stange (UDI), Alberto Espina (RN) y Rafael Moreno (DC).

Gran parte de sus argumentos se centraron en el tema agrícola, sector que quedó desprotegido frente a una agricultura subsidiada en más de 180.000 millones de dólares anuales. Lo que significa el fin de la agricultura tradicional y la muerte del campesinado.

De estos 10 parlamentarios, el que expresó su molestia de manera más contundente y global fue el senador Nelson Ávila, argumentando que "este tratado sella definitivamente la condición de Chile de país productor de materias primas y generador de mano de obra barata, y asociarse con una economía como la de Estados Unidos cierra las posibilidades al desarrollo tecnológico y al crecimiento de nuestras industrias, sobre todo las pequeñas y medianas; por el contrario, ahoga toda posibilidad de desarrollo en ese sentido y sólo permite hacer más de lo mismo".

Estamos de acuerdo. El TLC no hace más que consolidar el modelo primario exportador de Chile, pero con muchos agravantes:

1. El fin de las bandas de precios pone una lápida a la agricultura orientada a la alimentación interna, provocando la crisis de miles de familias de agricultores y campesinos.

2. La industria farmacéutica queda fuera de competencia, al reservarse Estados Unidos la protección de patentes por 20 años. Ello, además, implica el encarecimiento de los medicamentos para la población.

3. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que actualmente generan más del 70 por ciento del empleo del país, quedan sin posibilidades de competir frente a los grandes consorcios y a las importaciones de productos manufacturados norteamericanos.

4. Los desafíos regulatorios e institucionales del TLC significan para Chile grandes inversiones en personal, infraestructura y coordinación, que deberán ser solventados por todos los chilenos, aunque el Tratado beneficie a unos pocos.

Finalmente, todos los chilenos tendrán que pagar uno por cinto adicional de impuesto al valor agregado (IVA) para solventar el menor ingreso fiscal por la baja de aranceles. Este impuesto recae especialmente en los sectores de menores ingresos.

Entonces la pregunta al gobierno es: ¿qué saca el país con hacerse socio de este club tan exclusivo de los exportadores del TLC, si la cuota mensual del club la pagan los pobres? ¿Cómo enfrentará el país este nuevo factor de inequidad en un contexto donde ya nuestra desigualdad en la distribución del ingreso es una de las más vergonzosas de América Latina?

Ni la canciller Soledad Alvear ni el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, han respondido. Esperamos una respuesta clara del presidente Lagos. Los ciudadanos fiscalizaremos sus promesas. (ALAI)

------------