Conceden impunidad
a trasnacional australiana

La trasnacional australiana BHP estará eximida por ley en Papua Nueva Guinea del pago de compensaciones por haber contaminado el ambiente con las actividades de su mina de oro y cobre "Ok Tedi" y aquellos que se presenten ante los tribunales en calidad de afectados serán penalizados.

La trasnacional BHP, con sede en Australia, y el gobierno de Papua Nueva Guinea hicieron un acuerdo, que será aprobado como ley en el parlamento, por el que se prohíbe entablar juicio a BHP para obtener el pago de compensación, acción que será considerada un delito penal.

El estudio jurídico australiano Slater & Gordon representa a 30.000 propietarios que reclaman una compensación de 4.000 millones de dólares por los perjuicios ocasionados por la mina "Ok Tedi", de la cual BHP posee el 60%. Un proyecto de acuerdo entre BHP y Papua Nueva Guinea determina las medidas que el gobierno debería utilizar para proteger el "derecho" de la compañía a destruir el medio ambiente y explotar impunemente la riqueza mineral de Papua Nueva Guinea.

El proyecto final del acuerdo, firmado por BHP y el gobierno de Papua Nueva Guinea, será dado a conocer recién en setiembre. La empresa BHP logró anular una requisitoria presentada por Slater & Gordon ante la Suprema Corte de Victoria (en Australia), solicitando la publicación del acuerdo.

(El proyecto de ley de Papua Nueva Guinea, en el marco de los términos del acuerdo, establece que) toda persona que emprenda una acción judicial contra BHP tendrá que pagar una multa de 100.000 dólares australianos y 10.000 dólares más "por cada día que continúe el delito".

"Quien ayude, incite, asesore o haga la procuración, o de cualquier otra forma esté involucrado o sea parte de..." contravenir cualquier disposición del acuerdo "es culpable de un delito" y enfrenta las mismas sanciones.

Explotación contaminante

El acuerdo es un suplemento del convenio de minería original entre BHP y el gobierno de Papua Nueva Guinea, en vigor desde 1976. "Ok Tedi" ha estado contaminando el medio ambiente desde que comenzaron las actividades de explotación de la mina y los propietarios han estado luchando por justicia durante casi el mismo tiempo.

La destrucción llegó a tal punto que el gobierno quedó en una posición bastante incómoda, tanto que en 1992 el Ministro de Medioambiente de ese entonces, Perry Zeipi, sugirió a BHP que construyera una represa para sacar de la mina el agua contaminada con los residuos tóxicos.

BHP vierte diariamente 80.000 toneladas de residuos en los ríos Fly y Ok Tedi, aparentemente con el beneplácito del gobierno. Los ríos son fuente de sustento de miles de habitantes de Papua Nueva Guinea.

El convenio habla de "abogados extranjeros" -abarcando entre ellos a Slater & Gordon- que participan activamente en litigios, y de escritos presentados contra la compañía reclamando por daños provocados por los efectos de contaminación del ambiente resultantes de las actividades de la mina.

Dice que esto plantea "expectativas irreales entre las personas afectadas por las actividades de la compañía en cuanto a la compensación que dichas personas esperarían percibir".

Prohibido defenderse

El acuerdo ilegaliza la representación que hace Slater & Gordon de los habitantes de la provincia occidental Fly River así como los reclamos de éstos. Contiene una disposición que prohíbe ayudar directa o indirectamente a una persona a defenderse o a resistir el proceso compensatorio, a dar pruebas o ayudar directa o indirectamente a una persona a dar pruebas y a presentar o hacer valer una demanda, o hacer algo para dar efecto a un veredicto u orden en el proceso compensatorio.

Si se diera lugar al litigio por daños, dice el acuerdo entre el gobierno de Papua Nueva Guinea y la empresa BHP, sería "muy costoso" y "provocaría un descontento social de gran magnitud..".

El acuerdo tiene un mecanismo por el cual se pagaría cierta compensación, al mismo tiempo instaura los medios para limitar y controlar estrictamente toda compensación pagada, y otorga a la compañía y al gobierno el derecho a no pagar a nadie.

"No se someterá a arbitraje ningún diferendo, cuestión o diferencia de opinión concerniente a tal acuerdo (de compensación)..." El gobierno provisional de la Provincia Occidental distribuirá el pago de la compensación entre el 30% de las acciones destinadas a ese fin.

Sin responsabilidades

El acuerdo exime a BHP de cualquier responsabilidad. Establece inequívocamente que "constituye una defensa absoluta" contra todo otro proceso de compensación. A esto se agrega la disposición de que quien esté facultado a percibir algún tipo de beneficio como resultado del Proceso Compensatorio, contrae una deuda con "la persona (léase BHP) a la cual se le exige que provea ese beneficio".

Y "la persona que debe proveer ese beneficio puede compensar el monto de esa deuda con su pasivo para proveerlo". Así, aún si BHP tuviera que pagar alguna compensación, estaría facultado a reclamarla.

John Gordon, de Slater & Gordon, pregunta: "¿Qué tiene de malo permitirle a la gente acceder a los tribunales, algo que todos nosotros damos por sentado? ¿Por qué alguien querría evitar el escrutinio si lo que está haciendo es correcto y conveniente?"

"Negarle a la gente el derecho a presentar su caso", continúa diciendo Gordon, "atenta contra nuestras ideas de libertad de expresión y libertad de acceso a la justicia y del proceso debido. Y peor aún (es) ilegalizar a alguien por ello. Todos los australianos que creen en la libertad y la justicia deberían sentirse agraviados por lo que les ocurre a nuestros vecinos cercanos, a instancias de una compañía australiana."

"Después de todo ¿no luchamos codo con codo con los habitantes de Papua Nueva Guinea hace 50 años en el juicio de Kokoda para proteger esos derechos fundamentales?", pregunta Gordon.

Insulto al derecho

Community Aid Abroad (una ONG australiana) exhortó al gobierno australiano a "persuadir a BHP" a retirarse del acuerdo. El organismo de ayuda, que apoya a la gente de la Provincia Occidental, dice que ese acuerdo es un insulto al derecho común y a las obligaciones para con los derechos humanos de Australia. "El 'gran australiano' se ha convertido en el 'gran prepotente', declaró el director ejecutivo de la ONG, Jeremy Hobbs.

Tal vez el gobierno de Keating tome recaudos para acallar el tema y suavizar algunas partes del acuerdo. No obstante, su apoyo a la guerra sangrienta de Papua Nueva Guinea contra el pueblo de Bougainville -para defender la mina de cobre de CRA en la isla- demuestra una vez más quién detenta realmente el poder en Australia y en Papua Nueva Guinea, y hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus ganancias.

Respuesta acorde

El acuerdo entre BHP y el gobierno de Papua Nueva Guinea para ilegalizar los reclamos contra BHP por la mina "Ok Tedi" e imponer sanciones a quienes reclaman por daños provocó una respuesta furiosa de los más directamente afectados: 30.000 personas de 500 clanes de la Provincia Occidental de Papua Nueva Guinea.

Desde Kiunga, el líder Alex Maun, dijo que muchos le habían preguntado para qué seguir presentándose a los tribunales. Los propietarios se preguntan: "Si nos van a dejar fuera de la ley por presentar pacíficamente nuestra demanda ante el Tribunal...¿Por qué no ir simplemente a la mina y sacarle a esas compañías la tierra y el río que nos arrebataron? ¡No pueden hacernos nada peor de lo que ya nos han hecho!"

Maun definió las multas de 100.000 dólares australianos más 10.000 dólares por día como "un chiste".

"Debemos ser gente muy mala, realmente," expresa. "En mi aldea (Iogi), la mayoría de la gente no podría juntar 10.000 dólares en toda su vida. Tendrán que construir una cárcel enorme para toda mi aldea y las otras con las que he hablado. Sólo nos queda seguir luchando en los tribunales por lo que creemos...hasta donde podamos."

(Fuente: Red del Tercer Mundo/Guardian de Australia)