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Deuda externa |
Plan de alivio para países pobres Entre el desencanto y la esperanza El siguiente es el resumen Ejecutivo de una ponencia de Oxfam Internacional, publicado en abril de 1997
Anna Assiimwe es una niña de nueve años que vive en el distrito de Kabale, en el sur de Uganda, una de las regiones más pobres de uno de los países más pobres del mundo. Tiene algo en común con otros dos millones o más de niños de su país y muchos millones más de toda África y otras regiones en desarrollo: ninguno asiste a la escuela primaria. Desde Uganda hasta Etiopía, pasando por Mozambique, Bolivia y Nicaragua, la aplastante carga de la deuda externa ha llevado a los gobiernos a gastar más en el pago a los acreedores que en la salud y la educación de sus ciudadanos. La merma del gasto público en los servicios sociales trajo aparejado que las familias deban solventar de su propio bolsillo los costos de educación, y los padres de Ana son demasiado pobres como ese gasto. Hasta el año pasado las perspectivas de que pudiera haber algún cambio eran sombrías. Luego el gobierno de Uganda anunció un ambicioso plan según el cual se ofrecería escuela primaria gratuita para hasta cuatro niños por familia. El plan, uno de los elementos de la estrategia del gobierno de Uganda para erradicar la pobreza, debía ser financiado en parte con los ingresos nacionales y en parte con la transferencia de los ahorros devengados de la reducción de la deuda ofrecida por la iniciativa para Países Pobres muy Endeudados (PPME), adoptada por los directorios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en setiembre de 1996. Junto con unos treinta niños más de su aldea, Anna Assiimwe se inscribió en la escuela primaria. Sus esperanzas de obtener una educación y un futuro mejor, alentadas por las medidas anunciadas, pronto se derrumbaron. Después de haberle prometido a Uganda que se le concedería un pronto alivio de la deuda, algunos de los países más poderosos del mundo han utilizado su influencia para retardar la medida por lo menos por un año. Por su parte, el gobierno de Uganda se está ajustando a su plan de ofrecer educación gratuita, pero al enfrentar una cuenta mayor de la esperada decidió postergar los plazos de su puesta en práctica. Para Anna Assiimwe y otros niños de la aldea esto significa otro año sin escuela, otra oportunidad perdida. Los problemas de la deuda generalmente se miden en términos de fríos datos financieros. La obsesiva reserva de los gobiernos acreedores y de las instituciones financieras internacionales así como el impenetrable lenguaje técnico, desestimulan el debate público. Pero detrás de este denso velo, la crisis de la deuda tiene un rostro humano. Es el rostro de una niña - una niña como Anna Assiimwe - a la cual le negaron la oportunidad de tener una educación que podría sacarla de la pobreza, porque ciertos gobiernos del Norte consideran que el pago de la deuda nacional es una prioridad más importante que la de brindarle la posibilidad de asistir a la escuela; es el rostro de una muchacha cuya mente y cuyo cuerpo no están creciendo adecuadamente debido a enfermedades infecciosas recurrentes - enfermedades que podrían ser evitadas transfiriendo una mínima parte de lo que se gasta en el pago de la deuda, a la atención primaria de la salud. También es el rostro de una mujer obligada a caminar durante varias horas en busca de agua, porque las exigencias de los acreedores extranjeros redujeron el presupuesto nacional destinado al abastecimiento de agua. Estos son los rostros de la gente cuyas voces no se oyen en las mesas de negociaciones pero cuyas vidas se ven profundamente afectadas por la deuda y las medidas - y falta de medidas - de los acreedores. La crisis de la deuda que enfrentan los países más pobres ha sido discutida con demasiada cortesía y durante demasiado tiempo. Esa cortesía implica la aceptación tácita de una situación que debería ser considerada intolerable. Permitir que la deuda destruya las mentes y los cuerpos de los niños, que debilite a las comunidades, y que deteriore aún más la situación de los pobres es la antítesis de una conducta civilizada. Nada puede justificarlo, y no debería tolerarse. El alivio efectivo de la deuda ofrecería los recursos necesarios para combatir de manera sostenida la pobreza, mejorando las perspectivas de supervivencia infantil y desarrollo humano para una gran franja del mundo en desarrollo. También ofrecería a los gobiernos del mundo industrializado la oportunidad de tomar en serio su discurso sobre la reducción de la pobreza. Hace siete años, en la Cumbre Mundial sobre la Infancia, prometieron apoyar un ambicioso programa de desarrollo humano. Hace dos años se reunieron nuevamente en la Cumbre para el Desarrollo Social de Copenhague para reafirmar ese compromiso y prometer cooperación en la tarea de proporcionar los recursos necesarios para lograr "eliminar el hambre y la desnutrición, ofrecer seguridad alimentaria, educación y servicios primarios de salud, incluso atención de la salud reproductiva, agua potable y saneamiento". Con demasiada frecuencia esos compromisos se olvidan con la misma rapidez con la que se formulan, y a lo largo de los años se recuerdan sólo como un eco vacío. Pero ahora, la reducción de la deuda ofrece una mecanismo eficaz para traducir las declaraciones nobles en acción. Existe otra razón para actuar decididamente en la reducción de la deuda, una razón que es del propio interés de los acreedores. Actualmente, la deuda alimenta un círculo vicioso de mayor pobreza, estancamiento económico y creciente tensión social, contribuyendo a procesos que amenazan culminar en la crisis de los estados y la desintegración económica. El resto del mundo no permanecerá inmune a las consecuencias humanitarias y económicas de tener que hacer frente a los crecientes Zaires, Liberias y Ruandas. Esas consecuencias pueden evitarse. Sin embargo, existe una parálisis en la cooperación internacional que encuentra su máxima expresión en todo lo relacionado con el alivio de la deuda. Amenazas y oportunidades Este documento contiene dos mensajes simples. El primero es que existe ahora una oportunidad sin precedentes para poner fin a la crisis de la deuda en los países más pobres. Esa oportunidad está brindada por la iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), aprobada el año pasado por los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En realidad, se han presentado problemas en el diseño del marco contextual de los PPME, en particular que el plazo para su puesta en práctica es demasiado largo, que se fijaron umbrales de sustentabilidad de la deuda demasiado elevados y que el alivio de la deuda no está integrado a un programa más amplio de progreso del desarrollo humano. Es necesario introducir reformas en cada una de esas áreas. Pero la iniciativa para los PPME sigue ofreciendo el tipo de enfoque amplio e integrado con el que podría lograrse la sustentabilidad de la deuda. El segundo mensaje es que, por su potencial, la iniciativa para los PPME está a punto de fracasar. Siete meses atrás, el presidente del Banco Mundial, Jim Wolfensohn, proclamó que la nueva iniciativa para el alivio de la deuda constituía una "buena noticia para los pobres del mundo". En los últimos meses hubo una serie de declaraciones públicas positivas y de autohalago por parte del FMI y el Banco Mundial que reforzaron esta idea. Pero esos mensajes distorsionan la realidad. Dos de los candidatos más firmes a recibir un alivio pronto de la deuda - Uganda y Bolivia - fueron tratados vergonzosamente. Ninguno de los dos recibirá una reducción de su carga de la deuda hasta el año próximo, como resultado de lo cual sufrirán pérdidas importantes de divisas. La mayoría de los demás candidatos a obtener un alivio de la deuda deberán esperar hasta el año 2000 o incluso después. Lejos de ser una buena noticia para los pobres, la iniciativa para los PPME corre el peligro de convertirse en una incoherencia monumental. ¿Qué anduvo mal? Resumiendo, faltó voluntad política para poner la iniciativa en marcha. Algunos de los países más poderosos del Grupo de los 7 - Alemania, Japón e Italia - se opusieron a la iniciativa desde el comienzo y ahora están utilizando su influencia en los directorios del FMI y el Banco Mundial para retardar su aplicación y minimizar el grado de alivio de la deuda ofrecido. Lamentablemente, ahora se ha sumado Estados Unidos. Antiguamente férreo defensor de la iniciativa para los PPME, el Tesoro de los Estados Unidos está buscando ahora demorar su aplicación, aun para el caso de países con una trayectoria ejemplar. Por su parte, el FMI desempeñó un papel muy destructivo. Hace dos años negó que existiera un problema de la deuda y se rehusó a participar en cualquier tipo de reducción de la deuda. Actualmente, el personal administrativo y técnico del FMI se está especializando en el arte de las prácticas dilatorias, apoyando los esfuerzos de los países del Grupo de los 7 por debilitar la sustancia de la iniciativa para los PPME, manteniendo a la vez intacta su apariencia. Una de las mayores preocupaciones del FMI ha sido minimizar los costos que implica financiar el alivio de la deuda, poniendo así su propio interés institucional por encima de las necesidades de los países más pobres del mundo. Esto constituye un abuso de poder y de autoridad escandaloso, del cual debe hacerse responsable en primer lugar el Director Gerente del FMI, Michael Camdessus. Un desafío para el Banco Mundial Enfrentados a este poderoso arsenal de fuerzas políticas, los que defienden a los gobiernos deudores no tienen demasiadas posibilidades. Los esfuerzos del gobierno británico, con el apoyo de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, por lograr una aplicación más flexible del programa de los PPME, fueron cruciales. El personal del Banco Mundial también intentó llevar adelante la iniciativa con un espíritu constructivo. Pero donde faltó decisión fue en las altas esferas del Banco Mundial. Sin el compromiso personal de su presidente Jim Wolfensohn seguramente la iniciativa para los PPME no habría visto la luz del día. Se merece ese crédito. Pero ahora no la está impulsando. Pero esto ni siquiera es en función de lo que mejor le conviene al banco. Hace poco, Wolfensohn recibió el apoyo de los accionistas por su informe Strategic Compact, una visión del papel del Banco Mundial en el siglo XXI. Esa visión, según las palabras del prólogo, es la de "lograr mayor eficacia en la misión básica del Banco Mundial, la reducción de la pobreza". El objetivo de mejorar el acceso a los servicios sociales básicos está identificado como central al éxito de esa misión. Pero si el presidente del Banco Mundial es incapaz de persuadir a los gobiernos más influyentes de su directorio a implementar una propuesta modesta para reducir la aplastante carga de la deuda de los países más pobres, ¿qué esperanza queda de que lleve a cabo su prometida visión? En suma, ninguna. Es por eso que Oxfam Internacional considera que la iniciativa para los PPME se ha convertido en una prueba del compromiso de Wolfensohn para con la reducción de la pobreza, así como de su capacidad para adjudicar al Banco Mundial el papel de una fuerza puesta al servicio de los intereses de los pobres. Hay una sensación creciente de que todo el discurso altisonante sobre reducción de la pobreza que ha salido del Banco Mundial desde la llegada de Wolfensohn tiene muy poca sustancia. Esta idea cambiaría si tomara posición a favor de los pobres de los países endeudados y desafiara abiertamente al FMI y a los países del Grupo de los 7 dispuestos a condenar a la iniciativa para los PPME a una muerte lenta. El incumplimiento del objetivo de reducción de la pobreza pone en tela de juicio la credibilidad del sistema multilateral. En lo más inmediato constituye una amenaza para la vida de los sectores pobres. Sin un sentido renovado de propósitos y un contenido político, la iniciativa para los PPME está destinada al fracaso. Sin duda alguna habrá numerosas disquisiciones diplomáticas que lo expliquen. Pero, desprovisto de los aderezos diplomáticos, lo que está sucediendo en los directorios de las instituciones de Bretton Woods es la perpetración de un ultraje a un vasto sector muy vulnerable de la humanidad. Por último, la demora de la reducción de la deuda trae como resultado la pérdida de oportunidades para el desarrollo humano y la pérdida de vidas. Presentamos este hecho de forma tan descarnada porque es la dura realidad. En 1990, los dirigentes políticos internacionales se reunieron en la Cumbre Mundial para la Infancia a fin de concertar un plan de acción para reducir la mortalidad infantil en un 50 por ciento para la próxima década, junto con otros objetivos de desarrollo humano. El financiamiento externo necesario para lograr estos objetivos a través de la inversión en salud primaria, nutrición y agua y saneamiento, es mucho menor de lo que se gasta en el pago de la deuda. Esas son precisamente las inversiones que Wolfensohn dice querer promover. Sin embargo, a pesar de la oportunidad que brinda el plan para los PPME, su directorio no considera que el alivio de la deuda sea un tema relacionado con la pobreza. La pérdida de esta oportunidad tendrá un costo elevado para el desarrollo humano. En este documento hacemos una evaluación de los Planes Nacionales de Acción para el logro de los objetivos fijados en la Cumbre Mundial para la Infancia para siete países de África. En cada caso, el alivio de la deuda podría contribuir decisivamente, ayudando a sentar las bases para una acometida sostenida de la pobreza. Y en cada caso, las posibilidades de lograr mejoras en materia de bienestar social son enormes, y están disponibles. Para los siete países que evaluamos, la aplicación exitosa de los planes nacionales hubiera salvado las vidas de 3,2 millones de niños en los próximos siete años. La permanente obstrucción del FMI y los gobiernos de Alemania, Japón y Estados Unidos, contribuirá a destinar a los mismos niños a una muerte temprana. Limitaciones de aplicación del plan para PPME Aplicada con flexibilidad y sentido común, la iniciativa para los PPME podría ser una valiosa contribución a la reducción de la pobreza. Pero, por el contrario, la iniciativa se está aplicando más con miras a minimizar los costos de los acreedores que a maximizar los beneficios de los deudores, y el interés por las consideraciones sobre la reducción de la pobreza es absolutamente marginal. Los casos de Uganda y Bolivia plantean aspectos especialmente graves. Ambos países tienen un historial ejemplar (para los acreedores) en la medida que mantuvieron durante más de diez años los programas de reforma económica; ambos tienen una carga de la deuda insustentable, y ambos tienen gobiernos comprometidos a convertir lo que ahorren de la deuda en iniciativas para reducir la pobreza. Los argumentos para adoptar medidas de forma inmediata y decidida a efectos de recompensar ese historial son irrefutables. En todo caso, el alivio de la deuda ha sido demorada un año y, en el caso de Bolivia, el umbral de sustentabilidad de la deuda fue fijado absurdamente alto, reduciendo así el alivio de la deuda. Los costos para ambos países serán considerables. En términos financieros, la demora del alivio de la deuda reducirá las divisas disponibles para importaciones esenciales y creará un clima de inseguridad para la inversión privada. En términos sociales, los costos están más allá de cualquier estimación. Según el gobierno de Uganda, las pérdidas financieras acarreadas como consecuencia de demorar el alivio de la deuda ascenderán a unos 193 millones más que el año pasado. Para ubicar la cifra en un contexto, puede decirse que equivale a seis veces el presupuesto del país destinado a la atención de la salud o más del costo total de ofrecer educación primaria pública y gratuita a cuatro niños por cada familia. En el caso de Bolivia, la demora para fijar una fecha tope para la reducción de la deuda, combinada con la decisión del FMI y el Banco Mundial de establecer umbrales de deuda-sustentabilidad a niveles tan elevados que resultan irreales, costará al país unos 241 millones de dólares. Para los acreedores se trata de una suma insignificante. Comparada con el presupuesto de Bolivia destinado al sector social, equivale a el doble del presupuesto nacional de salud o diecisiete veces el gasto proyectado para el suministro de agua potable y saneamiento en zonas rurales en el marco del programa del gobierno de reducción de la pobreza. La demora en el alivio de
la deuda es una mala señal política para los países
cuyos gobiernos han adoptado reformas económicas
políticamente penosas. También es una mala señal para
los países que están por iniciar el proceso de reforma.
Si otros países sufren el mismo tratamiento que Uganda y
Bolivia, no hay perspectivas de que la crisis de la deuda
de los PPME se resuelva hasta bien entrada la próxima
década. En el mejor de los casos, el requisito de que
los países adhieran a dos programas consecutivos del FMI
antes de calificar para una reducción de la deuda
multilateral, significará que: Alivio de la deuda: La lenta puesta en marcha y la aplicación limitada de la iniciativa para los PPME socavará su efectividad para reducir la pobreza en algunos de los países más pobres del mundo. Como grupo, los 41 países pobres muy endeudados exhiben los peores indicadores sociales del mundo en desarrollo. Todos, salvo seis, caen dentro de la categoría de desarrollo humano más baja del Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Traducido en términos humanos esto significa que un niño nacido en un país pobre muy endeudado tiene 30 por ciento menos de posibilidades de llegar al año de vida que la media de todos los países en desarrollo, y las parturientas tienen el triple de posibilidades de morir en el parto. El FMI, en particular, se ha esmerado en afirmar que el alivio de la deuda no es una panacea para la pobreza. Por supuesto que no lo es. Pero haría una contribución importante en la medida que aumentaría los recursos financieros disponibles, los que podrían ser invertidos en la gente. Es inaceptable que la mayoría de los gobiernos de los PPME gasten más del 20 por ciento de sus ingresos en el pago del servicio de la deuda cuando tienen necesidades humanas tan acuciantes. Y es vergonzoso que en muchos países el pago de la deuda supere el gasto social, a menudo por un margen enorme: En Mozambique, el servicio de la deuda en 1996 absorbió el doble de la cantidad asignada al presupuesto para gastos de salud y educación, en un país donde el 25 por ciento de los niños muere antes de los cinco años como resultado de enfermedades infecciosas, y donde dos tercios de la población es analfabeta. En Zambia, las tasas de mortalidad infantil están en aumento frente a la crisis en la provisión de salud, agua potable y saneamiento. Sin embargo, por cada $1 invertido en salud, el país gasta $4 más en el servicio de la deuda. En Etiopía mueren anualmente más de 100.000 niños, de diarrea de fácil prevención y tratamiento. Menos del 40 por ciento de la población rural tiene acceso a los servicios de salud más básicos. No obstante, los pagos por concepto de reembolso de la deuda cuadriplican el gasto público en salud. En Nigeria, el país que está en el escalón más bajo del Índice de Desarrollo Humano, la expectativa de vida promedia los 47 años y sólo el 14 por ciento de la población sabe leer y escribir, pero el pago del servicio de la deuda absorbe más que los presupuestos juntos de salud y educación. En Nicaragua, donde tres de cada cuatro personas viven por debajo de la línea de pobreza, donde un cuarto de la población menor de cinco años tiene carencias en materia de nutrición, y donde el 35 por ciento de la población es analfabeta, el pago de la deuda excede el total del presupuesto destinado al sector social. En Bolivia, donde más del 90 por ciento de la población que habita la montaña vive en estado de pobreza, donde sólo el 16 por ciento de la población tiene acceso a agua potable, y donde más de un tercio de las mujeres son analfabetas, el pago de la deuda para 1997 asciende al triple de lo asignado para la reducción de la pobreza rural. Estos hechos ilustran la interacción nefasta entre la crisis de la deuda y la crisis fiscal - la creciente incapacidad de los gobiernos para financiar el gasto en servicios básicos fuera de los ingresos internos. También la ilustran los altos costos sociales de la deuda, en términos de pérdida de oportunidades para la salud, la educación y la reducción de la pobreza, así como de las posibles ganancias en materia de bienestar humano que podrían lograrse con el alivio de la deuda. La posibilidad de salvar vidas La escala de estas ganancias potenciales está subrayada por nuestra evaluación de los siete planes nacionales para lograr los objetivos de desarrollo humano establecidos en 1990 por la Cumbre Mundial para la Infancia. Dichos objetivos incluían avances importantes en la lucha contra la desnutrición, las enfermedades evitables y el analfabetismo, además de la reducción del orden del 50 por ciento de la mortalidad infantil. El presente documento compara los requisitos de financiamiento externo necesarios para lograr esos objetivos para el período 1993-2000 en siete PPME africanos, con los pagos por concepto de servicio de la deuda de los mismos países. El resultado impactante es que en todos los casos, menos uno, el servicio de la deuda representa más que el requisito financiero externo para los planes nacionales. ¿Qué significa eso en
términos humanos? Consideramos esta cuestión dando por
sentado que los objetivos de la Cumbre Mundial para
reducir la mortalidad y la desnutrición infantil pueden
cumplirse con un financiamiento adecuado y políticas
apropiadas. Si se cumplieran en los siete países que
estamos evaluando, se salvarían las vidas de más de
tres millones de niños menores de cinco años por un
período de más de siete años, y podrían evitarse más
de cuatro millones de casos de desnutrición. Para los
países, de forma individual, las ventajas del desarrollo
humano serían enormes pues el alivio de la deuda
contribuiría a medidas que salvarían las vidas
de : Sin contar los beneficios de reducir la vulnerabilidad materna a las enfermedades infecciosas y bajar el índice de mortalidad materna, de reducir el analfabetismo y de mejorar la productividad, se trata de retornos muy altos para una inversión muy pequeña. Nuestra propuesta en este documento es que los gobiernos dispuestos a convertir lo ahorrado en el pago de la deuda, en inversiones sociales, deberían ser recompensados con un calendario acelerado para el alivio de la deuda. La posibilidad de ser elegido estaría condicionada a una reforma económica modificada, junto con el compromiso del gobierno de transferir entre el 80 y el 100 por ciento de dichos ahorros en una cuenta dentro del presupuesto, estrictamente controlada, destinada a realizar inversiones en el sector social. Se establecerían metas concretas para mejorar el bienestar social a través del diálogo con los acreedores, los donantes y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Los fondos para el alivio de la deuda estarían destinados a inversiones específicas, adicionales a las estipuladas en los actuales planes presupuestales, resumidas en un contrato de canje de reducción de la pobreza por deuda. El objetivo de este contrato no sería agregar otro obstáculo que dificulte llegar a las condiciones necesarias para ser elegido, sino crear incentivos positivos para la reducción de la pobreza. Todo estaría controlado muy de cerca por las Evaluaciones de Gasto Público del Banco mundial. Como en cualquier contrato, la no observancia sería penada. Así, los gobiernos deudores que no lograran asumir los gastos a los cuales se comprometieron enfrentarían una reducción dólar por dólar de sus presupuestos de ayuda. El Banco Mundial podría desempeñar un papel protagónico trabajando junto con los gobiernos en la elaboración de planes y objetivos concretos para convertir la deuda en iniciativas de reducción de la pobreza. Eso sería totalmente compatible con la visión del Banco Mundial expresada en su Strategic Compact, y también le permitiría desarrollar enfoques más participativos de reducción de la pobreza en los que actuara conjuntamente con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales identificando enfoques cooperativos para financiar y concretar las iniciativas. Una agenda para la reforma Al argumento central de este documento es que la reducción de la deuda podría contribuir de manera decisiva a una estrategia de desarrollo social más amplia. Es por eso que Oxfam Internacional reclama una aplicación más efectiva de la iniciativa para los PPME, asociada a ciertas reformas significativas. Es necesario acelerar el cronograma para el alivio de la deuda, aumentar el grado de alivio, y ampliar la cobertura para cada país. También urge realizar una evaluación de los condicionamientos económicos a los que está supeditado el alivio de la deuda. Actualmente, para estar en condiciones de ser elegido en la iniciativa para los PPME, es necesario adherir a los dos programas del FMI. Sin embargo, dichos programas no establecieron las condiciones para la recuperación económica. Por otro lado, su aplicación ha sido a expensas de un enorme costo social, en el que las metas de contención de la inflación han tenido prioridad sobre el gasto social. Además, dos tercios de los programas del FMI fracasaron antes de concluir, planteando así la perspectiva de demoras prolongadas en la aplicación de la iniciativa para los PPME. De esto se deduce que habría que tener enfoques más flexibles en cuanto a los condicionamientos, en que las reformas económicas estén dirigidas a las necesidades reales de los países pobres, en lugar de la búsqueda desconsiderada de una ideología monetarista vetusta. En términos más generales, la reducción de la pobreza debería estar integrada a la iniciativa para los PPME como objetivo central, en lugar de ser - como ocurre actualmente - un interés secundario. Este documento propone la adopción de un nuevo contrato de canje de deuda por reducción de la pobreza dentro de la iniciativa para los PPME, conforme al cual los gobiernos recibirían un incentivo en la forma de mayor alivio de la deuda y un cronograma acelerado para su aplicación, y así convertir el ahorro generado a partir de la deuda en inversiones sociales de máxima prioridad. Cinco reformas de amplio alcance (i) Acelerar el cronograma. El fin de la década debería ser la fecha tope para concluir la crisis de la deuda de los PPME. El período durante el cual un país puede calificar para la reducción de la deuda multilateral debe reducirse de seis a tres años. Bajar los umbrales de sustentabilidad de la deuda y ampliarlos de manera de tomar en cuenta los niveles de desarrollo humano. Los índices del umbral para el servicio de la deuda deben bajar a 15 o 20 por ciento y la relación deuda-exportaciones a 150-200 por ciento. Para los países con indicadores de desarrollo humano excepcionalmente pobres, habría que estudiar cada uno de los casos de los umbrales más bajos. Dar mayor peso al criterio fiscal. Deberían establecerse topes más altos entre 15 y 20 para la proporción de los ingresos fiscales absorbidos por el pago de la deuda, ya que en este nivel el gasto excesivo seguramente representa una desviación inaceptable de los recursos de inversión en servicios sociales prioritarios. Abandonar el criterio de condicionamiento económico del FMI. Son necesarios enfoques más flexibles que pongan menos énfasis en los objetivos deflacionarios y prioricen la creación de empleo y la inversión social. Integrar los incentivos de reducción de la pobreza a la iniciativa para los PPME. Los países que deseen participar en un diálogo dirigido a convertir el alivio de la deuda en iniciativas de reducción de la pobreza deberían ser recompensados con un cronograma acelerado para el alivio de la deuda. Algunos aducen que estas reformas aumentarían los costos del alivio de la deuda a niveles irreales. Oxfam Internacional acepta que los costos de la iniciativa para los PPME aumentarían, pero ¿cuál es un precio irreal para una iniciativa que salvaría más de 3 millones de vidas jóvenes equivalentes al total de las poblaciones de Adelaide, Edmonton y Nueva Orleans? El costo total de la iniciativa para los PPME para 41 países durante un período de 8 años, estimado en unos 5.000 millones de dólares, equivale a poco más del 1 por ciento del gasto fiscal de Gran Bretaña, Aproximadamente un décimo de la suma gastada por Alemania para financiar la reunificación menos de lo que los ciudadanos estadounidenses gastan anualmente en calzado deportivo. Duplicar el gasto
destinado a los PPME costará menos que los recursos
movilizados por el FMI para el salvataje financiero de la
crisis de México. Triplicar el gasto, igualmente
seguirá siendo menos que el presupuesto de la ciudad de
Nueva York. Si la comunidad internacional considera que
esa inversión es desmedidamente alta, es una triste
comprobación de la miopía de los dirigentes políticos. |
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