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Medio Ambiente |
| Chile Cuentas ambientales sin respaldo del gobierno Las virtuales descalificaciones que desde el propio gobierno de Chile se hicieron a los intentos del Banco Central de organizar un sistema de cuentas ambientales, son parte del balance negativo de 1995 hecho por entidades ecologistas
El Codeff y el IEP, dos de los mas importantes grupos ambientalistas del país, censuraron al gobierno del presidente Eduardo Frei, que restó importancia a informes sobre ambos temas, elaborados por expertos del Banco Central. El instituto emisor inicio en 1995 estudios sobre el deterioro de los recursos naturales, con vistas a aplicar recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para incorporar el factor ambiental a las cuentas nacionales. La puesta en marcha de este programa incluyó la creación en el Banco de la Unidad de Cuentas Ambientales, a cargo del economista Marcel Claude, cuya primera labor seria realizar tres estudios, sobre los recursos forestales, pesqueros y mineros. Bosques nativos y pesca El primer análisis prospectivo, que trascendió a comienzos de noviembre, advertía que al actual ritmo de explotación el país exterminará en los próximos 30 años sus recursos de bosques nativos, de unos siete millones de hectáreas. Los empresarios, agrupados en la Corporación de la Madera (Corma), reaccionaron de inmediato contra el estudio, calificándolo de poco científico, alarmista y afirmando que sus conclusiones eran erróneas. La reacción empresarial fue avalada por organismos oficiales, como la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), esta última dependiente del Ministerio de Agricultura. La desautorización más cáustica al estudio del Banco Central provino del titular de esa cartera, Emiliano Ortega, a quien el IEP le otorgó el antipremio ''Cloaca 95'', acusándolo de ''abandono de deberes en la defensa de los recursos naturales''. La inquietud afloró nuevamente en diciembre, cuando trascendió la existencia de un segundo estudio de la unidad dirigida por Claude, que lanzaría un nuevo toque de alerta acerca de la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Las autoridades del Banco Central negaron que existiera tal estudio, mientras los organismos empresariales del sector pesquero y la Subsecretaria de Pesca, del Ministerio de Agricultura, negaban la supuesta sobreexplotación. Una "renuncia voluntaria" Poco después, Claude presentó su ''renuncia voluntaria'' y la Unidad de Cuentas Ambientales fue virtualmente intervenida, para quedar bajo la tutela directa de Nicolás Eyzaguirre, gerente de la División de Estudios del Banco Central. Roberto Zahler, presidente del instituto emisor, dijo que la entidad seguirá adelante con su proyecto de cuentas ambientales, pero los observadores y analistas advierten un inequívoco intento de ''bajarle el perfil'' al controvertido programa. El Banco Central, entidad autónoma según la Constitución chilena, es ''permanentemente objeto de presiones'' que buscan influir en la política cambiaría y crediticia, según admitió Zahler ante los periodistas. Interrogado si hubo tales ''presiones'' para la salida del jefe de la Unidad de Cuentas Ambientales, Zahler respondió que la pregunta había que hacérsela directamente a Claude, insistiendo en que su dimisión fue ''voluntaria''. El economista, de 37 anos, dijo a la prensa que su renuncia fue un gesto de ''consecuencia ética y personal''. ''Me voy feliz por haber hecho esa labor. No era ingenuo, sabia que iban a existir presiones y que nuestro trabajo tendría algún costo'', agregó. Mayor flujo de inversiones Los tres sectores previstos en las cuentas ambientales -la minería, el forestal y la pesca- están entre los que reciben los mayores flujos de inversión en el país, especialmente de origen foráneo en el caso de la explotación de minas y bosques. Los grupos ecologistas sostienen que las compañías mineras y forestales de países industrializados vienen a Chile porque encuentran una legislación más permisiva, sin grandes condicionamientos ambientales. Miguel Stutzin, presidente de Codeff, recordó que el gobierno autorizó un gigantesco proyecto a la transnacional estadounidense Trillium para montar una planta de ''chips'' (astillas) que se abastecerá de los centenarios bosques de lenga, en la región austral de Magallanes. Al mismo tiempo, señaló Stutzin, las autoridades bloquearon el proyecto del millonario estadounidense Douglas Tomkins, quien en una superficie similar a la adjudicada a Trillium, quiere crear un santuario para la defensa del bosque nativo. ''El gobierno insiste en ocultar el hecho que Chile se está descapitalizando por agotamiento de su capital natural, que está siendo explotado con una mentalidad de corto plazo y al servicio de empresas e intereses económicos particulares'', afirmó el dirigente ecologista. (Fuente: SUNS/IPS) |
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