¿Ciudadanos bajo control?

Quienes luchan contra el crimen mundial están buscando instalar sistemas de información integrada que les permitirán hacer un trabajo más eficiente, pero la privacidad personal corre sus riesgos.

Más de 140 delegaciones nacionales se reunieron en El Cairo a principios de mayo para discutir sobre la prevención del delito y el tratamiento de los infractores, poniendo énfasis en la computarización de los sistemas de justicia penal.

A medida que el volumen de información disponible crece en proporciones siderales, y el delito es cada vez más sofisticado, los especialistas dicen que los sistemas de justicia necesitan adoptar métodos radicalmente nuevos para mejorar la eficiencia dentro de sus jurisdicciones y aumentar su eficacia a nivel internacional.

"La policía está abrumada con la información", afirmó Edward Ratledge, de la Universidad de Delaware en Estados Unidos. "Para hacerle frente, necesita sofisticados sistemas de computación".

Cuatro áreas claves

Naciones Unidas, auspiciante de la conferencia, identificó cuatro esferas en las cuales las computadoras pueden servir a los organismos de justicia: para la información de archivo; para la información táctica de apoyo a las decisiones de detención previas al juicio; para la información de administración de casos de apoyo a la fiscalía o los tribunales; y para la información estratégica, por ejemplo, analizando las tendencias de los índices de criminalidad.

"Pero si queremos sacarle provecho a estos sistemas, debemos poder entregar la información a quienes la requieran en el momento que la requieran", sostuvo David Coldren, de la Universidad de Illinois, en Chicago.

"La convergencia de las tecnologías de información y de comunicaciones ha hecho que estos sistemas de entrega sean relativamente accesibles desde el punto de vista de los costos, y dentro de pocos años estarán al alcance de la mayoría de los organismos de justicia penal".

Manipulación y violaciones

Pero la computarización de estos organismos levanta el fantasma de la manipulación de la información, en especial la violación de la privacidad, advierten los especialistas.

Cuanta más información se recoja, mayor es la necesidad de actualizarla. Cuanto más fácil es transmitirla, hay mayores probabilidades de que pueda terminar en las manos de personas ajenas a los aparatos de justicia.

En Estados Unidos, por ejemplo, la información recogida por la policía puede ser entregada a potenciales empleadores para vetar a posibles empleados.

A los maestros, choferes de ómnibus y a quienes trabajan en el cuidado de los niños, la ley les exige que registren sus huellas digitales para verificar si han cometido delitos que puedan descalificarlos para el empleo.

"Esta tendencia está avanzando y los registros que antes estaban sólo a cargo de los funcionarios de justicia en lo penal, ahora están a disposición de un espectro mucho más amplio" y cada día aumentan las dificultades para evitar que quienes no están autorizados tengan acceso a la información personal y a las transacciones comerciales importantes, advirtió Coldren.

"Mientras cada vez más gobiernos reconocen que las ideas y la información no conocen fronteras burocráticas o nacionales (...) necesitamos ser más conscientes del daño perdurable que una información incorrecta -en especial sobre arrestos, demandas, penas y prisión- puede tener sobre los ciudadanos". La posible violación de la privacidad individual y la situación por la cual se niegan oportunidades de empleo debido a antecedentes incorrectos o incompletos "han aumentado sustancialmente", afirmó Coldren.

Sistemas controlados

Para combatir esta tendencia, Naciones Unidas exhortó a los legisladores a definir normas que con claridad dispongan sobre la obtención, mantenimiento y divulgación de la información por parte de los organismos de justicia. Su temor es que de no hacerlo el derecho a la privacidad correrá peligro.

Si bien el acceso a la información debe ser lo más amplio posible, los especialistas señalan que esto no es excusa para dar a conocer información falsa.

Para Coldren, los legisladores y quienes manejan la información deben aplicar controles "rigurosos" sobre la obtención y mantenimiento de la información, y realizar auditorías regulares, independientes de los sistemas de información de la justicia penal, para mejorar la precisión de dichos sistemas y verificar que estén completos.

"Debemos asegurarnos que esas auditorías realmente se hagan y que haya sanciones efectivas para quienes manipulan deliberadamente la verdad", dijo.

Como la generalización de la computarización aún es un fenómeno relativamente nuevo, falta ver cuál será su efecto sobre el sistema de la justicia penal y el derecho a la privacidad. Todo indica que sin controles relativamente rigurosos, la información puede ser usada con fines ignominiosos.

Fuente: SUNS/IPS