Agroquímicos afectan a trabajadores bananeros

Cerca de 14.000 mujeres que en algún momento trabajaron en las compañías bananeras de Costa Rica, en contacto directo con agroquímicos, continúan luchando para demostrar que esos productos de uso común en la fábrica, dañaron su salud.

Carmen Bustos, de 41 años, trabajó desde su adolescencia en fincas bananeras. Empezaba su jornada a las seis de la mañana y la concluía a las ocho de la noche, en una empacadora. Al igual que sus compañeras, era enviada a trabajar a las bodegas a lavar bolsas de productos "que olían a rata muerta y nos producían picazón".

Ahora, varios años después de haber cambiado de trabajo, Carmen sufre dolores frecuentes en los huesos, de cabeza, pérdida de la vista y ha tenido siete abortos. Mientras trabajó en las bananeras tuvo cuatro hijos, de los cuales uno presenta problemas de aprendizaje y el otro padece de desequilibrios mentales.

Carmen no es la única. Miles de mujeres que trabajaron con los productos químicos, así como sus hijos, sufren alteraciones de la salud.

Pérdida de fertilidad

Yamileth Carpio, del Frente Nacional de Mujeres afectadas por tóxicos, dijo que los tribunales de Estados Unidos rechazaron el pedido porque no existe prueba científica de que sus problemas hayan sido causados por los agroquímicos utilizados por las compañías.

"Lo que dijeron es que como estas mujeres provienen de países subdesarrollados, es posible que la mala alimentación fuera la causa de los problemas", relató Carpio.

Mejor suerte corrió un grupo de 2.000 hombres que planteó una demanda internacional similar cuando se percataron que habían perdido su fertilidad. En 1991 fueron indemnizados, cuando se descubrió que sus problemas de salud estaban directamente relacionados con un producto llamado DBCP. Su uso se prohibió en Costa Rica en 1982, pero tras la prohibición, la trasnacional Standard Fruit Company dejó de utilizarlo en Costa Rica pero pasó a emplearlo en Honduras, Haití y Nicaragua.

Carpio indicó que es probable que en Costa Rica las trasnacionales estén recurriendo a otros agroquímicos prohibidos en Estados Unidos y Europa.

Los trabajadores bananeros de Honduras y Panamá también demandaron a las trasnacionales a raíz de los daños causados por el DBCP.

En Honduras, la Standard Fruit negoció con un grupo de trabajadores indemnizaciones de entre 1.000 y 1.500 dólares, según el tipo de lesión. Otro grupo, de aproximadamente mil personas, no aceptó la negociación y a principios de 1990 entabló una demanda contra la compañía, que se ventila actualmente en un tribunal del estado estadounidense de Texas.

El sindicato de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la Chiquita Brand, intentó llevar adelante un proceso semejante, pero se comprobó que en las plantaciones de esa empresa no se usó el DBCP y la acción no prosperó.

Práctica generalizada

En Panamá, un estudio realizado en 1993 por la investigadora Hildaura Patiño, reveló que el 50,4% de los accidentes de trabajo ocurridos en las plantaciones bananeras de la provincia de Chiriqui y en la región cerealera de Azuero fueron ocasionados por la exposición a agroquímicos.

Según cifras de la Caja de Seguro Social, organismo estatal, mensualmente acuden a los centros de salud de Chiriqui y la provincia de Bocas del Toro, alrededor de 200 trabajadores intoxicados y con afecciones en la piel, provocadas por productos químicos.

En Chiriqui, un obrero demandó a la Chiquita Brands por un millón de dólares tras quedar estéril debido a la prolongada exposición al DBCP y al cloropropano, usados por esa compañía para fumigar la fruta.

El trabajador basó su pedido en un informe del presidente de la Comisión Médica Certificadora del distrito, Máximo Chacón, quien le diagnosticó que padece de "infertilidad secundaria como consecuencia del contacto prolongado con agroquímicos".

En Azuero, un concejal testimonió haber visto niños "que han nacido con malformaciones, niños de escuela a los que les da vómitos debido a los residuos de plaguicidas que quedan flotando en el ambiente después de las fumigaciones".

Refiriéndose al caso de las mujeres costarricenses, Yamileth Carpio dijo que ahora ni siquiera tienen representación legal en Estados Unidos, porque la firma que las respaldaba las abandonó tras el pronunciamiento de la justicia.

"Desde hace tres años nos agrupamos para documentar cada caso, pero ahora que nos han rechazado toda la demanda pretendemos buscar o contratar médicos que hagan estudios y mantenernos en la lucha", afirmó.

(Fuente:SUNS/IPS)