Declaración de Buenos Aires

La Red Latinoamericana y del Caribe sobre la Banca Multilateral de Desarrollo, Red Bancos, se reunió en Buenos Aires entre el 22 y el 24 de marzo para analizar el cumplimiento de los compromisos acordados por el Banco Interamericano de Desarrollo en la Octava Reposición de Capital de 1994.

En la declaración que reproducimos, dirigida a los ministros y directores ejecutivos asistentes a la XXXVII Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, la Red expresó sus principales preocupaciones. Durante el transcurso de la reunión los integrantes de la Red se reunieron con varios directores ejecutivos del organismo para informarlos sobre los temas que interesan a la Red e intercambiar opiniones.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1996

Sres. Gobernadores y Directores Ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID

De nuestra mayor consideración:

La Red de Organizaciones No gubernamentales (ONGs) de América Latina y El Caribe sobre la Banca Multilateral de Desarrollo (Red Bancos) se dirige a usted en ocasión de la XXXVII Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para presentarle una serie de inquietudes de los miembros de la Red, presentes en Buenos Aires.

Red Bancos tiene como principal objetivo dar seguimiento a los proyectos y políticas del BID y del Banco Mundial en la región, promoviendo la participación de la sociedad civil en los mismos. Esta red fue la culminación de un proceso que involucró a diversos sectores de la sociedad civil, e impulsó muchas de las reformas que fueron posteriormente aprobadas por el BID en su Octava Reposición de Capital en 1994 en Guadalajara, México.

En los días previos a dicho evento, un conjunto de ONGs nos reunimos en la misma ciudad y nos constituimos en una red integrada por organizaciones latinoamericanas y caribeñas, con el objetivo central de monitorear la implementación de los compromisos allí asumidos por los gobernadores del Banco. En el momento actual, nuestra red cuenta con miembros en 14 países de la región.

Entre el 22 y el 24 del corriente, Red Bancos se reunió en Buenos Aires, y aquí sus miembros coincidieron en señalar su preocupación sobre un conjunto de temas. En primer lugar, estamos preocupados por los impactos socioeconómicos y ambientales de algunas de las políticas del Banco, en particular las derivadas del ajuste estructural, cuyos resultados afectan a amplios sectores de las poblaciones, con efectos diferenciados sobre las mujeres, las poblaciones indígenas y los jóvenes. La aplicación de las políticas de ajuste estructural parecen estar en contradicción con los compromisos asumidos por los gobiernos y por el Banco durante la Octava Reposición, en particular con respecto a la reducción de la pobreza, el sector social y el medio ambiente.

Por otro lado, se destacan los avances en el Banco en materia de apertura y acceso a la información, elemento imprescindible para una participación y consulta social efectiva en las operaciones del Banco. Sin embargo, aún se detectan importantes vacíos, principalmente en las representaciones del Banco a nivel nacional que creemos fundamental superar a la brevedad. En estas oficinas no parece existir un adecuado sistema de funcionamiento en lo relativo a la disponibilidad de información. Consideramos que el Banco debe asignar un mayor volumen de recursos y una mayor capacitación de su personal a nivel local, para que su política de información se traduzca en resultados más efectivos.

Para que la participación de las poblaciones afectadas y las organizaciones interesadas sea más efectiva, vemos la necesidad de que el Banco defina estrategias y mecanismos más transparentes y eficaces. Si bien sabemos que se está trabajando en ese sentido, el camino a recorrer es largo aún. Resulta de vital importancia la evaluación de la efectividad de los mecanismos de participación y consulta existentes, el desarrollo de proyectos pilotos para probar metodologías y proponer lineamientos de participación que guíen al personal del Banco. Lo anterior debe complementarse con la capacitación de personal, de tal forma que logren llevar a cabo más efectivamente sus acciones en esta materia.

En el área ambiental, la Octava Reposición asumió una serie de compromisos para asegurar que todas las operaciones que el Banco financia sean sostenibles. Además se comprometió a la actualización de sus lineamientos ambientales en un contexto de consulta y diálogo con sectores relevantes de la ciudadanía. Si bien estamos al tanto de que la División Ambiental ha empezado a elaborar documentos de estrategia en una serie de áreas, urgimos al Banco a que desarrolle políticas claras que reflejen rigurosos estándares de protección ambiental y que asegure su efectiva aplicación.

Otros puntos de preocupación tienen que ver con diversas temáticas tales como la necesidad de superar las insuficiencias del Mecanismo de Investigación Independiente; los préstamos al sector privado que deberían cumplir con los procedimientos establecidos por el propio Banco en cuanto a la información, participación y sustentabilidad ambiental; garantizar los derechos de los pueblos indígenas considerando los impactos específicos en estas poblaciones. También forman parte de nuestra preocupación algunos proyectos concretos como el de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el macrodrenaje de Belem, la descontaminación del Tiete, la Carretera Panamericana (tramo Darién-Colombia), la conservación ecológica de la Ciudad de México, entre otros.

Red Bancos quisiera tener la oportunidad de sostener contacto permanente y directo con ustedes para intercambiar opiniones sobre estos y otros temas.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

Firmantes: María Onestini, Centro de Estudios Ambientales, CEDEA, Argentina; Ricardo Hernández, Equipo Pueblo, México; César Marchesino, Red Juvenil Latinoamericana por un Desarrollo Sustentable; Deborah Barry, Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, PRISMA, El Salvador; Ricardo Carrere, Instituto del Tercer Mundo, ITeM, Uruguay; Pavel Isa, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, Nicaragua; Mirta García, SOBREVIVENCIA, Paraguay; Mario Ruiz Dolande, Centro de Asistencia Legal Popular, CEALP, Panamá; Iara Pietricovsky, Red Brasileña sobre las Instituciones Financieras Internacionales, Brasil; Charmaine Arbouin, Social Action Center, SAC, Jamaica