Las políticas del FMI y el Banco Mundial, sumadas con los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, han creado nuevas condiciones de inseguridad alimentaria en la India, según ONGs de desarrollo y medio ambiente.

Los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el FMI por un lado, y los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre Agricultura y TRIPs, por el otro, han creado nuevas condiciones de inseguridad alimentaria para un gran sector de la población india que ya está sufriendo graves perjuicios y desnutrición.

Esta fue una de las conclusiones de un "diálogo sobre políticas" en el que participaron varios especialistas no gubernamentales en temas de medio ambiente y desarrollo y que se llevó a cabo en Nueva Delhi en febrero último. El debate versó sobre el tema "Liberalización del comercio, recursos naturales y seguridad alimentaria."

Las discusiones resaltaron que los propios estudios económicos del gobierno de India reconocieron que el 40% de su pueblo está por debajo de la línea de pobreza y que la mayoría de los pobres gastan todos sus ingresos en comida.

Los cambios de política económica que aumentan la pobreza destruyendo las formas de ganarse el sustento y el empleo de las personas, y hacen que los sectores pobres de India compitan con los consumidores ricos -incluidos pollos, vacas y gatos- de las sociedades ricas de Occidente, pueden convertirse en una gran amenaza a la seguridad alimentaria y en fuente de escasez, hambre y miseria en gran escala.

Desintegración social

La liberalización de las exportaciones e importaciones en el sector de los cereales de primera necesidad amenaza con crear una "nueva clase": los que perdieron sus medios de vida y toda posibilidad de participar efectivamente como productores y consumidores de la economía alimentaria. Esto no sólo constituye una negación de su derecho fundamental a la comida, sino que también creará un gran desarraigo, desintegración y distorsión social en el campo de las necesidades alimentarias y agrícolas que deberían regirse por imperativos de justicia y ecológicos, expresaron los participantes.

La seguridad alimentaria, dijeron, no puede asegurarse dejando la agricultura y la producción y el comercio de alimentos en manos de los mercados mundiales.

La comercialización de toda la agricultura, en el contexto de la distribución ocupacional de la mano de obra existente, provocará el desplazamiento en gran escala de los agricultores de la producción agrícola, y pondrá en peligro la capacidad de los modelos de oferta y consumo de alimentos de garantizar la protección del medio ambiente, la salud y el derecho a la comida.

La liberalización del comercio creará una clase de "desocupados" compuesta en su gran mayoría por las comunidades rurales desplazadas de sus tierras o vinculadas a la vida agraria, tales como artesanos y pescadores tradicionales que se verán doblemente afectados por la pérdida de sus mercados tradicionales y los vínculos con el sector agrícola, por un lado, y por la pérdida de la posibilidad de alimentarse por el otro. La seguridad alimentaria de esta nueva clase de gente "prescindible", sin derecho a alimentarse y sin poder adquisitivo, no tendrá cabida en una agricultura dominada por la agroindustria.

Proteger las comunidades

Los participantes del debate declararon que es necesario brindar protección especial a estas comunidades vulnerables, en zonas en las que existe el peligro de apropiación de los recursos locales y de agravamiento de la falta de poder adquisitivo. Para ello hay que proteger la producción y los sistemas comerciales que cubren las necesidades locales y ofrecen soluciones locales a la falta de medios de sustento.

También urgieron a la creación de una adecuada reserva alimentaria nacional para satisfacer las necesidades de las comunidades que se verán afectadas por la aguda escasez y el hambre a medida que la liberalización del comercio destruya sus medios de vida y capacidad de alimentarse.

Cualquier sustitución brusca y total de un sistema centralizado de compras y distribución de alimentos por un sistema mundial de producción y comercio orientado al mercado, significará reemplazar un sistema defectuoso por otro más defectuoso y peligroso.

"Si el Estado se retira de escena, la seguridad alimentaria sólo podrá ser garantizada priorizando las iniciativas locales sobre las mundiales", manifestaron los participantes.

Existe la necesidad de lograr una mayor autosuficiencia local con respecto a la producción de alimentos, que esté acorde a las prácticas de consumo y prioridades locales.

Como ejemplo, citaron la sustitución de la producción del cultivo Ragi, altamente nutritivo, por cultivos comerciales, y dijeron que se trata de un desarrollo que entraña graves peligros para la seguridad nutricional y la salud de la población local.

Los participantes dijeron que las instituciones creadas para representar la voluntad y el interés del pueblo han abdicado de sus responsabilidades sociales y políticas. La seguridad alimentaria del pueblo exige que las instituciones estén dirigidas por fuerzas democráticas.

Debe haber un control democrático, a nivel local y nacional, tanto en las bocas de producción como en las bocas de consumo del sistema alimentario. Tierra, agua y biodiversidad (incluidas semillas y animales) son los recursos vitales que hacen posible la seguridad alimentaria, y éstos deben quedar bajo el control democrático de campesinos y agricultores.

Vidas y modos de sustento

La "Nueva Política Económica" del gobierno, acusaron, pondrá en riesgo las vidas y modos de sustento de millones de pequeños campesinos al desmantelar su economía alimentaria y agrícola.

La liberalización de las exportaciones ya provocó un aumento de los precios de los alimentos y disminuyó la capacidad de acceso a los mismos por parte de los sectores más pobres, mientras que la liberalización de las importaciones amenaza con barrer a millones de pequeños productores destruyendo los mercados nacionales.

La liberalización del comercio aumentará la dependencia del país de la importación de alimentos, permitiendo el uso de la comida como arma en la política exterior de dominio comercial por parte de las potencias.

El mito de los beneficios de la liberalización del comercio para los países del Tercer Mundo se hizo trizas con los sucesos de México, señalaron los participantes.

El primer día de la entrada en vigor del ALCAN (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte), México fue escenario de una insurgencia armada en Chiapas, como respuesta al desconocimiento de la reforma agraria. Al año del "libre comercio" la economía mexicana se encuentra inmersa en una grave crisis. Los préstamos del FMI y Estados Unidos destinados a rescatar a México (¿o a los inversores extranjeros?) suponen mayor endeudamiento y nuevos condicionamientos. México ha tenido que abandonar el control soberano sobre sus reservas de petróleo como parte de los acuerdos crediticios.

"No sólo la soberanía y la dignidad del Tercer Mundo son sacrificadas por los regímenes del libre comercio; es la supervivencia de la gran mayoría de la población mundial lo que está en juego."

Fuente: Red del Tercer Mundo