El costo de la aventura global

La incorporación de Chile en la aventura económica global ha beneficiado a muy pocos y sus costos han sido altos para la mayoría de la población. El exitoso modelo exportador chileno descansa en los salarios bajos, los pobres y la destrucción del ambiente. El gran desafío actual consiste, según la autora, en cambiar las reglas para lograr un comercio justo y establecer fuertes condicionantes al sector financiero nacional e internacional.

Por Sara Larrain
Red Nacional de Acción Ecológica

Chile ha resultado ser uno de los mejores alumnos en la implementación del modelo neoliberal y uno de los más competitivos en el ranking empresarial mundial.

Según el reciente informe del Instituto de Desarrollo Gerencial, basado en encuestas efectuadas a 2.465 líderes empresariales de todo el mundo, nuestro país ocupa el lugar número 15 en el ranking mundial de competitividad. Le siguen a bastante distancia Brasil, en el lugar 31, Argentina, en el 32, México, Colombia y Venezuela, empatados en el 39, en la región latinoamericana.

Los criterios tomados para este ranking son: el apoyo gubernamental para la competitividad, la habilidad de la sociedad para adaptarse y mantener la competitividad, la agresividad en el mercado mundial y el atractivo del país para los inversionistas.

Ante este tipo de "avances" de Chile en la escena internacional, la pregunta que se hacen los ciudadanos es ¿quiénes se benefician?, y cuales son las lecciones de este éxito de integración a la economía global.

Bases competitivas de la economía chilena

Las cuentas nacionales que presenta la economía chilena se presentan muy sólidas, y con un crecimiento sostenido entre seis por ciento y siete por ciento anual los últimos 12 años.

Este crecimiento se logró ejerciendo profundos cambios desde un sistema de industrialización cerrada centrada en el mercado interno, regulado y protegido, hacia un modelo económico basado en la exportación de materias primas, la privatización, la desregulación y la incorporación a la economía global.

Los principales elementos competitivos que facilitaron esta incorporación en la economía global han sido la mano de obra barata y la externalización de los costos ambientales (creciente sobre explotación de recursos, aumento de contaminación, etc.).

Pero las consecuencias sociales y ambientales de estas ventajas competitivas han puesto en cuestionario la sustentabilidad social y ambiental de la economía chilena.

La arrogancia de Chile en América Latina, por su notable progreso al combinar crecimiento del producto interno bruto (PIB), estabilidad macroeconómica en precios y buenos índices de empleo, hoy está en juego por la intensificación de los impactos ambientales y sociales, lo que está generando niveles crecientes de estrés social en la población.

La insustentabilidad ambiental

Desde la perspectiva ecológica, no es posible mantener la expansión económica de los últimos años en las condiciones actuales de producción. La insustentabilidad ambiental del modelo exportador chileno se expresa en el actual colapso de especies, la pérdida de ecosistemas y suelos agrícolas, la multiplicación de zonas saturadas por la contaminación y el deterioro generalizado de la salud de la población.

La externalización de los costos ambientales como una ventaja comparativa, que facilitó la inserción de Chile en el mercado internacional, hoy constituye un gran lastre para la economía, y una deuda ambiental que deberá ser asumida por los chilenos y sus gobiernos en el futuro.

Insustentabilidad social

Desde la perspectiva social aun más de un cuarto de la población del país vive en estado de pobreza (cuatro millones de chilenos), de los cuales un millón es indigente. La pésima distribución del ingreso ya iniciada en la dictadura militar, continúa sin ningún cambio; y peor aún, los índices de distribución del ingreso, según cifras oficiales, han empeorado entre 1992 y 1994, lo que está generando un creciente descontento popular.

Aspectos especialmente graves son el mantenimiento de bajos salarios y el mantenimiento de la misma ley laboral promulgada por el gobierno militar.

Impactos ambientales de la apertura económica

En un contexto comercial en el cual las exportaciones chilenas se han multiplicado 15 veces en los últimos años, hoy casi nueve de cada 10 dólares que exportamos corresponden a recursos naturales en bruto o materias primas levemente procesadas. Estas provienen del sector minero (44,5 por ciento), agrícola (17,1 por ciento), forestal (14 por ciento) y pesquero (11,7 por ciento, cifras de 1995).

En 1994, más de 88,2 por ciento de nuestras exportaciones fueron recursos naturales. De esta cantidad 55,9 por ciento son materias primas no procesadas y 32,3 por ciento recursos con bajo nivel de procesamiento, especialmente harina de pescado y celulosa.

Funcionarios del gobierno y empresarios declaran que el país tiene capacidad de seguir creciendo entre seis y siete por ciento anual, pero ignoran la incapacidad de los ecosistemas de seguir soportando la presión actual extractivista, o como depósitos de residuos y emisiones de los procesos industriales.

La presión sobre los ecosistemas es tan concentrada, debido al tipo de competitividad chilena en el mercado global, que 64,8 por ciento de todo lo que exportamos en 1994, y 68,1 por ciento de todo lo que exportamos corresponde sólo a 10 productos: cobre, oro, harina de pescado, pescado congelado, uvas, manzanas, celulosa cruda y blanqueada, madera aserrada de pino y chips.

En el ámbito de la contaminación cabe destacar, que la degradación del ambiente es generalizada y que el Estado se ha visto obligado a declarar zonas saturadas a aquellas localidades donde los impactos de la contaminación sobre la salud de la población son graves.

La desregulación ambiental en el país, la inexistencia de una ley ambiental en plena aplicación, las regulaciones blandas y la inexistencia de fiscalización han generado graves impactos no sólo a los ecosistemas sino también a la calidad de vida y a la salud de la población.

Sector minero

El sector minero en Chile ha generado gran contaminación de agua, aire y tierra. Muchas regiones mineras del país, especialmente aquellas productores de cobre, han debido ser declaradas zonas saturadas por el gobierno, pues sus altas emisiones han generado graves daños a la salud de la población y al medio ambiente (Chuquicamata, Paipote, Ventanas y Caletones).

Entre las compañías, sólo CODELCO, la empresa estatal del cobre, debe invertir más de 900 millones de dólares para revertir la situación de contaminación de agua y aire que ha provocado.

Extrañamente hoy, tanto el estado como el sector privado señalan no tener fondos suficientes para los planes de descontaminación de regiones que ellos mismos han contaminado.

En el sector minero, los instrumentos de apoyo gubernamental que más han contribuido a la presión sobre los ecosistemas y al impacto de las poblaciones locales, han sido el Código de Minería y el Código de Aguas promulgado por el gobierno militar para atraer la inversión extranjera. Ambos decretos siguen estando vigentes sin cambio alguno durante la transición democrática. Entre éstos, especialmente el Decreto Ley 600, apoya y estimula las grandes inversiones a costa de los derechos de las comunidades locales. Un ejemplo de ello es que las empresas han obligado la migración de poblaciones locales, especialmente de indígenas aymará y atacameños, al obtener del Estado los derechos de agua, lo que ha obligado a las comunidades a disminuir sus actividades agrícolas y ganaderas.

Este hecho tiene especial relevancia, dado que el 90 por ciento de las actividades mineras están en la I, II y III región, que son zonas desérticas, y debido a que los procesos mineros son intensivos en el uso de los recursos hídricos.

La legislación actual en Chile tampoco contempla la restauración de los lugares donde se desarrollan emprendimientos mineros una vez que las faenas han finalizado.

La desregulación y privatización de la empresa estatal, además, ha provocado en 1994 una baja, a la mitad, en la producción estatal de cobre refinado, que en 1974 era 84 por ciento.

Una mayor apertura comercial de Chile a través de los tratados de libre comercio sin regulaciones ambientales va a aumentar la presión sobre los recursos mineros y los impactos de su explotación, debido al subsidio ambiental existe en nuestro país, la ausencia de impuestos adecuados y la disponibilidad de mano de obra barata.

Sector forestal

Para facilitar la apertura exportadora en el sector forestal, el gobierno militar cambió el marco legal introduciendo decretos tales como el 701, que subsidia las plantaciones forestales y las libera de impuestos. El decreto ha tenido una vigencia de 20 años desde 1974 y el gobierno democrático lo ha renovado.

Este decreto libera de impuestos y subsidia directamente entre 75 y 90 por ciento de los costos de las plantaciones forestales. Sin embargo este subsidio sólo ayudó a las grandes empresas que lo usaron para sustituir bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptos, ambas especies exóticas. Solo cuatro por ciento del subsidio establecido por el 701 ayudó a pequeños agricultores.

Gracias a este subsidio, las exportaciones forestales aumentaron más de 16 veces entre 1974 y 1995, de 130 millones de dólares a 1.450 millones de dólares. En 1995, el sector forestal llegó a exportar 2.040 millones de dólares, según el Banco Central.

Otro estímulo importante a las exportaciones forestales fue la privatización de las empresas estatales. Seis de las más grandes del sector fueron vendidas al sector privado en 78 por ciento de su valor nominal.

El boom forestal subsidiado por el Estado ha externalizado los costos ambientales generando aumento en el uso de plaguicidas y fertilizantes para las plantaciones, migración de poblaciones locales por concentración de la propiedad de la tierra en grandes empresas, contaminación de las aguas, especialmente por procesamiento y blanqueo de celulosa, impactos a la salud por preservantes en base a arsénico y pentaclorofenol, y han tenido como consecuencia el colapso del bosque nativo.

La presión actual sobre el bosque nativo en Chile está a punto de tornarse en algo irreversible. Según el programa de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile, entre 1985 y 1994 se han perdido entre 400.000 y 900.000 hectáreas de bosque nativo. El estudio proyecta que, de continuarse esta tendencia, junto a la actual política forestal, el bosque nativo en Chile desaparecerá el año 2025, es decir en 30 años más.

Sector pesquero

Chile es hoy la cuarta nación pesquera a nivel mundial. Con el fin de facilitar la apertura, el gobierno militar desreguló el sector en 1980, decretando los recursos marinos como res nullius (propiedad de nadie). En los últimos 10 años, Chile dobló las exportaciones provenientes del sector pesquero. La participación del sector en las exportaciones pasó de 2,2 por ciento en 1974 a casi 12 por ciento en 1994.

Durante el gobierno democrático, si bien es cierto el sector pesquero fue regulado por una nueva ley de pesca en 1991, la presión excesiva sobre los recursos ha continuado por falta de implementación de los reglamentos y la falta de fiscalización. Actualmente en Chile, 70 por ciento de los recursos pesqueros están sobreexplotados, produciéndose una disminución de la biomasa disponible del orden del 80 por ciento.

Los mayores impactos ambientales en el sector pesquero son el colapso de especies pelágicas y ventónicas, algunas de las cuales han sido decretadas en veda, y la contaminación generada por la industria pesquera. A esto se suma en los últimos años los impactos de la acuicultura sobre los ecosistemas marinos y lacustres impactando gravemente la industria turística.

Sector agrícola

El gobierno militar promovió la desregulación y la concentración de la propiedad, utilizando variados instrumentos legales, tales como el cambio en la legislación indígena. Estas reformas, más el subsidio a los cultivos de exportación, generó una intensa disminución de los cultivos tradicionales no funcionales a la integración comercial y la casi desaparición de la economía campesina.

El aumento en el uso de plaguicidas, especialmente en los últimos 10 años (1985 a 1994) ha sido de 64 por ciento en los insecticidas, 221 por ciento en los herbicidas, 81 por ciento en los fitoreguladores y 180 por ciento en otros productos especiales. Ciento treinta de estos productos que ingresan al país están en la Lista Consolidada de Productos Prohibidos o Restringidos, de las Naciones Unidas, porque afectan la salud o son cancerígenos o mutagénicos.

En la VI región del país, por ejemplo, donde se usa el 60 por ciento de los plaguicidas, las investigaciones del Hospital de Rancagua muestran un aumento de abortos y malformaciones genéticas en forma alarmante, siendo ya un caso estudiado a nivel mundial.

La política agrícola orientada al mercado mundial ha generado pérdida de biodiversidad por cambios acelerados en el uso de la tierra, salinización de suelos, degradación de fuentes de agua dulce y erosión. Hoy, de acuerdo a informes oficiales, 75 por ciento de los suelos agrícolas de Chile están erosionados.

Finalmente, es preciso señalar que los ingresos del crecimiento exportador agrícola ha ido principalmente a grandes empresas, que la calidad de los empleos ha bajado convirtiéndose muchos de ellos en empleos temporales, y que gran cantidad de campesinos no funcionales al sector exportador están migrando a las ciudades. Se estima que en los próximos años, entre 100.000 y 200.000 familias más tendrán que abandonar el campo por falta de alternativas.

Todos estos impactos han tomado notable relevancia en las argumentaciones de los agricultores ante el gobierno, durante las negociaciones para el ingreso de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al Mercosur.

La presión excesiva del modelo exportador chileno sobre los recursos naturales (colapso de especies, pérdida del patrimonio natural y la biodiversidad), y el uso del ambiente como depósito de emisiones, está generando impactos en la salud, la calidad de vida de la población y el medio ambiente difíciles y caros de revertir. También está impactando negativamente varios sectores productivos, tales como la agricultura y el turismo.

La no incorporación de los costos ambientales ha contribuido muy significativamente al crecimiento económico del país y a su incorporación a la economía global, pues los productos chilenos han sido más competitivos en el mercado internacional. Sin embargo el caso chileno de crecimiento económico y aumento del PIB ha demostrado ser incapaz de proyectar este crecimiento en el largo plazo y de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Intensificación de la inequidad

El modelo exportador chileno, concentrador y excluyente. Esta situación iniciada durante la dictadura militar, se mantiene hoy en la transición democrática. En 1970, antes de la apertura comercial chilena, el crecimiento económico y el PIB eran menores pero sólo el 20 por ciento de la población del país era pobre. En 1990, el gobierno democrático recibe al país con un 40 por ciento de su población en situación de pobreza. El doble de 1970.

Actualmente, después de 12 años de crecimiento sostenido entre seis y siete por ciento anual, todavía casi 30 por ciento de la población chilena sobrevive en situación de pobreza. Esto es cuatro millones de chilenos, de los cuales un millón está en situación de miseria o indigencia. En algunas regiones, como la VII y la VIII, con una alta contribución al PIB interno (27 por ciento proveniente del sector pesquero, 12 por ciento del forestal y 19 por ciento de las manufacturas), 40,5 por ciento de la población respectivamente es pobre.

La pobreza en Chile no se produce porque los pobres no tienen empleos, pues si bien es cierto que entre 1985 y 1990 el desempleo era del 9,5 por ciento, entre 1990 y 1994 sólo ha sido del 5,6 por ciento. Las cifras oficiales muestran que en Chile los pobres están empleados, pero mal pagados.

Las cifras de productividad por hombre tampoco muestran que los trabajadores sean flojos o mal preparados. Empresas privatizadas como CAP, aumentó su productividad en 71 por ciento en nueve años, ENTEL en 116 por ciento en siete años, y teléfonos en 148 por ciento en cinco años.

El crecimiento económico en Chile está subsidiado por los bajos salarios de sus trabajadores. Un millón de hogares, esto es cuatro millones de un total de 13 millones de habitantes, gana menos de 80.000 pesos mensuales (200 dólares) y un millón de hogares más, es decir otros cuatro millones de chilenos, están a punto de caer en esta categoría.

Como resultado de esto tenemos, según cifras oficiales, que al dividir la población chilena en 10 grupos según sus ingresos, vemos que el 10 por ciento más rico recibe el 40,8 por ciento del PIB y el 10 por ciento más pobre sólo el 1,7 por ciento del PIB. Este 10 por ciento más pobre que recibe el 1,7 por ciento del PIB son 1.656.000 personas que obtienen menos de 15.000 pesos al mes.

Entre 1992 y 1994, es decir durante gobiernos democráticos, la distribución del ingreso en Chile ha empeorado, aumentando la brecha entre ricos (+0,7) y pobres (-0,4).

Es claro entonces que los impactos del exitoso modelo exportador chileno descansan en los salarios bajos, los pobres y la destrucción del ambiente. La incorporación de Chile en la aventura económica global ha beneficiado a muy pocos y sus costos han sido altos para la mayoría de la población.

La externalización de los costos sociales y ambientales constituyen la gran ventaja competitiva de Chile en su incorporación al mercado global. Sin embargo, estos mismos factores lo hacen ser una alternativa inviable en el largo plazo, aun en las reglas del mercado.

Los criterios de agresividad en el mercado mundial, el apoyo gubernamental para la competitividad, la habilidad de la sociedad para adaptarse y mantener la competitividad, y el atractivo del país para los inversionistas, establecen los requisitos para incorporarse a la globalización económica, según los líderes empresariales que están encabezando ese proceso. A Chile le ha ido bien en este ranking, pero sin duda ha sido una oscura victoria. La aplicación de dichos criterios ha destruido el medio ambiente y ha intensificado la inequidad social al interior del país.

Los costos de la globalización económica para los ciudadanos y el medio ambiente son insustentables y, por tanto, constituyen un límite real para su consolidación en el futuro. Es por esto que los ciudadanos debemos crear las condiciones necesarias para abolir los impactos de la globalización económica y desarrollar estrategias para revertirla. En esta dirección, la crítica y la difusión publica de las condiciones y consecuencias reales para la gente de los actuales tratados de libre comercio, en nombre de los cuales se están desregulando y estableciendo las nuevas políticas nacionales, es un imperativo urgente. Cambiar las actuales reglas del comercio para lograr la implementación de un comercio justo y establecer fuertes condicionantes al sector financiero nacional e internacional constituyen el principal desafío de los ciudadanos en este contexto.