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Medio Ambiente |
Residuos tóxicos EEUU intenta
debilitar
por Martin Khor
La maniobra de Estados Unidos, iniciada con el apoyo de algunos otros países del Norte, fue denunciada hace poco por Greenpeace en la revista New Scientist. El intento de desmantelar la prohibición de Basilea, llevado adelante en un seminario internacional realizado a mediados de marzo en Dakar, Senegal, finalmente fracasó. Pero se especula que los grupos empresariales presionarán a la administración estadounidense para continuar con su campaña en contra de la prohibición. Dicha prohibición había sido aceptada por los 65 países miembros del Convenio en marzo de 1994, y fue enarbolada como una gran victoria ambiental, una de las pocas buenas noticias en un panorama ecológico mundial bastante sombrío. Presión de las empresas Pero, apenas un año después, una minoría de países del Norte, acicateados por sus compañías privadas comprometidas en el comercio y reciclaje de residuos, intentan cuestionar la validez de la decisión para permitir así el envío continuo de residuos tóxicos al Sur. La eliminación de residuos tóxicos puede llegar a ser muy cara. Además, algunos no pueden ser almacenados de manera segura. Por ejemplo, sencillamente no existe tecnología para la eliminación segura de residuos radiactivos y nucleares. Si la seguridad, la salud y el medio ambiente fueran prioridades máximas, la solución ideal sería eliminar gradualmente o prohibir el uso de sustancias tóxicas. Esto reduciría enormemente los residuos tóxicos. Consiguientemente, podría haber una introducción gradual y una expansión del uso de sustancias no tóxicas en el proceso de producción. Por supuesto tendría que haber un período de transición de adaptación, y algunas industrias o compañías sufrirían costos más elevados y pérdida de mercados. Pero a la larga, el mundo económico se adaptaría a los imperativos ecológicos. Lamentablemente, los intereses empresariales creados tienden a preferir el camino más fácil. Cuando a mediados y fines de la década del 80 las leyes sobre residuos industriales se hicieron más severas en Europa y Estados Unidos, hubo un crecimiento explosivo del comercio internacional de residuos. Barato y conveniente Las firmas de países del Norte encontraron que era más barato y conveniente vender residuos tóxicos a América Latina y Africa, donde las leyes ambientales eran laxas o simplemente no existían. Cuando grupos ambientalistas denunciaron esta situación en los medios de difusión, los ciudadanos y gobiernos del Tercer Mundo se sintieron ultrajados y acusaron a los países de occidente de "terrorismo tóxico" y "ecoimperialismo". Muchos países del Sur decidieron prohibir la importación de residuos tóxicos. El escándalo también conmovió al personal del Convenio de Basilea, un tratado firmado por 65 países que impedía a un país exportar residuos tóxicos a otro a menos que existiera "consentimiento previo informado." Esto no detuvo el comercio por dos factores. En primer lugar, el Convenio estuvo muy lejos de ser una prohibición; tan sólo exigía obtener el permiso previo de los países importadores. En segundo lugar, había una laguna en cuanto a que sólo cubría los residuos tóxicos destinados a ser eliminados. Los residuos disfrazados como materia prima para ser "reciclada" no estaban comprendidos en el Convenio, y por lo tanto se autorizaba su venta. Auge del "reciclaje" Como consecuencia, proliferó un pujante comercio de "materiales de reciclaje", y Asia (que, a diferencia de Africa y América Latina, no había introducido medidas de importación estrictas) se convirtió en el principal destinatario. Miles de toneladas de sustancias tóxicas, tales como material plástico y baterías viejas, fueron llevados a países de Asia y Europa del Este, como "material reciclable" para actividades de reciclaje sucio o fraguado. Los estudios de casos llevados a cabo por grupos ambientalistas como Greenpeace, denunciaron los peligros para los trabajadores, los residentes y el medio ambiente. En marzo del año pasado, los gobiernos del Grupo de los 77 (países del Sur) se movieron para aprobar una decisión en el marco del Convenio de Basilea para convertir el principio de "consentimiento previo informado" en una prohibición total a transferir los residuos tóxicos de los 25 países ricos de la OCDE a los países que no la integran (incluido el Sur y Europa del Este). Un total de 120 países apoyaron la prohibición, entre ellos países del Sur, de Europa del Este y Central y muchos países del Norte. Celebración duró poco La prohibición tendría efecto inmediato para los residuos destinados a ser eliminados y para fines de 1997 para los residuos destinados a ser reciclados. En ese momento esto fue presentado como un gran avance, y los países del Sur (a menudo culpados de impedir iniciativas en defensa del medio ambiente) fueron especialmente felicitados por los ecologistas por haber encabezado las acciones que condujeron a la prohibición. Pero, como la experiencia lo ha demostrado, no hay lugar para la complacencia cuando se afectan los intereses comerciales. A principios de este año, Greenpeace obtuvo la información de que Estados Unidos estaba iniciando medidas para desmantelar la prohibición del Convenio de Basilea. El propio Estados Unidos todavía no ratificó el Convenio y sólo tiene rango de observador, si bien ejerce una influencia enorme. Los países de la Unión Europea ratificaron el Convenio y por lo tanto están obligados a aplicar la decisión de prohibición. Una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos a los gobiernos de la Unión Europea (obtenido por Greenpeace) señala: "Estados Unidos se opone a la "prohibición OCDE a no OCDE" y no apoyaría esta enmienda." Según Greenpeace, la administración Clinton está trabajando estrechamente con la Cámara de Comercio y la industria de reciclaje de Estados Unidos para encabezar una oposición internacional a la prohibición. Entre los países que podrían apoyar a Estados Unidos figuran Canadá, Francia y Australia. Importancia del negocio La importancia para el Norte del comercio de productos tóxicos a través de materiales de reciclaje queda demostrada en los datos siguientes: de los 400 millones de toneladas de residuos producidos anualmente, un 98% proviene de países de la OCDE y se vierten más de 40 millones de toneladas en los países en desarrollo, según el PNUMA. Los investigadores de Greenpeace estudiaron 738 proyectos, desde 1989 a 1994, que proponían exportar residuos de países ricos a países pobres, y descubrieron que en el 86% de los casos se invocó su "reciclaje" y "utilización ulterior". Si bien esto pudo haber sido un argumento suficiente para continuar con el comercio tóxico de acuerdo con el Convenio original de Basilea, la decisión de la prohibición de marzo de 1994 (conocida como Decisión II/12) prohibiría el comercio de esos materiales para 1998. Una campaña encubierta Un informe del New Scientist (ejemplar del 18 de febrero) también denunció dos documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos que, según la revista, demuestran "una campaña encubierta" para debilitar la prohibición de Basilea. Un documento de octubre de 1994 titulado "Plan de Acción del Convenio de Basilea" dice lo siguiente: "En los próximos meses, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos participarán en una serie de actividades para promover que Estados Unidos adopte la posición de que las prohibiciones categóricas sobre el comercio no son deseables desde un punto de vista tanto ambiental como comercial y que la prohibición OCDE/no OCDE debe ser modificada. Convendrá que Estados Unidos trabaje calladamente en algunos temas y deje que sean otros los que lleven la delantera." Otro documento filtrado resume las objeciones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a la prohibición de Basilea que, dice, reduciría los 2.200 millones de dólares que Estados Unidos gana anualmente por el comercio de materiales reciclables. El documento dice que las misiones comerciales de Estados Unidos deberían visitar a los países que no integran la OCDE para señalar que la prohibición los perjudicaría económicamente y que habría que exigir que la decisión se revirtiera. Del 15 al 17 de marzo se llevó a cabo un taller internacional en Dakar, Senegal, para discutir la "aplicabilidad" de la decisión de prohibición de Basilea. Los grupos ambientalistas habían temido que el seminario fuera utilizado por Estados Unidos y la industria para comenzar las maniobras tendientes a revertir la prohibición de Basilea. Un informe de Greenpeace (cuyos representantes participaron en la reunión), decía que: "No obstante, el intento de desacreditar la prohibición fracasó, a pesar de que el 80% de los oradores del seminario representaban a industrias asociadas con la exportación de residuos tóxicos y muy pocos oradores de la reunión representaban a gobiernos de países no pertenecientes a la OCDE." Tender a la eliminación En la clausura del taller, Dinamarca propuso que se celebrara en Copenhague una reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo Técnico de Basilea, para resolver asuntos sobre definiciones de residuos para poner en práctica la prohibición. Dinamarca ha sido uno de los países del Norte que apoyó totalmente al Grupo de los 77 en la aprobación de la prohibición de Basilea, y parece decidido a ayudar a defenderla. Es evidente que los países del Sur deben estar en guardia para proteger los triunfos que lograron en la defensa del medio ambiente y el desarrollo. Los intereses creados, dirigidos por la ambición de aumentar las ganancias, intentarán por todos los medios de lograr sus objetivos con un costo mínimo. La prohibición al comercio de residuos tóxicos, incluidos los materiales de reciclaje, debe ser defendida. Y a nivel nacional, los gobiernos, como medida en el corto plazo, deben encontrar métodos mejores de eliminar los residuos generados a nivel nacional. A la larga el comercio, fabricación y uso de sustancias tóxicas debe eliminarse, en una estrategia que promueva la producción no contaminante y productos no contaminados. Esto, por supuesto, también reducirá drásticamente tanto los residuos tóxicos como la necesidad de eliminarlos. Fuente: Red del Tercer Mundo |
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